El educador, delegado de la familia

En Nueva Alcarria del pasado 13 de abril se publicaba la noticia de que había tenido lugar la presentación de la nueva Plataforma “Libres para Educar”. Dicha Plataforma es una iniciativa – explicaba la noticia – de las Delegaciones Diocesanas de Familia y Vida, Enseñanza, Catequesis y de la CONFER y FERE de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, en coordinación con otras diócesis de la Provincia Eclesiástica de Toledo. También se comentaba que la presentación había tenido lugar en la sede del obispado de Guadalajara, siendo presidida por el obispo, Atilano Rodríguez, y por el vicario general, Agustín Bugeda, además de por otras personalidades.
    Pues bien, en un momento en el que tanto se pregona la libertad (sobre todo la libertad de expresión), pero que se respeta muy poco la libertad de enseñanza y la religiosa es una buena noticia la aparición de la nueva Plataforma “Libres para Educar”. Es una buena noticia, además de ser una necesidad, porque a toda “acción” considerada como injusta se opone necesariamente una “reacción”. El pasado año publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado “El principio de acción-reacción”. Entre otras cosas, venía a decir en aquel artículo que cuando nos imponen algo (“acción”) que consideramos injusto surge en nosotros la “reacción” contra tal imposición… Este principio de acción-reacción es tan antiguo como la Humanidad y se ha cumplido infinidad de veces a lo largo de la Historia, tanto a nivel individual como colectivo.
    La Plataforma “Libres para Educar”, amparándose en toda la legislación vigente (desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta nuestra Constitución), ha reaccionado defendiendo que la educación corresponde, antes que a nadie, a la familia; que el estado debe complementar el papel de la familia, pero sin sustituirla y sin ponerse al servicio de ideologías; que los padres de familia tienen legítimo derecho a que sus hijos reciban la enseñanza religiosa que sea conforme a sus convicciones, al igual que tienen derecho a la formación moral que responda a sus principios morales; además, tienen derecho a participar en la gestión educativa del centro al que asisten sus hijos.
    Esta reacción de la Plataforma es debida a la asignatura “Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad” que el Gobierno de Castilla-La Mancha viene promoviendo y que ya está en período de pruebas en algunos centros de la Comunidad. “Libres para Educar” denuncia que esta nueva asignatura “exhorta a los profesores que han de impartirla a entrometerse en la construcción de la personalidad del menor y en la creación de su identidad, configurando su autoconocimiento, su autoestima, su control emocional, su afectividad y su sexualidad”, lo que constituye un atentado contra el papel de la familia en la educación de sus hijos, aparte de ser un claro adoctrinamiento ideológico contrario al principio de libertad de enseñanza…
     La denuncia que formula “Libres para Educar” es seria y grave, porque el hecho de “entrometerse” significa que el educador (sea maestro o profesor) se inmiscuye en temas que son competencia de los padres, por lo que incurre en una usurpación de funciones. En efecto, quienes primariamente tienen el deber y el derecho de educar son los padres. El educador es un delegado, esto es, un representante de la familia, en cuyo nombre ejerce su función como profesional de la enseñanza. El profesor nunca deberá sustituir el papel de la familia ni inmiscuirse en sus competencias, máxime sin su expreso consentimiento.
    Lo que ocurre, como es bien sabido, es que la izquierda española siempre ha soñado con una escuela laica, estatal y mixta, lo que significa que no tolera la enseñanza religiosa, privada y diferenciada. Aparte de su intolerancia religiosa, el tema de fondo es que no acepta que los padres tengan más poder que el estado en la educación de sus hijos. Esta es la característica de los países gobernados por regímenes comunistas. Es el totalitarismo estatal que todo lo controla, incluida la enseñanza… Pero es el caso que España, como Estado de Derecho, no está en la línea de ese totalitarismo, ya que su Constitución determina que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley” (art. 16.1). Algo que nuestra izquierda parece olvidar con demasiada frecuencia.