Los excluidos de la democracia
En estas últimas elecciones, de 32 millones de personas con derecho a voto más del 25% de la gente no fue a votar. Eso son más de 8 millones de personas; al PSOE lo votaron 11 millones y al PP 10 millones. En otras elecciones la abstención ha llegado a superar el 30% (superando esta abstención al número de votos del partido mas votado). Para políticos y medios de comunicación este 25% de nuestra población no existe. Solo se les dedica alguna reseña aislada en los diarios, o algunos minutos al año en radio y televisión. Así, comentaristas y políticos, que si votan, se dedican criticar la actitud de quien no vota, sin que estos puedan replicar y aportar sus razones.
Estos medios, que alardean de pluralismo democrático, y hacer gala de información objetiva, ignoran la abstención y no mueven un dedo para darle su dimensión real. De este inmovilismo, tendremos que pasar a un proceso de democratizar los contenidos políticos en los medios, que cualquier idea o alternativa a los partidos políticos tenga un trato igual. Desde un punto de vista democrático en los repartos de tiempo en los medios, y puesto que a los que no votan, nunca les dan un medio para expresarse ¿votaría alguien al PSOE o al PP si les diesen la parte proporcional del tiempo que le dan a los que no votan? Los que no votamos, siendo mayoría en muchas elecciones, tanto autonómicas como generales, no tenemos ninguna representación de nuestra diversidad.
Echando por tierra la Constitución donde dice Son legibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Art. 68. 5. Los ciudadanos tienen derecho a una representación real en los parlamentos, no una simple representación de la partitocracia. Si parte de la ciudadanía quiere que la representen un grupo de partidos, que así sea, pero los que no confían en los partidos políticos, tienen el derecho de representarse a si mismos, eligiendo mediante sorteo, entre todas las personas que no votan, los que representaran a estos: al igual, que cuando se requiere la presencia del ciudadano para formar parte de los jurados populares, o para formar parte de las mesas electorales.
De este modo, se promueve y prepara al ciudadano para la autentica participación directa en política en igualdad de condiciones que los partidos. Esta participación directa del ciudadano en su ayuntamiento, comunidad, país o como parlamentario europeo, despertaría una autentica aplicación de la democracia por el pueblo, y no, por los que se nos imponen como intermediarios. Nos quejamos de las dictaduras lejanas, porque encarcelan y torturan a quienes disienten del poder o son partidos de oposición.
En las mal llamadas democracias, silencian, censuran o ignoran a los ciudadanos que no creen en un sistema de partidos, a los que solo les piden la opinión cada cuatro años, para votar al conjunto de intermediarios. Cada ciudadano es un ser pensante con criterio propio. Pero lo utilizan como un simple número, sin identidad, con el que engrosar la lista de votantes que le dan poder a un partido. Nadie da cobertura mediática a la diversidad de ideas que mueven a la abstención.
No votar es el reflejo consciente o inconsciente de que los políticos son la parte inútil de la política, y que por tanto, no merecen un minuto de nuestra atención. Los partidos políticos son parte de un proyecto de futuro, que mas tarde o mas temprano nos defraudara, y continuamente tienen que estar creando miedos inconscientes a cualquier propuesta alternativa al sistema de partidos, para que la gente renueve su confianza en ellos. Estos, al hacer de intermediarios entre los deseos del ciudadano y su aleatoria realización: vienen a realizar la función de los antiguos fariseos o los representantes religiosos actuales, que se presentan ante los hombres como los intermediarios ante Dios, a los que Jesús de Nazareth llamaba Ciegos, guías de ciegos.
Pocas de estas personas podrán llegar al número de años cotizados requeridos para disfrutar de la pensión máxima. Desde hace más de diez años la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJI/Precarios) lucha por la mejora de los derechos sociales para los investigadores, pero todavía no se ha conseguido eliminar completamente la figura del becario sin cotización ni solucionar la situación de los antiguos becarios.
El Gobierno aprobó el pasado día 24 un Real Decreto que permite recuperar cotizaciones a la Seguridad Social por prácticas formativas. Este RD margina totalmente a los investigadores, por varios motivos, principalmente tres:
1. Sólo permite rescatar cotizaciones de becas asociadas a estudios universitarios o de formación profesional, incluyendo las becas para realizar el doctorado, pero no otras (asociadas a proyectos, de tecnólogos, de colaboración en tareas de investigación, etc.) que han sido y son utilizadas, en fraude de ley, para evitar hacer contratos.
2. Pone un límite de 2 años al período a rescatar, un espacio de tiempo totalmente insuficiente para aquellos investigadores que han estado 10, 15 o más años en esa situación.
3. Obliga a que el investigador pague también la parte correspondiente a la cuota patronal, obviando que los poderes públicos han sido juez y parte, tolerando la situación de ilegalidad de los becarios de investigación para beneficiarse de su trabajo en organismos públicos de investigación. Desde la FJI/Precarios se considera que deberían asumir su responsabilidad y hacer los pagos correspondientes que se ahorraron en su momento. Además, no se comprende que se establezca el 31 de diciembre de 2012 como plazo límite para realizar la solicitud de rescate de estas cotizaciones.
En un momento de crisis, en el que muchos de los jóvenes investigadores siguen en un estado de precariedad, les resultará difícil realizar los pagos necesarios. Por todo esto, la FJI/Precarios se dirige a los partidos políticos para solicitarles que incorporen a sus compromisos electorales la modificación inmediata de la Ley General de la Seguridad Social, para solucionar la situación de aquellas personas que han sido financiadas mediante becas de investigación, de modo que ese período compute como tiempo cotizado a la Seguridad Social, a todos los efectos.
En la web de la FJI/Precarios (3) se ha creado un manifiesto al que se pueden adherir investigadores con beca. En apenas tres días se ha adherido más de medio millar de personas, en su gran mayoría antiguos becarios financiados con fondos públicos (93%), de los que 464 han dejado constancia del tiempo que se han visto privados de cualquier tipo de derechos laborales y sociales.
Sumados todos esos períodos, totalizan más de 1590 años de cotización que las arcas de la Seguridad Social han dejado de ingresar. El promedio es de 3 años y medio de beca, casi el doble del tiempo máximo que el RD deja recuperar a (algunos) becarios, pero el 1315% de los firmantes ha estado durante 6 o más años privado de cotización y uno de ellos roza los 13 años de becas, inexistentes a los efectos de jubilación. Del mismo modo, la FJI/Precarios exige a los poderes públicos que tomen medidas enérgicas para hacer desaparecer la figura de la beca para encubrir contratos laborales, dentro y fuera del mundo de la investigación.
