Los Veintisiete dan el primer paso para armonizar la repatriación de clandestinos
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Los países miembros de la Unión Europea dieron ayer un paso adelante de cara a armonizar la política de inmigración, al menos en algunos puntos.
La directiva, que deberá pasar antes de su aprobación por el Parlamento Europeo, previsiblemente en junio, recoge una armonización para la repatriación de extranjeros en situación clandestina y establece que pueden ser retenidos hasta año y medio y prohibir su entrada a los Veintisiete países miembros durante cinco años.
Los embajadores de los Estados alcanzaron ayer en Bruselas un principio de acuerdo de cara a los procedimientos a adoptar con los inmigrantes y su repatriación. La UE explicó en un comunicado que esta directiva establecerá un conjunto común de reglas aplicables a ciudadanos de terceros países que permanezcan ilegalmente en el territorio de los Estados miembros.
El punto más polémico del texto reside en que, de aprobarse, los países podrán retener a centros de internamiento a los sin papeles hasta un máximo de 18 meses y, además, se les puede prohibir la entrada durante un plazo de cinco años. Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados difundieron un comunicado conjunto para criticar que aceptar la directiva propuesta minará gravemente los derechos fundamentales de los individuos implicados. En este sentido, las organizaciones de Derechos Humanos califican el veto de entrada de un lustro de instrumento inapropiado e injusto.
La Comisión Europea calcula que actualmente hay unos ocho millones de inmigrantes en el continente. El objetivo aspirado por el Ejecutivo comunitario es consensuar los procedimientos seguidos por los Estados miembros para las repatriaciones, ya que cada país hace lo que quiere y aplica los plazos que considera oportunos e incluso nueve de ellos no contemplan en su legislación límite alguno a la retención de inmigrantes. No obstante, el último paso para la entrada en vigor de la llamada Directiva de Retorno es su aprobación en el Parlamento. La Eurocámara se pronunciará a este respecto el próximo mes, previsiblemente en un pleno dividido.
Críticas a Italia
El Gobierno italiano se ha convertido en el quebradero de cabeza de la Comisión Europea por sus últimas iniciativas en inmigración, especialmente la que plantea penalizar a los sin papeles. El portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad del Ejecutivo comunitario, Friso Roscam, instó ayer al país transalpino a remitir lo antes posible el contenido exacto de sus propuestas, ya que podrían contradecir las normativas comunitarias.
Sin embargo, desde Roma se defiende la primera iniciativa polémica del Gobierno de Silvio Berlusconi, porque se entiende que responden a la preocupación de los ciudadanos, según señaló el ministro de Interior, Roberto Maroni. En este sentido, recalcó en rueda de prensa que su país no cederá ni un milímetro, preguntándose por qué en Francia y Alemania está previsto el delito de la inmigración ilegal y la izquierda no se rasga las vestiduras, mientras que si lo hace Italia sólo se debe a razones ideológicas.
Berlusconi no cederá
El ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, defendió ayer el paquete de medidas aprobado el miércoles por su Gobierno sobre seguridad e inmigración y aseguró que no cederá ni un milímetro a las presiones manifestadas por algunos países europeos.
Según el ministro, las medidas responden a la preocupación de los ciudadanos, por lo que el Gobierno no dará ningún paso atrás en las decisiones tomadas y entre las que figura definir la inmigración clandestina como un delito.
Maroni insistió en que, en este momento, lo importante es dar una respuesta a los ciudadanos, que piden más seguridad. Asimismo, se preguntó por qué en Francia y Alemania está previsto el delito de la inmigración ilegal y la izquierda no se rasga las vestiduras, mientras que si lo hace aquí, en Italia, es sólo por razones ideológicas, aseguró.
Por su parte, la Comisión Europea no quiso comentar las medidas aprobadas en Italia antes de que éstas le sean notificadas formalmente.
Con el reconocimiento del delito de inmigración clandestina, el Gobierno italiano pretende acelerar el juicio y la expulsión rápida de los inmigrantes sin papeles. Esta medida se incluirá en un proyecto de ley que será debatido en el Parlamento con carácter preferencial y que debería ser aprobado en dos meses.
