La politización de la justicia y los recortes llevan a jueces y fiscales a la huelga
Jueces, fiscales, abogados y demás personal de la Administración de Justicia se concentraron ayer ante las puertas de los juzgados, en la plaza de Fernando Beladíez, en protesta por las políticas del Ministerio de Justicia y en apoyo a la jornada de huelga a la que ayer estaban llamados los primeros jueces y fiscales.
Los jueces destacaron el apoyo unánime de la Junta de Jueces de Guadalajara al paro, convocado por la Asociación de Jueces por la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión progresista de Fiscales y Asociación profesional Independiente de Fiscales. Se han descolgado, sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.
Las reformas legislativas que está llevando a cabo el ministro, Alberto Ruiz-Garllardón, y los recortes son los motivos de la huelga, la tercera de la Justicia de la democracia. En concreto, las reivindicaciones de jueces y fiscales pasan por aumentar la inversión en justicia, que los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los jueces, para eliminar así las injerencias directas de los partidos políticos; la paralización del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, porque consideran que atenta contra la independencia judicial; la derogación de la ley de eficiencia presupuestaria, que supone la desaparición de los jueces sustitutos y una sobrecarga mayor para el resto; la derogación o reforma de la ley de tasas y la modificación de la ley del indulto.
Jesús Villegas, magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara, ha valorado, en representación de la Juez Decano, cada uno de estos puntos. Respecto a la politización de la justicia ha señalado que cualquier reforma de la ley orgánica del poder judicial que afecte a la composición del órgano de gobierno de los jueces tiene que garantizar una mayor despolitización y un respeto a la independencia. La situación actual, en virtud de la cual se transfieren facultades del Consejo al Ministerio, es un paso atrás, es un retroceso democrático y, por tanto, es inaceptable.
En cuanto a los recortes ha sido claro: Somos conscientes de que España vive un momento de crisis y, por lo tanto, se exigen sacrificios mutuos. Ahora bien, el legislador, el poder político, debe ser consciente de que si se recorta en justicia se está recortando en un derecho fundamental de los ciudadanos. No se puede pensar que se va a recortar en medios de justicia y que eso no va repercutir en una pérdida de la calidad del servicio. Esta decisión no es gratis, es una decisión que va a tener unas consecuencias graves y que va a notar toda la ciudadanía.
En el mismo sentido se ha pronunciado en relación a la desaparición de los jueces sustitutos: Es fundamental que la justicia vaya siendo progresivamente profesional, pero si de golpe se prescinde de los servicios de un millar de personas, es infantil pensar que las cosas van a seguir como estaban antes. Estos cambios se deben asumir con responsabilidad, progresiva y gradualmente. Este corte brusco, esta acción inmediata y súbita solo traerá como consecuencia que se resienta la calidad del servicio que se presta.
Está en juego la calidad de la justicia, pero también el acceso a este derecho fundamental. Una ley de tasas no puede suponer una barrera, una limitación, del acceso a la justicia de los ciudadanos más desfavorecidos. Es una línea roja que no se puede cruzar. Los recortes no pueden afectar a los derechos fundamentales, ha afirmado con rotundidad Villegas en relación a la Ley de Tasas.
Sobre la facultad del Ejecutivo para ejercer el indulto, ha recordado que una cosa es la discrecionalidad y otra la arbitrariedad. El indulto debe ser ejercido por el poder político como una forma de justicia, de favorecer la reinserción y la rehabilitación de los delincuentes, no puede ser nunca un instrumento de politización, favoritismo, una forma de instalar la arbitrariedad en el corazón del estado de derecho. Propugnamos que se le de una regulación jurídica lo suficientemente garantista para evitar que se cometan arbitrariedades.
Las reivindicaciones de jueces y fiscales han encontrado el respaldo de sindicatos, trabajadores, abogados y consumidores, que se han sumado a la jornada de protesta secundando la concentración que ayer por la mañana tuvo lugar a las puertas de los juzgados.
