El sector de las frutas y hortalizas en la montaña rusa

El sector afronta la campaña de fruta de verano con preocupación, un año más, en situación similar a cuando se está en lo alto de una montaña rusa. El cierre de fronteras de la Federación Rusa a los productos agroalimentarios de la Unión Europea (curiosamente los que predominan en los países del sur) el pasado mes de agosto sigue pendiendo como una espada de Damocles sobre él. La cuestión, es que no solo deja de estar asegurada la exportación de un gran contingente de fruta, sino que además se podrían saturar otros mercados, lo que podría repercutir negativamente en los precios para los productores. Sin olvidar, que en melocotón y nectarina, la crisis de precios del año pasado empezó un mes y medio antes del anuncio del veto ruso. Desde la Unión de Uniones vemos ilógico que haya discriminación entre los productores de diferentes cultivos y que los agricultores paguen las consecuencias, sin tener culpa de una situación que han generado los políticos. Políticos al mando de una Comisión Europea que ha sido incapaz en casi un año de abrir vías de negociación con Rusia para acabar un bloqueo que perjudica la economía de los agricultores y, por extensión, de la Unión Europea. Se trata de una situación muy complicada que requiere unas compensaciones adecuadas a los agricultores ante las pérdidas que se van a originar. El Reglamento 1308/2013 del Parlamento y del Consejo estable la posibilidad de implantar medidas en caso de perturbaciones del mercado, como es el caso. Pero, lean su artículo 219 y verán como generaliza como les gusta a los gobernantes y no establece ninguna medida concreta. Esta generalización se ha concretado este año en ayudas para la retirada de cítricos -que ya han consumido su cupo, hortalizas o peras, pero no medidas específicas para la fruta de verano que inicia ahora su campaña de exportación. Hemos comprobado que las medidas de retirada establecidas hasta la fecha para compensar el efecto negativo del veto ruso no han servido para mejorar la renta del agricultor sino la cuenta de resultados de las empresas que han retirado el producto, ya que la compensación ha sido tan baja que no ha llegado al productor. Las medidas contra el veto ruso han resultado escasas, insuficientes e ineficaces para los agricultores, dado que no todos han podido acogerse a ellas en las mismas condiciones. Nuestra organización ya se ha puesto en marcha para intentar solucionar este problema y por ello hemos solicitado una reunión a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea para analizar la situación del veto ruso con objeto de establecer mecanismos compensatorios más ágiles y útiles para la estabilización de los mercados y más beneficiosos para los productores. No podemos olvidar que el sector de frutas y hortalizas en España constituye una actividad económica con un gran peso en la producción, exportación y el empleo agrario. La participación del sector en la Producción Vegetal Agrícola alcanzó 14.457millones de euros en 2014, lo que representa el 59% del total, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En cuanto a la Producción Final Agraria, representa el 34% del total. La producción de frutas y hortalizas destinadas al mercado fresco es estimada en 19 millones de toneladas, El empleo en el sector hortofrutícola representa el 50% del empleo agrario, con 400.000 trabajadores, y emplea además 80.000 trabajadores en las labores de manipulación y comercialización en las zonas de producción. La exportación supone aproximadamente dos tercios de la facturación del sector. En 2014 la exportación se elevó a 10.475 millones de euros, según datos del sector, pero sufrió un gran varapalo con el veto ruso con un descenso del -34% en las exportaciones a este país. Esto, unido al aumento de las importaciones de terceros países en condiciones de competencia desleal, ha supuesto una dura presión a la baja en las rentas de los productores. Para mejorar la situación del sector en general y acabar con las desigualdades entre productores hay que eliminar las distorsiones en el mercado entre agricultores con y sin pagos directos dentro del propio sector, derivadas de la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC). Además hay que terminar con la especulación en la cadena alimentaria y las prácticas comerciales desleales, a nivel nacional y europeo, con el fin de que los precios en destino se adecuen a la situación de los precios en origen y se controlen las caídas injustificadas de los mismos. En este asunto, pedimos una especial implicación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). En el caso concreto del plátano de Canarias, es necesario controlar de manera constante la importación de banano a la UE desde terceros países para activar la cláusula de salvaguarda y evitar que, como ha pasado hasta ahora, se superen los límites establecidos en perjuicio de los productores canarios. La situación de los productores comunitarios de frutas y hortalizas necesita una protección permanente, porque la situación del mercado para ellos siempre es crítica, sobre todo, desde el momento en que la UE adoptó los nuevos acuerdos comerciales que redujeron los aranceles y no hay que olvidar que es un sector que depende poco de ayudas y mucho del mercado. En definitiva, exigimos actuaciones rápidas y contundentes que garanticen el futuro de un sector de gran importancia social, ya que se encuentra presente en la mayoría de las Comunidades Autónomas, sobre todo, Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia, contribuyendo a la conservación del entorno medioambiental y al sostenimiento de la economía en las zonas rurales.