La historia no se reescribe: ‘Por el Manifiesto por la historia y la libertad'

La Historia es la huella de los actos de sus protagonistas, no la de la memoria o interpretación de sus herederos. Es intrínsecamente objetiva, algo que no sucede con la memoria, que suele ser selectiva y en muchos casos manipulable o manipulada.
    El, por ahora, principal partido de la oposición,  cuando ve amenazado su protagonismo en la izquierda tiende a mimetizar iniciativas de Podemos, echándose al monte del despropósito. Pues no hay otro superior que el volver a reincidir en uno de los mayores errores en los que incurrió el presidente Zapatero, más grave incluso que sus desatinos económicos. Es una aberración científica pretender cambiar los hechos del pasado por mucho que no gusten, pero es peor reabrir heridas pretéritas cuando habían cicatrizado. Este país se dio un respiro en la Transición y se propuso vivir en paz sin retorno al pasado. Los comunistas de entonces, los que de verdad lucharon contra el régimen y vivieron en sus carnes la cárcel o el exilio, los Sánchez Montero, La Pasionaria, Marcelino Camacho y tantos otros, aplaudieron la Constitución y abrazaron la reconciliación. Se inició entonces un largo periodo en el que se alcanzaron las cotas más altas de libertad, bienestar y prosperidad sin parangón en el pasado.
    Ahora vienen los hijos de sus hijos, imberbes adoctrinados en el sectarismo y en un antisistema incapaces de argumentar, y vuelven a hurgar en la herida de la intolerancia. E incomprensiblemente con el apoyo de los socialistas. La propuesta de la nueva Ley de Memoria Histórica incluye el “pensamiento único” y destila un tufillo soviético trasnochado en el que se insta a crear una “Comisión de la Verdad”, ¿qué verdad?, ¡qué barbaridad!
    El manifiesto contra esa aberrante Ley está firmado por historiadores e intelectuales nada “sospechosos”. Entre otros notables, el Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde Fuentes, y el historiador Stanley Paine, Fernando Savater, Antonio Escohotado, Joaquín Leguina, Enrique Clavet, Félix Ovejero y Andrés Trapiello.
    Advierten que “talproposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión,expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social) ;y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu”.
    Y concluyen que “resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos”.
    No hay más preguntas, señoría.