Tanto la Iglesia como los partidos de la oposición --el Partido Democrático (PD), La Unión de Centro (UdC) e Italia de los Valores (IdV)-- ya se han manifestado en contra, aunque Berlusconi no debería tener demasiados problemas para aprobarla, al contar con una amplia mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de los Diputados.
España teme ser el receptor de los sin papeles
El Gobierno español transmitió ayer al italiano su preocupación por el paquete de medidas aprobado por el gabinete del primer ministro Silvio Berlusconi para endurecer su política migratoria, y que incluye la tipificación de la inmigración ilegal como un delito castigado con penas de cárcel. El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, hizo público en presencia de su homólogo italiano, Andrea Ronchi, su respeto hacia las decisiones de las autoridades del país transalpino, pero también su desacuerdo con una decisión que afecta a otros países del entorno, a donde pueden desviarse flujos migratorios.
Tras reunirse en Madrid con el ministro de Política Comunitaria de Italia, que es miembro del partido italiano Alianza Nacional, López Garrido admitió que España e Italia tienen una discrepancia de fondo en torno a la política migratoria. La reciente decisión de Berlusconi, que antes de entrar en vigor debe recibir el plácet del Parlamento italiano, puede derivar flujos migratorios de forma desproporcionada no sólo a España, sino a cualquier otro lugar de Schengen, señaló el alto cargo español.
En un tono siempre respetuoso hacia su invitado, el secretario de Estado para la UE subrayó que la existencia del espacio Schengen de libre circulación obliga a los países miembros a avanzar hacia políticas comunes. La decisión del Gobierno italiano, sin embargo, no nos parece la vía que debe seguirse para solucionar los conflictos migratorios ni para avanzar en ese espacio común. López Garrido fue aún más severo en sus palabras y consideró ilusorio pensar que un país pueda resolver solo el problema de la inmigración, que por afectar a toda Europa sólo puede ser abordado por el conjunto de la UE.
López Garrido desvinculó el giro en la política italiana de la decisión que adoptó en 2005 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de regularizar a unos 800.000 inmigrantes que se encontraban en situación ilegal, pese a las críticas de otros países como Francia.
Los embajadores de los Estados alcanzaron ayer en Bruselas un principio de acuerdo de cara a los procedimientos a adoptar con los inmigrantes y su repatriación. La UE explicó en un comunicado que esta directiva establecerá un conjunto común de reglas aplicables a ciudadanos de terceros países que permanezcan ilegalmente en el territorio de los Estados miembros.
El punto más polémico del texto reside en que, de aprobarse, los países podrán retener a centros de internamiento a los sin papeles hasta un máximo de 18 meses y, además, se les puede prohibir la entrada durante un plazo de cinco años. Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados difundieron un comunicado conjunto para criticar que aceptar la directiva propuesta minará gravemente los derechos fundamentales de los individuos implicados. En este sentido, las organizaciones de Derechos Humanos califican el veto de entrada de un lustro de instrumento inapropiado e injusto.
La Comisión Europea calcula que actualmente hay unos ocho millones de inmigrantes en el continente. El objetivo aspirado por el Ejecutivo comunitario es consensuar los procedimientos seguidos por los Estados miembros para las repatriaciones, ya que cada país hace lo que quiere y aplica los plazos que considera oportunos e incluso nueve de ellos no contemplan en su legislación límite alguno a la retención de inmigrantes. No obstante, el último paso para la entrada en vigor de la llamada Directiva de Retorno es su aprobación en el Parlamento. La Eurocámara se pronunciará a este respecto el próximo mes, previsiblemente en un pleno dividido.
Críticas a Italia
El Gobierno italiano se ha convertido en el quebradero de cabeza de la Comisión Europea por sus últimas iniciativas en inmigración, especialmente la que plantea penalizar a los sin papeles. El portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad del Ejecutivo comunitario, Friso Roscam, instó ayer al país transalpino a remitir lo antes posible el contenido exacto de sus propuestas, ya que podrían contradecir las normativas comunitarias.
