El atraco de Cospedal

El Partido Popular ya va enseñando la patita. Después de las elecciones generales, y con Rajoy enclaustrado, ya se empieza a vislumbrar como resuelve su ecuación de menos impuestos sin menoscabar los servicios sociales. Se trataba simple y llanamente de otra mentira, porque esa ecuación no tiene más solución que meter la tijera a los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia, servicios sociales y también, no tardarán mucho, las pensiones. En fin, todas las patas del llamado estado de bienestar, que los mercados financieros y sus lacayos, el bipartito y otros, en esta ocasión le toca al PP, pretenden desmantelar con la excusa de la crisis económica que ellos mismos, con su avaricia, han creado. Las medidas que anunció la presidenta del Gobierno de Castilla – La Mancha, van en esa línea y suponen una vuelta de tuerca más que tenían preparada para después de unas elecciones, cuya campaña han llevado a cabo con una ambigüedad calculada para captar el voto de quienes pensaban que había que cambiar para frenar los recortes llevados a cabo por el Gobierno Central dirigido por el otro miembro del bipartito, el PSOE. Si hubiesen anunciado sus verdaderas intenciones dudo mucho de que los resultados les hubieran favorecido tanto.
 Estas medidas suponen recortar, además de los salarios y derechos a los empleados públicos, servicios a los enfermos, a los estudiantes (nuestros niños y jóvenes), a los dependientes, en definitiva, al conjunto de la ciudadanía, a los que de forma indirecta se les está responsabilizando, junto con los empleados públicos, de ser los responsables de esta crisis económica, como si el estado de medioestar español, que es uno de los peores de la Unión Europea de los qunice, fuese el causante de la misma y un lujo que no nos podemos permitir. Y la cuestión es que la crisis económica está siendo utilizada por los poderosos en su propio beneficio, para acabar con los servicios públicos y gestionarlos ellos y así convertir dichos servicios, que son garantía de universalidad, de igualdad, de justicia social y de equidad, en un negocio, en una forma de ganar más y más dinero a costa de agrandar cada vez más la brecha entre los que más y los que menos tienen, entre los que controlan todos los resortes de la economía y los que solo cuentan con sus manos para ir tirando.
 Las consecuencias de los recortes a medio y largo plazo van a ser demoledoras. La privatización de la Sanidad va a ocasionar indefectiblemente una pérdida en la calidad de esta que van a padecer inicialmente aquellos que menos recursos tengan para pagar un seguro médico en la Sanidad Privada. Lo mismo va a ocurrir con la apuesta del Gobierno Regional por la educación concertada, que además va a favorecer de forma muy especial a quien tiene la inmensa mayoría de estos centros, casualmente la Iglesia Católica, que va a ver como aumentan todavía más los recursos que le llegan desde lo público. Los servicios sociales van a ser recortados drásticamente, lo que va a aumentar el drama de un número creciente de familias que no tienen recursos para afrontar en el día a día sus necesidades básicas. Las personas con dependencia van a ver como se recortan drásticamente los derechos recogidos en una ley aprobada unánimemente por el Parlamento y que va a convertirse (ya lleva ese camino) en papel mojado.
Hay que volver a repetir una y otra vez que esto no es una maldición divina, que hay alternativas, que hay una salida social a la crisis,   que hay que obtener más recursos públicos, que hay que   aumentar la presión fiscal a los poderosos, que hay que luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que en un porcentaje del 78% generan precisamente ellos, que hay que dedicar estos recursos a la generación de empleo, el principal problema que tenemos en la actualidad y al sostenimiento del Estado Social. Ni una sola medida en esa dirección ha tomado el Gobierno de Cospedal, que tiene muy claro en quien tienen que recaer los efectos de la crisis.
Es verdad que esto implica una mayoría parlamentaria que no tenemos, pero también es verdad que los que sí la tienen han ocultado a los ciudadanos lo que iban a hacer, y precisamente también por eso estamos más legitimados para rebelarnos contra este atraco. Solo con movilizaciones masivas conseguiremos frenar estas políticas y el expolio que ello supone para el conjunto de los trabajadores y los ciudadanos. Izquierda Unida va a trabajar para impulsarlas, va a participar en todas ellas y va a poner todo su empeño en que sean lo más unitarias posibles, en el convencimiento de que solo así se podrá parar unas medidas políticas que solo favorecen a los poderosos, que son los que han ganado las elecciones, a costa de la inmensa mayoría social.