El TC anula la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios
El Gobierno regional asegura que la sentencia "se cumplirá en todos sus términos".
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, que fija en 35 horas semanales la jornada laboral de los funcionarios al servicio de la Administración autonómica.
El Tribunal declara inconstitucional la norma recurrida porque resulta "incompatible" con la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, con la que, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de legislación laboral (art. 149.1.7 CE) y de regulación básica de los derechos y deberes del personal del sector público (art. 149.1.18 CE), el Estado ha establecido que la duración de la jornada mínima de trabajo de los funcionarios debe ser de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Juan José González Rivas, cuenta con el voto particular del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, al que se han adherido la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, y el magistrado Juan Antonio Xiol.
La sentencia explica que la ley recurrida, en cuanto fija la duración de la jornada laboral de los funcionarios autonómicos, está estableciendo las "condiciones concretas de trabajo" de dicho personal, por lo que está amparada por la competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene para determinar la organización interna de sus instituciones.
Reacción del Gobierno regional
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho que acata la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley por la que se aprobaba la jornada de 35 horas semanales para todos empleados públicos de la Junta de Comunidades y lamenta que "esta medida encaminada a mejorar la calidad de los servicios públicos no se pueda llevar a cabo".
Tras recibir la sentencia del TC del recurso de inconstitucionalidad, promovido por el Gobierno de España en funciones, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha afirmado, en nombre del Gobierno regional, que, como no puede ser de otra manera, "se cumplirá el fallo en todos sus términos".