El juez da la razón a Jeyme y tras cuatro meses de angustia vuelve a estar con su hija

Más de cuatro meses después de que su padre se la llevara de la guardería, Jeyme ha podido reencontrarse con su hija, una niña de cerca de dos años. El 25 de enero se dictaron las medidas cautelarísimas tan esperadas por la madre. En ellas se establece la custodia para ella y un régimen de visitas para el otro progenitor.

La Plataforma Feminista de Guadalajara, que ha acompañado a la joven en todo el proceso y que dio a conocer el caso públicamente ante los medios de comunicación denunciando la indefensión que sufrían tanto la niña como su madre, valora positivamente la resolución porque, por un lado, en ella se reconoce expresamente que no hay nada que justifique la conducta unilateral del progenitor y que este no pensó en ningún momento en el bienestar de la menor, tal y como informa María Eugenia Blanco, miembro de la Plataforma Feminista de Guadalajara y abogada. 

Blanco valora también que el auto judicial reconoce como válido el acuerdo sobre el régimen de visitas que había pactado la expareja, un punto importante porque se trata de un acuerdo privado que no estaba ratificado judicialmente, extremo que ha supuesto un gran escollo en todo el proceso, y determina un régimen de visitas similar y la obligación de que el padre la pase la correspondiente pensión alimenticia.

Sin embargo, no todo es positivo. La Plataforma Feminista critica, por otro lado, que en esta resolución judicial no se establezcan consecuencias para el “progenitor incumplidor” toda vez que se reconoce que este no actuó bien, que no tuvo en cuenta el bienestar de la niña, su hija, y que se saltó el régimen de visitas. Conscientes de que en este tipo de medidas urgentísimas no se profundiza demasiado en estos aspectos, sí creen que se debería haber actuado con cierta prudencia, estableciendo que las visitas fueran tuteladas, en el punto de Encuentro Familiar, y sin pernoctación, al menos hasta que el padre demuestre que ha cambiado su conducta, apunta la abogada.

Finalmente, Blanco lamenta la lentitud a la hora de dictar unas medidas necesariamente urgentes, lo que ha llevado a que la menor haya estado privada del contacto con su madre durante todo este tiempo, más de cuatro meses.

Una vez superada esta fase, en los juzgados hay pendientes otras dos denuncias interpuestas por Jeyme contra su pareja por violencia. Tanto la afectada como la Plataforma Feminista confían en que en la resolución de las mismas se exijan las responsabilidades al “progenitor incumplidor” que echan en falta en el auto de medidas urgentísimas.

Antecedentes

En noviembre de 2017 Jeyme denunció por agresiones a su expareja. Cuando él se enteró de que estaba embarazada le llegó a pegar “hasta en seis ocasiones”, la última de ellas cuando había nacido su hija, según relataba en diciembre la propia afectada en rueda de prensa. Sin embargo, retiró la denuncia porque, según la Plataforma, le propusieron un acuerdo de régimen de visitas por el que se regían. 

Desde su separación, y según la version de Jeyme, su expareja la ha vigilado, insultado y difamado, más cuando la veía con algún hombre, y le ha llegado a amenazar con que le quitaría a su hija, cosa que finalmente cumplió.

En el momento en el que el padre se llevó a la niña, Jeyme solicitó medidas urgentes en los juzgados para recuperar a su hija alegando incumplimiento del régimen de visitas, y ante el temor de que pudiera sufrir algún daño acudió a todas las instituciones posibles en busca de ayuda, Policía Nacional, Guardia Civil, Servicios Sociales... pero todos alegaban que, sin resolución judicial, no podían actuar. Por su parte, la vista de medidas cautelarísimas sufrió dos aplazamientos a petición de la parte contraria.

La Plataforma denunciaba entonces que el sistema no funciona, y que deja a los menores en una indefensión institucional total.

Protocolo para que no se vuelva a repetir

A raíz de este caso, que no es el único, la Plataforma Feminista de Guadalajara ha iniciado una ronda de conversaciones con todos los agentes implicados en la protección de menores y violencia de género, Policía Nacional, Guardia Civil, abogados, fiscales, jueces, Instituto de la Mujer, etc. para establecer fórmulas que eviten que esta situación vuelva a repetirse y se agilicen los trámites cuando hay un menor implicado. La respuesta que está obteniendo está siendo positiva, y aunque algunos sectores alegan una limitación legal y falta de medios, la Plataforma considera que hay margen suficiente para poder establecer un protocolo que dé prioridad a las medidas urgentísimas en estos casos.