10/01/2018 / 12:55
Europa Press


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Más de 3.660 extranjeros en situación irregular en Castilla-La Mancha disponen de tarjeta sanitaria

En este tiempo se han dispensado 704 en Guadalajara.


Un total de 3.662 extranjeros que residen de forma irregular en Castilla-La Mancha disponían de tarjeta sanitaria a fecha de 31 de diciembre de 2017, en virtud de la Orden de 9 de febrero de 2016 de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico.

Así lo ha destacado el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, que ha explicado en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno de la presente semana ha realizado un balance de la tarjeta sanitaria expedida a ciudadanos extranjeros en situación irregular en la región.

Si en el año 2016 fueron 2.228 las personas que obtuvieron su tarjeta sanitaria, en el 2017 la han recibido un total de 1.444. Para ello han tenido que justificar estar empadronados en algún municipio de la región, ha informado en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

Por áreas sanitarias, en este tiempo se han dispensado 1.342 en Toledo, 704 en Guadalajara, 612 en Albacete, 278 en Ciudad Real, 277 en Cuenca, 258 en Talavera, 140 en Alcázar de San Juan y 51 en Puertollano. Se han atendido a ciudadanos de 54 nacionalidades, siendo Marruecos, Colombia y Venezuela, por este orden, los países de procedencia con mayor número de tarjetas sanitarias expedidas en este tiempo.

"Creemos en la sanidad universal, lejos de aquel infame decreto de 2012", ha dicho el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, que ha recordado que a través de la Orden de 9 de febrero de 2016 de la Consejería de Sanidad, el Gobierno regional daba respuesta así a la situación de "desamparo" generada por el Real Decreto de 2012 del Gobierno del PP "que dejó sin asistencia normalizada a los inmigrantes en situación irregular que se encontraban en el país". "Una medida que fue duramente criticada por el Consejo de Europa y expertos de la ONU", ha recordado Nacho Hernando.

Y es que Hernando ha defendido que esta medida "no supone bajo ningún concepto ningún gasto desorbitado" para el sistema sanitario de la región. "El precio a pagar o no atender a menos de 5.000 personas en Castilla-La Mancha sinceramente es un precio muy muy alto, comparado con el precio económico, que prácticamente es nulo", ha enfatizado.

Casi 78.000 recetas electrónicas dispensadas a ciudadanos de otras regiones
También en materia sanitaria, el portavoz del Gobierno regional ha anunciado que Castilla-La Mancha ha realizado 77.485 dispensaciones de receta electrónica a ciudadanos de otras comunidades en los seis meses que lleva en funcionamiento este proyecto, que contribuye a reducir la carga burocrática de los profesionales de Atención Primaria, ya que al no tener que dedicar parte de su tiempo de consulta a la prescripción de recetas, pueden optimizar su agenda y garantizar una atención más completa al usuario.

Según los datos facilitados al Consejo de Gobierno, desde el 1 de julio y hasta el pasado 31 de diciembre, las 1.271 oficinas de farmacia de la región han podido dispensar la medicación prescrita en otras comunidades autónomas, sin necesidad de que el ciudadano presente la receta en papel.

Hernando ha recordado que el principal objetivo de este programa es que los pacientes puedan disfrutar de una sanidad pública nacional, "incluso a pesar de las medidas del Gobierno de España que dificultan la correcta aplicación del artículo 43 de nuestra Constitución, que este año cumple 40 años, y que nos reconoce el derecho a la protección de la salud", ha explicado.

El portavoz ha asegurado que "es obligación de todas las comunidades autónomas remar en esa dirección", y ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "sí cree en la recuperación de la sanidad pública española y no en mantener 17 sanidades desconectadas y recortadas por parte del Gobierno de España".

Actualmente, son ya 14 las comunidades que cuentan con este servicio común, con el que ya estaban trabajando Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y La Rioja y, desde la semana pasada, se han incorporado Asturias, Cantabria, Cataluña, Murcia y el País Vasco.


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