05/03/2018 / 18:35
J. Pastrana


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Un estudio demuestra que el trasvase impulsó la despoblación en los municipios ribereños


El  presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, ha presentado un Estudio de los Impactos Socioeconómicos del Trasvase Tajo-Segura sobre los Municipios Ribereños. “Un estudio que nos va a dar una idea muy clara del impacto que ha tenido el trasvase sobre la economía y la población en los 38 años que se ha estado derivando agua de los embalses”, indicó el también alcalde de Sacedón.

 

Los tres autores del estudio han sido Enrique San Martín, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED; Beatriz Larraz, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UCLM; y Nuria Hernández-Mora, Consultora independiente. Además, el estudio se complementa con un informe hidrológico sobre la gestión de Entrepeñas y Buendía realizado por Miguel Ángel Sánchez Pérez,  Miembro del Grupo de Investigación del Tajo.

 

El informe analiza distintos aspectos, desde el crecimiento demográfico hasta el económico y, sobre todo, deja clara la diferencia que supuso la puesta en marcha del trasvase para los municipios ribereños. Tal y como recordó Torrecilla, la construcción de los embalses supuso la inundación de muchas vegas fértiles de la Alcarria. Sin embargo, parecía que las pérdidas que iba a sufrir en el mundo agrario quedarían compensadas por los beneficios generados a través del turismo. El entonces llamado Mar de Castilla, a escasos kilómetros de Madrid, se tradujo en el planeamiento de numerosos desarrollos urbanísticos durante las décadas de los 60 y 70. Por desgracia, la década de los 80 trajo consigo la puesta en marcha del trasvase y el volumen de los embalses descendió desde el 66 por ciento al 29. “Podemos hacernos una idea de la diferencia que hay entre tener una lámina estable de casi el 70 por ciento a prácticamente de un 30 (…) En Sacedón supone pasar de tener el agua en los pies del paseo marítimo a que esté a varios kilómetros de distancia”.

 

La sucesiva aprobación de derivaciones ha supuesto, además, una violación de las propias normas del trasvase, ya que en ella, recordó Torrecilla, se priorizan las necesidades de la cuenca cedente sobre la receptora. Esto implica que, al igual que en el embalse de San Juan, se deberían tener en cuenta las necesidades hídricas para mantener los usos lúdicos y turísticos del pantano, ya que tienen prioridad.  “Según la legislación, sólo se pueden trasvasar las aguas excedentarias”, recalcó el presidente de la Asociación, algo que recalcó una de las autoras del estudio: Nuria Hernández-Mora: “Los usos recreativos son prioritarios a cualquier trasvase, pero eso no se ha respetado en 40 años de derivaciones”.

 

 

Sin barreras contra la despoblación

A la hora de explicar el impacto que ha tenido esta gestión trasvasista de los embalses, el estudio plantea una comparación con un caso similar: el embalse de San Juan, en Madrid. Perdida de potencial de desarrollo. Para evaluarlo, se compara con los embalses de San Juan en la cabecera del río Alberche, en Madrid. “Esto nos permite ver la diferencia que hay entre gestionar un embalse de forma sostenible y no hacerlo (…) Es muy importante mantener una lámina estable que pueda servir para garantizar el desarrollo”. Así, entre los años 1981 y 2016, la población de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía registró un descenso del 21,3 por ciento, mientras que en el mismo periodo, los ribereños de San Juan experimentaron un crecimiento poblacional del 98,9. “Esto nos ha llevado a unos municipios con una densidad de 6,3 habitantes por kilómetro cuadrado, situando la zona entre las más despobladas de España”, apuntó Beatriz Larraz, responsable del análisis demográfico del estudio.

 

Los datos recogidos dentro de la misma provincia demuestras que el agua había sido un freno para la despoblación. Entre 1960 y 1981, todo el medio rural perdió población, pero en los municipios hubo en descenso del 38,7, 13 puntos inferior al registrado en el resto del medio rural. Sin embargo, entre 1981 y 2016 la situación dio la vuelta. Los ribereños perdieron un 21 por ciento de población. El resto del medio rural, tan sólo un 9. Si se hiciera una gestión sostenible del embalse, como ha ocurrido en el caso de San Juan, Torrecilla calcula que la población en los municipios ribereños podrían ser de hasta 50.000 vecinos.

 

Un motor de desarrollo perdido

A través de este informe también se puede comprobar cómo los trasvases han supuesto un duro golpe para los negocios turísticos de la zona, que han tenido que ir cerrando sus puertas. Sólo desde 2010 han cerrado un 30 por ciento de negocios y se han perdido un 50 por ciento de las plazas de alojamiento turístico, unas 700. Como consecuencia de ello, el nivel de renta de los ribereños es hasta un 22 por ciento inferior al del resto de los municipios rurales. “El trasvase truncó de manera fulminante el proceso de desarrollo iniciado con la construcción de los embalses, provocando el declive poblacional y económica de la zona”.

 

 

Infraestructuras incompletas

Tal y como recordó Torrecilla, ya cuando se proyectó el trasvase, consciente del impacto negativo que tendría en la zona, el Estado contempló una serie de infraestruturas que debían servir para garantizar tanto el transporte como el abastecimiento de los municipios ribereños. Sin embargo, 50 años después, aún hay localidades que dependen de las cisternas para suministrar agua a sus vecinos, sobre todo durante el verano. Y lo mismo ocurre con las vías de comunicación, algunas de las cuales han tardado 40 años en llegar. “Nunca ha sido una prioridad de la administración garantizar el desarrollo de estas poblaciones”, indica Nuria Hernández Roca, una de las autoras del estudio.  

 

Un ejemplo negativo

Enrique San Martín, responsable del análisis económico, aclaró que el impacto positivo del trasvase es algo que “no se ha estudiado hasta ahora, no fuera a ser que no fuera real. No hay análisis integrales de rentabilidad, porque analizan sólo el impacto en la cuenca receptora, pero no el negativo en la cedente”, algo que ha quedado patente en el caso de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. Por eso, indicó que su intención ahora es dar a conocer los resultados de este estudio académico a través de artículos y conferencias nacionales e internacionales. “La idea que sirva de ejemplo de cómo no se debe gestionar un embalse”. Además, advierte que el Pacto Nacional del Agua no puede pasar por construir nuevos trasvases. “El pacto no puede ser replicar un modelo insostenible en toda España porque ya sabemos a qué nos va llevar, justo lo que estamos viendo aquí”.  

 

 

 


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