25/05/2018 / 14:32
Redacción


juicios con jurado popular


Esta semana hemos conocido la sentencia condenatoria contra el hombre que mató a puñaladas a su mujer mientras dormía en la casa que compartían en Galápagos. También hemos sabido que el 24 de octubre se juzgará a Patrick Nogueira, acusado de matar a un matrimonio, familiares suyos, y a sus dos hijos en un chalet de Pioz. Ambos casos tienen en común su celebración con un jurado popular que decide probados o no los hechos enjuiciados, veredicto vinculante para el juez que determinará la pena en caso de ser considerado culpable el procesado.  Se trata de un derecho constitucional de los ciudadanos, una expresión de participación en la administración de Justicia, es el ejercicio de una libertad que supone implicación en la vida de la comunidad y un mayor conocimiento del funcionamiento de los juzgados y de la labor imprescindible para la convivencia y el orden que llevan a cabo diariamente jueces, fiscales y abogados. Asumir este grado de responsabilidad es un síntoma de salud democrática y de madurez. En la práctica, además, los hechos quedan muy claros tras la práctica de las pruebas y se requiere de una casi unanimidad entre los miembros del jurado para llegar a la decisión de la culpabilidad. Otro tema es su coste económico, asumible, o el alargamiento de los procesos que puede suponer en una justicia colapsada. Pero esta saturación no es a causa de este tipo de juicios sino de la falta de medios materiales y humanos que padece nuestro sistema.  Precisamente en estos días jueces y magistrados ejercientes en Guadalajara han secundado una huelga general convocada en toda España por las asociaciones de jueces y fiscales para exigir la mejora de sus condiciones laborales por sobrecarga de trabajo y la necesaria modernización de la Administración de Justicia, entre otras cuestiones, como la exigencia de una mayor independencia judicial. Los políticos deben escuchar a sus profesionales, atender  sus demandas, aumentar los presupuestos destinados a este capítulo y avanzar en la separación real de poderes.


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