Ecuador necesitará mil millones de dólares para recuperarse de las inundaciones
01/10/2010 - 09:45
Ecuador necesitará más de mil millones de dólares para recuperarse de las inundaciones que sufre desde el mes de enero, que han afectado a la cuarta parte de su población y a un 25 por ciento de su territorio, según el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa.
Un portavoz del Ministerio dijo hoy a Efe que ese dinero se tendrá que dedicar a la reconstrucción de infraestructuras públicas, a compensar los daños de los particulares y a la ayuda a los damnificados.
El propio ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, dijo que el dinero para la reconstrucción podría salir de los 3.8000 millones de dólares que el Estado tiene en su Reserva Nacional, en declaraciones publicadas hoy por el diario La Hora.
Larrea repitió que la catástrofe causada por las inundaciones se ha debido a que el país carece de una planificación preventiva de riesgos.
Junto a los ministros de Defensa, Wellington Sandoval, y de Gobierno, Fernando Bustamante, Larrea viajó hoy desde Quito a la Base Aérea de Taura, cerca de la ciudad costera de Guayaquil, para planificar la entrega de la ayuda humanitaria a los damnificados, que se ha concentrado en ese lugar.
De momento, en la última semana las autoridades han repartido 20.000 raciones familiares de comida para siete días, la próxima semana tienen previsto repartir 100.000 más y a partir de la semana siguiente y durante tres meses 150.000 raciones semanales, dijo el portavoz del ministerio de Seguridad Interna y Externa.
Además de los daños por las inundaciones, Ecuador tiene que atender a alrededor de dos mil afectados por la emergencia creada por el pulso eruptivo del volcán Tungurahua, en el centro andino del país, que tuvo sus momentos más altos entre mediados de enero pasado y mediados de este mes de febrero.
Las previsiones no son halagüeñas, pues el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha predicho que las lluvias seguirán hasta mayo y señalado que el terreno está saturado de agua, por lo que las nuevas precipitaciones podrían agravar la situación.
Un documento de la red de organismos de socorro de Naciones Unidas, UNETE, señala que "se esperan inundaciones hasta el mes de abril, con posibilidades de desbordamiento de represas afectando aún más las zonas ya afectadas".
El documento de UNETE también hace referencia a la falta de capacidad y coordinación de las instituciones ecuatorianas para la entrega de ayuda y que la información sobre daños y necesidades es "caótica".
Mientras tanto, las inundaciones han provocado la renuncia del gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, quien dimitió mientras alrededor de la mitad del territorio de su jurisdicción se encuentra anegado por las aguas debido a las inundaciones que desde enero afectan al país.
Salinas, que ha sido sustituido interinamente por el jefe político de la provincia, Pedro Trejo, no ha dado a conocer los motivos de su renuncia, pero una fuente de la Gobernación de Los Ríos dijo a Efe que se ha debido a la "falta de coordinación y de organización en la distribución de la ayuda".
Medios de comunicación de Los Ríos han señalado que, en la provincia, la coordinación entre distintas organizaciones de socorro ha llevado a que la ayuda a los damnificados por las inundaciones se reparta de manera desigual, lo que provocó en días pasados protestas e intentos de asaltos a almacenes de víveres.
En Babahoyo, la capital de Los Ríos, donde grandes barriadas como Barreiro y El Salto llegaron a tener más de un metro de agua en las calles, la inundación ha remitido relativamente, aunque ha dejado zonas de lodazal y aguas estancadas, que podrían provocar epidemias.
En los últimos días, 88 médicos de la provincia de Pichincha, donde se encuentra Quito, que ha sufrido daños menores por las lluvias, se han desplazado a las provincias del litoral para reforzar centros sanitarios de esa zona, que ha sido la más afectada.
Las enfermedades gastrointestinales han crecido en la costa, donde los hospitales están saturados de pacientes, y se teme que, al bajar las aguas, pueda aumentar la población de mosquitos y favorecer enfermedades endémicas como el dengue y la malaria.
