Epitafio de una valiente y los mudos que recobran la voz
26/09/2011 - 00:00
Quienes durante 30 años, en Castilla La Mancha, callaron y consintieron el despilfarro que ha llevado a esta región al borde de la quiebra, han hablado, para pedir que se cumpla la ley 2/2010.Quienes sabían de facturas impagadas apiladas bajo las alfombras, y que se contrataban servicios y se encargaba a proveedores para SESCAM o para las Farmacias y se aprobaban proyectos sin provisión de fondos para atender los pagos, han alzado la voz para que se cumpla la ley 2/2010. Quienes sabían que ni la luz se pagaba en algunos centros, aunque había dinero para subvenciones, han instado a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, a que cumpla la ley 2/2010 de Salud Sexual, para que garantice a las mujeres de la región el derecho al aborto en centros sanitarios públicos.
La secretaria de Mujer de CC.OO, Kirsten Lattrich, recuerda ahora, septiembre 2011- que es obligación de la Administración regional garantizar la aplicación de la Ley 2/2010 de Salud Sexual y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. No tiene empacho en reconocer que No se realizan interrupciones voluntarias de embarazo en ningún centro público de salud de CLM. Una cosa son las promesas y otra la realidad. Las clínicas abortistas (apalabradas o concertadas) han descubierto el pastel al romper el convenio con la Junta, porque ésta no pagaba las facturas de las mujeres que unos y otros enviaban a abortar en ellas. Esas clínicas eran y son privadas. Añade Lattrich: El que las mujeres castellano-manchegas que decidan interrumpir su embarazo legal y voluntariamente tengan que costearse ellas mismas la intervención supone poner en cuestión la efectividad del derecho a decidir y significa un grave riesgo de desprotección para las mujeres de la región.
No se reclama el derecho a la vida y la protección de la mujer. No se solicita ayuda para las mujeres embarazadas que se encuentran en dificultades y desean llevar adelante su embarazo. No reclaman el derecho a la vida de los seres indefensos que están gestando. No reclaman siquiera centros de formación y orientación, para las futuras mamás. Reclaman, únicamente el derecho a acabar con una vida humana, con el dinero de todos. Reclaman que se cumpla la pena de muerte para fetos hasta la semana que la Ley Aido determina. ¿Por qué tenemos que pagar todos, la decisión personal de una mujer, que no tiene una enfermedad? ¿Por qué las Administraciones tienen que pagar las consecuencias de las decisiones personales? No olvidemos que según el Instituto de Política Familiar se necesitan 270.000 nacimientos más al año para asegurar el relevo generacional. Luego, la mejor inversión del dinero de todos sería apoyar a la familia y a la mujer embarazada. Apoyar la vida la cultura de la vida y no la muerte. Eso sí que sería progresista.
La principal lección que nos dejó, como filosofo, como catedrático, como abogado y, muy especialmente como hombre público, el Presidente del Gobierno de la I República, Nicolás Salmerón, fue esa. Era un furibundo republicano. Pero, según Fernando Fernández Bastarreche profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, destacó sobre todo por la honestidad con que siempre actuó y la coherencia entre doctrina y acción, convirtiéndose en el prototipo del político honesto que nunca anteponía sus intereses personales al bien general.
Esa coherencia, y ese respeto por la vida, le llevó en 1873, a dimitir, a las siete semanas de llegar al poder, antes que poner su firma en la sentencia que condenaba a muerte a varios soldados desertores. Tuvo que exiliarse en Francia donde murió. En su tumba de Pau, otro político de izquierdas, Clemenceau, escribió: aquí yace un hombre que dejó el poder por no firmar una sentencia de muerte. Tendrá tiempo de pensarlo ZP, impulsor de la Ley del aborto libre. Deberían pensarlo también, quienes piden aquí o en cualquier país- que, con dinero de todos se pague la muerte de inocentes. ¿Quiénes ganan con el aborto?