Araceli Martínez recuerda al PP que Castilla-La Mancha está a la cabeza nacional en gestión de ayudas sociales
La diputada regional del PSOE por Guadalajara, Araceli Martínez, ha salido al paso de las manifestaciones hechas hoy por el Partido Popular en relación con la situación de los pagos de la Junta de Comunidades a la residencia azudense de La Alameda, asegurando que no es cierto que la Junta no esté afrontando sus obligaciones y que tales pagos siguen un ritmo normal. La diputada regional socialista recalca que la Junta está cumpliendo de manera sobrada en materia de Servicios Sociales.
Es más, las propias empresas del sector reconocen que su situación es mucho mejor en Castilla-La Mancha que en otras comunidades autónomas como por ejemplo Madrid, por lo que deduce que ese es el ejemplo de lo que haría el PP si llegara a gobernar en Castilla-La Mancha.
La parlamentaria regional guadalajareña recuerda que los datos del Observatorio de Dependencia no pueden ser más reveladores, ya que otorgan a Castilla-La Mancha una puntuación de 8,5 sobre 10 en desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia mientras a la Comunidad de Madrid le da una puntuación de 2 sobre 10. Esa es la enorme diferencia que existe entre la política social del Partido Socialista y la del Partido Popular, que está poniendo todo tipo de trabas a la Ley de Dependencia en las comunidades autónomas en las que gobierna, dice Martínez. La estadística del Observatorio correspondiente a junio de 2010 sitúa a Castilla-La Mancha en cabeza nacional de la aplicación de esta Ley con más de tres puntos de mejora sobre la media nacional mientras Madrid se sitúa casi 3,5 puntos por debajo de esa media.
La diputada socialista considera que tales cifras expresan con bastante nitidez la posición de ventaja que nuestra región tenía sobre otras cuando se aprobó la Ley de Dependencia. Esto es fruto de una larga trayectoria de Castilla-La Mancha en la prestación de servicios sociales básicos y en la dotación de recursos de atención especializada. La mejora es constante, asevera Martínez, como lo demuestra el hecho de que a lo largo de 2010 se ha reducido en un 7 % el número de personas con derecho a ser atendidas que aún están a la espera de recibir su servicio o prestación en la región.
En estos momentos, en la provincia de Guadalajara están valoradas el 82,19 % de las solicitudes vinculadas a la Ley de Dependencia. Entre las personas a las que se les ha reconocido el derecho, un 75 % ya disponen de propuesta de programa individual de atención o ya reciben ayuda.