La calidad democrática del gobierno Cospedal

 

  

      La escorrentía ideológica del gobierno Cospedal se abre paso destrozando empleo, derechos y participación. Asistimos a una avalancha de retroceso, que no de cambio. El recurso a las promesas electorales y la herencia recibida esconde, simplemente, un ideario político que empobrece la democracia y pretende implantar el absolutismo como forma de gobernar y entenderse con la sociedad. Las decisiones para derribar instituciones como el Defensor del pueblo y el Consejo Económico y Social, nada tienen que ver ni con la austeridad, ni con la duplicidad de funciones. No se entiende que en el resto de Comunidades Autónomas mantengan estas instituciones, las respeten, y en Castilla La Mancha han sufrido la ira revanchista de los nuevos gobernantes.

  De igual manera la ordenación de expulsar a cerca de mil personas –profesores y profesoras interinas de enseñanza secundaria- y vulnerar los derechos del resto del profesorado, amparándose en el decreto de horarios con la ampliación de las horas lectivas, son muestra evidente del ataque a la enseñanza pública y de su peculiar manera de entender las relaciones con los empleados públicos y sus representantes legales. Las declaraciones del Consejero de Educación, y de su presidenta, sobre la huelga, no dejan lugar a dudas. No saben respetar un derecho fundamental como el del ejercicio legítimo de la huelga de los trabajadores y trabajadoras en defensa de los intereses que les son propios. Los sindicatos convocantes han ejercido su función para defender el empleo y la calidad de la enseñanza; están defendiendo el futuro de los jóvenes, que es tanto como apostar por el futuro socioeconómico de nuestra Comunidad Autónoma. Ahora, continúan cerrando el círculo y acometen la decisión anunciada en el Plan de Recortes, que la Presidenta Cospedal presentó en Agosto, respecto a los “liberados sindicales”.

  No es una medida anticrisis, es una medida antidemocrática, es una acción de gobierno para cercenar la capacidad de respuesta de los empleados públicos a sus medidas. Las consecuencias son inmediatas: más gente al paro –los interinos que sustituyen a las personas ausentes de sus puestos de trabajo para ejercer labores representativas- y ruptura de los acuerdos y consensos alcanzados tras muchos años de discusión para articular las relaciones laborales y las mesas de diálogo de los empleados públicos con su empresa –la Administración regional-. Han presentado, como no, este recorte de derechos acompañado de su ahorro presupuestario en ese “bienpensado plan” que nos sacará de la crisis –victoria pírrica del gobierno-.

   El daño se lo hacen al empleo, porque la partida económica dotada para sufragar los gastos de representación de todos los sindicatos de la Administración Pública con derecho a ello (CCOO, UGT, CSIF, ANPE, STAS, CEMSATSE, SIC) estaba destinado a garantizar las asistencias a los órganos de representación y mesas de negociación, a la vez que soportaban los gastos de funcionamiento de la actividad sindical, igual que se hace en la empresa privada porque de otra forma no se podría ejercer la representación legal de la población asalariada.

  Todo este afán desmedido por eliminar resortes de participación legal, instituciones democráticas de control al gobierno y de defensa de los derechos de la ciudadanía, tiene que ver con las ideas y el pensamiento conservador. No son ajenas al modelo elegido para salir de la crisis, lo hacen como oportunidad para fortalecer más a los que la provocaron y eliminar obstáculos que impidan profundizar en el ataque a lo público y a sus defensores; también para debilitar a los sindicatos de clase, que somos el único frente opositor organizado contra la barbarie desreguladora. Estamos ante una confrontación de ideas, alternativas y medidas.