El próximo lunes la Asamblea Constituyente discutirá una propuesta de mandato que plantea que el estado disponga de mercancías o bienes muebles decomisados por el Estado para la ayuda a los damnificados.
El propio ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, dijo que el dinero para la reconstrucción podría salir de los 3.8000 millones de dólares que el Estado tiene en su Reserva Nacional, en declaraciones publicadas hoy por el diario La Hora.
Larrea repitió que la catástrofe causada por las inundaciones se ha debido a que el país carece de una planificación preventiva de riesgos.
Junto a los ministros de Defensa, Wellington Sandoval, y de Gobierno, Fernando Bustamante, Larrea viajó hoy desde Quito a la Base Aérea de Taura, cerca de la ciudad costera de Guayaquil, para planificar la entrega de la ayuda humanitaria a los damnificados, que se ha concentrado en ese lugar.
De momento, en la última semana las autoridades han repartido 20.000 raciones familiares de comida para siete días, la próxima semana tienen previsto repartir 100.000 más y a partir de la semana siguiente y durante tres meses 150.000 raciones semanales, dijo el portavoz del ministerio de Seguridad Interna y Externa.
Además de los daños por las inundaciones, Ecuador tiene que atender a alrededor de dos mil afectados por la emergencia creada por el pulso eruptivo del volcán Tungurahua, en el centro andino del país, que tuvo sus momentos más altos entre mediados de enero pasado y mediados de este mes de febrero.
Las previsiones no son halagüeñas, pues el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha predicho que las lluvias seguirán hasta mayo y señalado que el terreno está saturado de agua, por lo que las nuevas precipitaciones podrían agravar la situación.
Un documento de la red de organismos de socorro de Naciones Unidas, UNETE, señala que "se esperan inundaciones hasta el mes de abril, con posibilidades de desbordamiento de represas afectando aún más las zonas ya afectadas".
El documento de UNETE también hace referencia a la falta de capacidad y coordinación de las instituciones ecuatorianas para la entrega de ayuda y que la información sobre daños y necesidades es "caótica".
Mientras tanto, las inundaciones han provocado la renuncia del gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, quien dimitió mientras alrededor de la mitad del territorio de su jurisdicción se encuentra anegado por las aguas debido a las inundaciones que desde enero afectan al país.
Salinas, que ha sido sustituido interinamente por el jefe político de la provincia, Pedro Trejo, no ha dado a conocer los motivos de su renuncia, pero una fuente de la Gobernación de Los Ríos dijo a Efe que se ha debido a la "falta de coordinación y de organización en la distribución de la ayuda".
Medios de comunicación de Los Ríos han señalado que, en la provincia, la coordinación entre distintas organizaciones de socorro ha llevado a que la ayuda a los damnificados por las inundaciones se reparta de manera desigual, lo que provocó en días pasados protestas e intentos de asaltos a almacenes de víveres.
En Babahoyo, la capital de Los Ríos, donde grandes barriadas como Barreiro y El Salto llegaron a tener más de un metro de agua en las calles, la inundación ha remitido relativamente, aunque ha dejado zonas de lodazal y aguas estancadas, que podrían provocar epidemias.
En los últimos días, 88 médicos de la provincia de Pichincha, donde se encuentra Quito, que ha sufrido daños menores por las lluvias, se han desplazado a las provincias del litoral para reforzar centros sanitarios de esa zona, que ha sido la más afectada.
Las enfermedades gastrointestinales han crecido en la costa, donde los hospitales están saturados de pacientes, y se teme que, al bajar las aguas, pueda aumentar la población de mosquitos y favorecer enfermedades endémicas como el dengue y la malaria.
El próximo lunes la Asamblea Constituyente discutirá una propuesta de mandato que plantea que el estado disponga de mercancías o bienes muebles decomisados por el Estado para la ayuda a los damnificados.