Saldada la deuda con los ayuntamientos

Uno de los principales problemas con los que se encontró el Gobierno de Cospedal al llegar al poder fue el alto grado de endeudamiento que sufría la Junta de Comunidades, lo que se denominó la herencia, un lastre importante para la acción de gobierno que ha tenido en todo momento que centrarse en el control del gasto para la reducción del déficit y poder hacer frente al pago de las facturas pendientes. El primer caballo de batalla fue el de las farmacias, sector al que encontró muy revuelto, y con el que saldó cuentas. Los ayuntamientos, por su parte, en muchas ocasiones, han lamentado en sus balances ese dinero pendiente de cobro que les impedía el ejercicio ideal de sus inversiones y de la financiación de los servicios sociales de su competencia directa. Los diversos mecanismos de pago a proveedores puestos en marcha por el Gobierno nacional al que muchas autonomías se adhirieron han resultado claves para que el actual Gobierno regional pueda afirmar en enero de 2015 que cumple con la promesa realizada al inicio de la legislatura de pagar lo que debía a todos los ayuntamientos de la región. La deuda con las entidades locales ha quedado saldada al 100% con el abono de los 47,9 millones que quedaban pendientes. Recordemos que a finales de 2013 se pagaron 185 millones. La noticia, dada este viernes por la propia presidenta regional y aplaudida por el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), evidencia una buena gestión económica, reconocida cada vez más por las agencias de calificación, analistas financieros y bancos de inversión, que valoran en clave positiva la situación económica y financiera de la región, y lo que es más importante, dicen que es estable y con buenas perspectivas de futuro. Para los ayuntamientos supone liquidez para cumplir sus objetivos como administración más cercana al ciudadano. El agujero de la deuda financiera se va tapando. Lo exigible es que nunca más vuelvan a abrirse estos socavones. La limitación del techo del gasto de las administraciones vía constitucional así lo pretende.