Sobre los recortes en derechos sociales
La historia de la mujer de Gerona que ha fallecido debido a una aneurisma, no habría pasado de algo que, por desgracia, es habitual en nuestro día a día de no ser porque la historia tenía más miga. Yo no sé si se puede atribuir a los recortes practicados en sanidad en algunas comunidades (la de Cataluña en este caso), esto lo tendrá que decidir la justicia, ya que recordemos que la familia ha interpuesto una querella en los juzgados de Barcelona contra el gerente del hospital Vall dHebron y contra el jefe del servicio de neurocirugía de ese centro.
Acusa de un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos, por no garantizar la atención sanitaria de la paciente, y otro de denegación de asistencia sanitaria al que están obligados esos profesionales. Lo que sí sé es que la imagen que me vino a la cabeza, la sola idea de que pudiera ser, en este caso o en otros futuros, dan ganas de echarse a llorar.
Al parecer, la familia de la mujer fallecida fue informada de la gravedad de la situación y de lo urgente de una operación para intentar evitar el fatal desenlace, pero escucharon también qué no podían realizarla en ese hospital porque se encontraba afectado por la reciente reordenación de los servicios establecida desde el departamento de Salud de la Generalitat. Queda entrecomillado porque esa afirmación no la hago yo, sino que es atribuida a la familia en algunos medios de comunicación.
El caso es que solo pensar que un ciudadano, hombre o mujer, rico o pobre, de cualquier nacionalidad, religión o cualesquiera que fueran sus circunstancias, puede ver como su vida depende de una operación y no se puede realizar aunque el diagnóstico sea claro y allí esté el quirófano porque, por ejemplo, no hay personal suficiente a ciertas horas para ahorrar costes, aterra a cualquiera. Y puede suceder. Cada vez que recortamos en sanidad nos acercamos a que cosas similares, quizás menos graves en un primer momento, puedan suceder. Y es que si intentamos atribuir las reglas del mercado, de la empresa o de los beneficios a asuntos como la sanidad, la educación o los servicios sociales en general, siempre nos dará como resultado que hay que reducir costes para que sean rentables.
Lógicamente. Los servicios sociales no tienen que ser rentables empresarialmente hablando, tienen que ser rentables socialmente. Tienen que educar a nuestros hijos de la mejor manera posible aunque no puedan pagar esa educación. Tienen que curar, cuidar y trabajar por nuestros enfermos o nuestros mayores aunque su pensión sea baja. Y sí, aunque esto aumente el déficit y la deuda de un país.
Ya buscaremos otras fórmulas para ahorrar o, como creo que no se hace hoy en día, fórmulas para ingresar más. Por lo tanto, no necesitamos esperar para saber si la justicia ve relación o no entre los hechos que comentamos. Ya podemos empezar a decir que no queremos que nuestros hijos e hijas tengan menos profesores porque esto, irremediablemente, afectará a la calidad de su educación.
No podemos esperar para reclamar que el gasto sanitario no tiene que reducirse sino que habrá que, como mínimo, mantenerlo y aumentarlo en la medida de lo posible. No podemos permitir caminar más por el camino del recorte, del ajuste o, ni tan siquiera, de la congelación. Debemos protestar contra estas actuaciones, protestar en la calle, en los hospitales, en las escuelas o donde corresponda. Educadamente, pero protestar. Y también debemos protestar en las urnas el próximo 20 de noviembre, pero sin olvidar que habrá más momentos en el futuro, por desgracia, en que tendremos que decir que no, que los derechos construidos y alcanzados por nuestros antepasados no se pueden dilapidar en nombre de los mercados.
