Especulación financiera y crisis alimentaria

 

  

      Por definición, especular es efectuar operaciones comerciales o financieras, con la esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios. Es decir, quien especula ni produce ni hace uso de la mercancía sino que arriesga su capital invirtiendo en contratos de futuro vinculados a esa mercancía, con el objeto de ganar a partir de la variación de los precios. Y resulta que, entre los componentes de la actual crisis alimentaria, un ingrediente destacado es la volatilidad de los precios. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial lo viene analizando en estos meses y lo tratará en profundidad en su próxima reunión plenaria en la segunda quincena de octubre.

  El G-20 le está prestando atención y la presidencia francesa de este grupo ha encargado estudios sobre los que asentar una eventual toma de decisión o compromiso político. La propia FAO viene haciendo seguimiento de la evolución de los precios desde hace más de dos décadas y ha decidido dedicar a este tema la celebración del Día Mundial de la Alimentación en este año 2011. Si la especulación financiera tiene una relación directa con las variaciones de precios, y la crisis alimentaria tiene una de sus causas en la volatilidad de los precios de los alimentos, parece bastante claro que hay algún tipo de relación entre crisis alimentaria y especulación financiera.

  De hecho, Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, señala en un informe que las inversiones especulativas son la causa primordial de las subidas de precios de los alimentos. Es difícil seguir las argumentaciones sobre el impacto de la especulación en la crisis alimentaria cuando nos adentramos en conceptos financieros. Pero al menos tengamos presente que en los años previos a la crisis alimentaria que se empezó a manifestar en 2007/2008, se produjo un incremento del volumen de fondos invertidos en operaciones de futuros con materias primas alimentarias; en apenas cinco años ese volumen de inversión se multiplicó por veinte y sobrepasó los 260.000 millones de dólares.

  En los tres últimos meses de 2010, cuando ya afloraba un nuevo brote de la crisis alimentaria, las inversiones sobre materias primas alimentarias se triplicaron respecto a los tres meses anteriores. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señala que en estos últimos años se ha producido un cambio sustancial en el mercado de productos alimentarios, que se ha transformado en un mercado eminentemente financiero.

  La propia FAO señala que, de los contratos de futuros con materias primas alimentarias, solamente el 2 % acaban en un suministro real de las mercancías; el resto, el 98 %, es puramente especulativo. De esta forma, las inversiones especulativas producen una distorsión de los precios -que no se definen en función de factores reales sino de expectativas económicas- produciendo una subida que va mucho más allá de lo que justificaría la economía real. Diferentes estudios apuntan a que la expansión de inversiones especulativas en este sector se ha visto favorecida por la inexistencia de regulaciones internacionales obligatorias sobre los mercados de materias primas alimentarias, especialmente en cuanto a las operaciones de futuros.

  Esto ha permitido que en esos años del estallido de la burbuja inmobiliaria, muchos capitales especulativos hayan buscado refugio en los mercados de futuros de productos alimentarios. Las alteraciones de precios de los alimentos que se producen, entre otras causas, por estos movimientos especulativos y que son la base necesaria para sus expectativas de beneficios, tienen impacto en cientos de millones de personas que habitualmente deben destinar un alto porcentaje de sus ingresos a alimentación –a veces hasta el 80 %- y que, con la subida de precios, ven muy limitadas sus posibilidades de acceso a los alimentos. Algunos de los inversores llaman a esto “efectos colaterales no deseados del mercado”, efectos que se elevan a la cifra de mil millones de hambrientos. Los alimentos deberían tener un estatus especial, no como una materia prima más, de manera que se pudiera prevenir la especulación y evitar las alteraciones bruscas de precios.

  Para ello se podrían establecer limitaciones relativas a la proporción del mercado total que sobre una determinada materia prima pueda estar controlada por un solo inversor o grupo de inversores que favorecen situaciones de monopolio sobre productos básicos; o se podrían establecer tasas o algún tipo de imposición sobre los movimientos financieros especulativos, que podría tener el doble efecto de reducirlos y de generar recursos para financiación del desarrollo y la lucha contra el hambre; o la supresión de los paraísos fiscales y de los centros offshore que facilitan las inversiones especulativas y dificultan su seguimiento, dada su opacidad. No sólo los alimentos están siendo presa del mercado especulativo sino enormes extensiones de tierra que los inversores están acaparando como potenciales fuentes de beneficios en este creciente mercado en donde el consumo final de los alimentos está lejos de ser el objetivo.

  Deberían establecerse moratorias sobre la compra y venta de tierras a gran escala en países en desarrollo por inversores extranjeros hasta que se adopten marcos regulatorios nacionales e internacionales que definan responsabilidades para compradores y vendedores, cuando de estos contratos se deriven impactos negativos sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente. La alimentación es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los Estados deben respetar, proteger y garantizar.

  Si los Estados permiten que personas o instituciones, a través de actividades especulativas, alteren los precios de las materias primas alimentarias para su beneficio y en perjuicio de mucha gente, están incumpliendo su obligación de proteger este derecho. El sistema de derechos humanos está fallando por la falta de definición clara de las obligaciones nacionales e internacionales relacionadas con el derecho a la alimentación. Si no hay fronteras para los movimientos especulativos, tampoco debería haberlas para la defensa de los derechos humanos.