20 N, voto libre y responsable

 

  

     La Conferencia Episcopal Española señala, en un comunicado, que se debe votar con plena libertad y total responsabilidad. El día 20 de noviembre todos los españoles están convocados a las urnas. La CEE, entre otros consejos, dice que: “Hemos de llamar la atención sobre el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida. Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos.

  Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como “esposo” y “esposa”, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes. También la grave crisis económica actual reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas, que propicien el trabajo para todos. Pensamos en tantas familias, carentes de los medios necesarios para subvenir a sus necesidades más básicas. Pensamos también en el altísimo porcentaje de jóvenes que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo y que, con razón, demandan condiciones más favorables para su presente y su futuro.

  Son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes. Por último el ordenamiento jurídico debe facilitar el ejercicio efectivo del derecho que asiste a los niños y jóvenes a ser educados de modo que puedan desarrollar lo más posible todas sus capacidades.

  Debe evitar imposiciones ideológicas del Estado que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos. En cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa social en este campo. La presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en la escuela estatal - como asignatura fundamental opcional - es un modo de asegurar los derechos de la sociedad y de los padres que exige hoy una regulación más adecuada para que esos derechos sean efectivamente tutelados”.