El PP critica la falta de medios de la administración de justicia

20/10/2010 - 00:00

Al Partido Popular no le cuadran los datos de delincuencia ofrecidos desde el Gobierno central, ni tampoco las estadísticas referidas a la dotación de la administración de justicia en la región y la provincia de Guadalajara. A juicio del senador del Partido Popular y portavoz de la Comisión de Justicia, Agustín Conde, la Memoria de la Fiscalía proporciona datos inequívocos acerca del incremento de la delincuencia y la saturación de la justicia en nuestro territorio. El senador ofreció su particular valoración de esta Memoria junto con la senadora, María Ángeles Font, y el secretario general de los populares en Guadalajara, Porfirio Herrero.
    El senador criticó el hecho de que Castilla-La Mancha aún no gestione las competencias en materia de Justicia, como sucede con otras áreas desde hace más de una década, tales como Sanidad o Educación. Según Conde, es una evidencia que estas prestaciones han mejorado desde que se gestionan a nivel autonómico y, por este motivo, debería agilizarse el proceso de traspaso de competencias también en Justicia, máxime cuando se trata de un servicio vital para el desarrollo económico de la población. Y es que, según su interpretación, la Justicia está íntimamente ligada a la bonanza de una estructura social.
    Conde señaló que “mientras en España hay 10,3 jueces por cada 100.000 habitantes, en Castilla -La Mancha tan solo hay 8,2, lo que demuestra que la dotación de jueces es mucho más baja que la media española. Igualmente si en la nación hay un fiscal por cada 22.352 habitantes, las provincias de la región ocupan los últimos puestos en dotación de fiscalías, lo que revela una clara falta de medios”. En el caso de Guadalajara, por ejemplo, la cifra de fiscales es de 1 por cada 26.500 habitantes.

Litigiosidad en alza
En cuanto a la litigiosidad, Agustín Conde, señaló que en el último año ésta ha crecido un 30 por ciento a nivel regional. En el caso concreto de Guadalajara, las diligencias previas incoadas aumentan, según la Memorira Fiscal, un 13,57 por ciento, mientras que el conjunto de diligencias previas y urgentes creció en un 5,6 por ciento; los juicios de faltas un 7,98 por ciento y los procedimientos abreviados un 12,62 . Además, los juicios celebrados en los juzgados de lo penal en la región se han incrementado un 34,72 por ciento, una cifra aún mayor en Guadalajara.
    En cuanto a la delincuencia, el senador manifestó su preocupación por el 4,08 por ciento de aumento en los homicidios y sus distintas formas, un 3,62 por ciento en los casos vinculados a delitos sexuales y casi un 10 por ciento en el caso de los delitos contra el patromonio, tales como los robos o los hurtos. 
    Conde quiso matizar que éstos  “son datos de los procedimientos penales incoados, por lo que no han pasado por el maquillaje de Rubalcaba. Aquí no hay trampa ni cartón porque son los asuntos que se llevan a juicio”.
    A tenor de estos datos, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia reclama con urgencia la asumción de las competencias de Justicia por parte de la comunidad autónoma y, además, el aumento de la seguridad y protección al ciudadano.

Para cuándo los juzgados
Tras la intervención de Conde, la senadora por Guadalajara, María Ángeles Font, recordó que la situación de los juzgados de Guadalajara es caótica debido a la saturación de trabajo y a la falta de espacios. A la vez, denunció el retraso en la construcción del nuevo Palacio de Justicia, un edificio que aunaría las dependencias judiciales dispersas por la capital y aumentaría su capacidad. “En 2006 el PSOE prometió nuevos juzgados para Guadalajara, Un edificio que tenía que estar terminado y funcionando en 2010 y que va a estar finalizado, según los Presupuestos Generales del Estado de este año, para 2014. Llevan 480.000 euros presupuestados y cero gastados”, criticó.
    Por último, la senadora recordó las numerosas reclamaciones del Partido Popular para que se construya en Guadalajara un nuevo juzgado para lo contencioso administrativo, un nuevo juzgado de lo social, otro de lo penal y uno específico para la violencia de género puesto que “los ciudadanos se merecen una Justicia rápida y también los jueces, procuradores y abogados, que se ven sobrepasados por la situación”.