El juzgado pide más de siete millones de fianza a los investigados por el incendio de Chiloeches

El Juzgado número 1 de Guadalajara ha reclamado más de 7 millones de fianza a las 19 personas y tres empresas que son investigadas por el incendio en una planta de reciclaje de residuos tóxicos peligrosos en Chiloeches (Guadalajara).

De momento, la reclamación de la fianza o embargo de bienes en su defecto ha quedado paralizada porque las partes han presentado un recurso contra esta decisión del Juzgado al entender, según han confirmado a Europa Press fuentes personadas en la causa, "que existe falta de relación de causalidad con el incendio".

La fianza reclamada por el Juzgado que lleva el caso es por responsabilidad civil, no penal, y responde --según las mismas fuentes-- a la valoración realizada en base a la consulta hecha al Gobierno regional por los costes de reparación de la zona, que se elevarían a una cuantía de más de cinco millones de euros, a lo que habría que añadir, en base a la Ley de Enjuiciamiento Civil, un tercio del coste para garantizar los costes e intereses derivados.

En todo caso, la fianza reclamada "solidariamente" a todos los investigados está paralizada hasta que se resuelva este recurso.

Las mismas fuentes han indicado a Europa Press que aunque no suele ser lo habitual que se reclame fianza sin que haya auto de apertura de juicio oral, la Ley de Enjuiciamiento criminal señala que cuando hay indicios de delito y este tiene una cuantía económica hay que asegurar las responsabilidades civiles.

La instrucción por estos hechos sigue abierta y hasta el mes de febrero hay previstas nuevas declaraciones de investigados por este suceso, entre ellos el ex alcalde de Chiloeches, César Urrea, cuya declaración estaba prevista para este martes pero hubo de suspenderse por motivos de agenda del letrado que le representa.

Sin embargo, si han prestado declaración responsables de la empresa Layna y hace varias semanas lo hacía el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, Sergio David González, por presunta prevaricación medioambiental.

La mayoría de las diecinueve personas investigadas por el Juzgado de Guadalajara por esta causa lo están por presunta comisión de un delito contra el medio ambiente en la planta de reciclaje de residuos Kuk Medio Ambiente.

Declaración exalcalde

El que fuera alcalde de Chiloeches, el 'popular' César Urrea, que tenía que declarar este martes como investigado por un presunto delito de prevaricación en relación a la planta de reciclaje incendiada en esta localidad, ha visto como su citación quedaba pospuesta hasta el próximo día 24 de enero por razones de agenda del letrado que le representa.

Así lo ha confirmado a Europa Press el propio Urrea, una de las diecinueve personas que se investigan en relación a esta planta de reciclaje en la que en agosto del pasado año se registraba un incendio de importantes consecuencias que requirió la actuación de numerosos medios personales y materiales.

En el caso del que fuera alcalde de Chiloeches se le investiga al entender el Juzgado, según el auto, que este no había ejercido presuntamente su función de inspección y sanción contra la empresa Investigación y Tratamiento de Reciclaje, y posteriormente contra Kuk Medioambiente.

Junto a Urrea hoy estaban citados a declarar responsables de la empresa Layna, pero ya el pasado mes de diciembre prestaba declaración también como investigado por presunta prevaricación medioambiental el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sergio David González.

La mayoría de las diecinueve personas investigadas por el Juzgado de Guadalajara por esta causa lo están por presunta comisión de un delito contra el medio ambiente en la planta de reciclaje de residuos de Kuk Medio Ambiente.

Las declaraciones continuarán el 24 de enero y el 21 de febrero, entre ellas también tendrán que prestar declaración algunos otros cargos de la Junta de Castilla-La Mancha y otras veintidós personas, en este caso como testigos.

Antecedentes

El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, en al auto con fecha 30 de noviembre, abría diligencias previas también contra tres personas jurídicas, con el fin de que se investigase un delito contra el medio ambiente en la planta de reciclaje y residuos peligrosos de Chiloeches, y aquí incluye también el propio incendio registrado en la misma el 26 de agosto.

Otros de los investigados son varios responsables de las empresas Layna y Kuk, arrendadora y arrendataria de las instalaciones, Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, Gaver Ambiental y Reciorganics, y varios responsables y cargos de las últimas legislaturas del área de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Además del delito de medio ambiente, entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran también el de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, incendio con la puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.

En este procedimiento están personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).