Sin embargo, desde Roma se defiende la primera iniciativa polémica del Gobierno de Silvio Berlusconi, porque se entiende que responden a la preocupación de los ciudadanos, según señaló el ministro de Interior, Roberto Maroni. En este sentido, recalcó en rueda de prensa que su país no cederá ni un milímetro, preguntándose por qué en Francia y Alemania está previsto el delito de la inmigración ilegal y la izquierda no se rasga las vestiduras, mientras que si lo hace Italia sólo se debe a razones ideológicas.
Berlusconi no cederá
El ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, defendió ayer el paquete de medidas aprobado el miércoles por su Gobierno sobre seguridad e inmigración y aseguró que no cederá ni un milímetro a las presiones manifestadas por algunos países europeos.
Según el ministro, las medidas responden a la preocupación de los ciudadanos, por lo que el Gobierno no dará ningún paso atrás en las decisiones tomadas y entre las que figura definir la inmigración clandestina como un delito.
Maroni insistió en que, en este momento, lo importante es dar una respuesta a los ciudadanos, que piden más seguridad. Asimismo, se preguntó por qué en Francia y Alemania está previsto el delito de la inmigración ilegal y la izquierda no se rasga las vestiduras, mientras que si lo hace aquí, en Italia, es sólo por razones ideológicas, aseguró.
Por su parte, la Comisión Europea no quiso comentar las medidas aprobadas en Italia antes de que éstas le sean notificadas formalmente.
Con el reconocimiento del delito de inmigración clandestina, el Gobierno italiano pretende acelerar el juicio y la expulsión rápida de los inmigrantes sin papeles. Esta medida se incluirá en un proyecto de ley que será debatido en el Parlamento con carácter preferencial y que debería ser aprobado en dos meses.
Tanto la Iglesia como los partidos de la oposición --el Partido Democrático (PD), La Unión de Centro (UdC) e Italia de los Valores (IdV)-- ya se han manifestado en contra, aunque Berlusconi no debería tener demasiados problemas para aprobarla, al contar con una amplia mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de los Diputados.
España teme ser el receptor de los sin papeles
El Gobierno español transmitió ayer al italiano su preocupación por el paquete de medidas aprobado por el gabinete del primer ministro Silvio Berlusconi para endurecer su política migratoria, y que incluye la tipificación de la inmigración ilegal como un delito castigado con penas de cárcel. El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, hizo público en presencia de su homólogo italiano, Andrea Ronchi, su respeto hacia las decisiones de las autoridades del país transalpino, pero también su desacuerdo con una decisión que afecta a otros países del entorno, a donde pueden desviarse flujos migratorios.
Tras reunirse en Madrid con el ministro de Política Comunitaria de Italia, que es miembro del partido italiano Alianza Nacional, López Garrido admitió que España e Italia tienen una discrepancia de fondo en torno a la política migratoria. La reciente decisión de Berlusconi, que antes de entrar en vigor debe recibir el plácet del Parlamento italiano, puede derivar flujos migratorios de forma desproporcionada no sólo a España, sino a cualquier otro lugar de Schengen, señaló el alto cargo español.
En un tono siempre respetuoso hacia su invitado, el secretario de Estado para la UE subrayó que la existencia del espacio Schengen de libre circulación obliga a los países miembros a avanzar hacia políticas comunes. La decisión del Gobierno italiano, sin embargo, no nos parece la vía que debe seguirse para solucionar los conflictos migratorios ni para avanzar en ese espacio común. López Garrido fue aún más severo en sus palabras y consideró ilusorio pensar que un país pueda resolver solo el problema de la inmigración, que por afectar a toda Europa sólo puede ser abordado por el conjunto de la UE.
López Garrido desvinculó el giro en la política italiana de la decisión que adoptó en 2005 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de regularizar a unos 800.000 inmigrantes que se encontraban en situación ilegal, pese a las críticas de otros países como Francia.