Los médicos descartan que el presunto asesino de Galápagos sufriera un brote psicótico en 2014

Después de una intensa semana, este viernes concluyeron las sesiones del juicio por el asesinato de una mujer en Galápagos en enero de 2016. El principal acusado era su pareja, A.R.L., que el viernes aprovechó la posibilidad de declarar por última vez para pedir perdón a la familia de Silvia, la víctima, pero también para pedírselo a sí mismo y a los miembros del jurado popular “por este trago”. No fue el único momento de la sesión en el que el acusado lloró. También lo hizo durante las intervenciones de psicólogos y otros profesionales que han tratado a su hija, único testigo de lo sucedido, durante estos dos años. 

De cualquier forma, el viernes, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa elevaron a definitivas sus peticiones de pena. La fiscal pidió nuevamente 25 años de prisión por asesinato, además de la privación de la patria potestad y prohibición de comunicarse o estar a menos de 500 metros de la menor –ahora tiene siete años– durante 32 años,  además de indemnizaciones económicas para la hija y los padres de Silvia. 

En los alegatos que hicieron las tres partes dirigiéndose expresamente al jurado popular –que el lunes comienza su deliberación– intentaban convencer de las condiciones bajo las que A.R.L. actuó la madrugada del 5 de enero de 2016. Es decir, si lo hizo movido por un brote psicótico, como asegura la Fiscalía, o, por el contrario, “su inteligencia y voluntad no esta estaban afectadas”, en base a las pruebas periciales de imputabilidad. A este respecto, el viernes testificaron dos médicos que atendieron al acusado en 2014 por un cuadro de “alteración del comportamiento” después de una supuesta pelea con un vecino. Durante las preguntas de la defensa salió a la luz que el medicamento que se administró, de la familia de los antipsicóticos, también se suministra como efecto sedantes en casos de agitación aguda. Ambas se ratificaron en el informe que emitieron entonces, en el que se le diagnostica una alteración psicomotriz resuelta por un cuadro de ansiedad “muy elevado”. Descartaron, por tanto, que esa valoración estuviera relacionada por un “síntoma psicótico”. 

También pasaron por la Audiencia Provincial dos trabajadores de la prisión Alcalá-Meco, donde permanece en prisión provisional el acusado desde hace dos años y cuatro meses. Estos testigos, aportados por la defensa, confirmaron el buen comportamiento del preso y su colaboración con las tareas adjudicadas. En este caso, la psicóloga del penal ratificó, a preguntas de la fiscal, que en alguna de sus 40 sesiones mostró arrepentimiento por lo sucedido. 

Además de discernir si el acusado actuó en pleno uso de sus facultades, el jurado popular también tendrá que decidir si las 14 puñaladas que asestó a su pareja significan que actuó con alevosía.  Para la fiscal, el acusado no salió de casa a correr a la 1.00 horas, dado que estaba descalzo y con calcetines. Eso echaría por tierra el relato del acusado de que al llegar a casa notó que había entrado alguien. La fiscal calificó el ataque como “brutal” sin que mediara “ninguna discusión”, por lo que fue “sorpresivo” y con “ensañamiento”. También consideró probado que él llegó a la habitación, encendió la luz y le pidió a ella su móvil. “Él estaba obsesionado con Silvia, la controlaba”. Dependía económicamente de ella y estaba todo el día rumiando la posibilidad de que lo abandonara”.  

La defensa, por el contrario, dijo que durante el juicio no se pudo concretar “un sólo caso de celos”, y que era ella la que “no paraba de intentarlo. Hasta el último momento luchó por esa relación”. Para la abogada del acusado, la familia de ambas partes coincidió en que “era el momento en el que mejor estaban”. E insistió en que esa noche estuvo bajo los efectos del cannabis, agravado por una falta de sueño a causa de una cuestión laboral. “Aquí hay algo más que celos. No cuadra”, aseguró.