La seguridad

Celebra la Guardia Civil su festividad este 12 de octubre como celebró la Policía la suya hace unos días, el pasado día 2. Componen ambas instituciones eso que se ha dado en llamar con el poco acertado nombre de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que, aunque sin duda atienden a la seguridad del Estado y de sus diferentes administraciones, si por algo se caracterizan es sobre todo por ser la garantía de la paz social, de la ausencia de violencia, del cumplimiento de la ley y de la seguridad en su sentido más amplio. No es necesario poner ejemplos porque su labor más importante, la más callada, la realizan día a día: esa presencia cercana que siempre genera confianza.

Sorprende por ello la baja calidad de la discusión política sobre la cuestión, que por supuesto va más allá de las declaraciones altisonantes, los golpes en el pecho y la utilización partidista –en ocasiones– de su simbología. Hay que decirlo alto y claro: es fundamental tener una buena policía en sus diferentes variantes (e incluyo a la Guardia Civil) porque son la última garantía para nuestros derechos de ciudadanía. Pero eso tiene un precio. Es decir, cuesta dinero. Estaremos todos de acuerdo en que a la hora de elaborar un presupuesto hay que decidir si con los ingresos previstos se costea el gasto comprometido o si, por el contrario, se aumenta y se busca la fórmula para incrementar esos ingresos o distribuirlos de otra forma. Lo que no se puede, en cualquier caso, es jugar a la demagogia de pedir incrementos para unas partidas sin explicar de dónde se sustraerán o sin aclarar de qué forma se subirán los impuestos, ya que no hay más opciones.

Parece una contradicción, cuando menos, llenarse la boca de vivas a la Guardia Civil y a la vez recortar su presupuesto, reducir sus efectivos, dejar que sus equipos envejezcan y no se renueven y, en definitiva, poner límites a su labor constitucional. 

Recordaba José Arroyo, comisario jefe de Guadalajara, que en nuestra ciudad está cubierto apenas el 76% de la plantilla, que hace falta restituir la pérdida de efectivos que se produce de manera continuada desde 2012. Y es que, si queremos perseguir el delito, reducir al mínimo la criminalidad y garantizar la seguridad, es necesario gastar un dinero que sólo puede llegar a través del reajuste de los gastos generales o subiendo impuestos. 

La crisis afectó a todos, pero en el caso que nos ocupa lo hizo doblemente. Policías y guardias civiles, en su condición de funcionarios, vieron reducidos sus sueldos de manera solidaria. Pero además sus instituciones se vieron sometidas a un ajuste brutal que redujo las cifras de efectivos hasta el límite. Que vivan, sí, pero que se les reconozcan también sus necesidades.