El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al nuevo reglamento de caza, una de las medidas comprometidas dentro del Pacto Regional por la Caza, con el que pretende actualizar las normas que regulan una actividad que mueve 963,3 millones de euros al año, representa el 2,1% del PIB regional y genera unos 21.800 empleos.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha defendido la importancia económica de la actividad cinegética y ha señalado que el nuevo texto busca ofrecer "la seguridad jurídica necesaria" y garantizar al mismo tiempo su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad.

Entre las novedades figura un procedimiento para incorporar a los cotos parcelas cuyos propietarios sean desconocidos o resulte imposible localizar, una circunstancia que hasta ahora dificultaba la gestión de estos terrenos.

En estos casos, la incorporación podrá realizarse previa publicación en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con el objetivo de garantizar los derechos de los propietarios antes de integrar esas parcelas en el coto.

La norma también simplifica la acreditación de determinados derechos cinegéticos y modifica el procedimiento para quienes se incorporen por primera vez a la actividad.

Las entidades encargadas de impartir la formación deberán entregar el carné al finalizarla, evitando que el nuevo cazador tenga que esperar durante meses para disponer de la acreditación.

A ello se suman nuevas herramientas de gestión electrónica y trazabilidad para facilitar los procedimientos y el seguimiento de las piezas de caza.

Otro de los apartados regula el control de poblaciones de especies, estableciendo cuándo deben adoptarse medidas ante situaciones de sobreabundancia, las responsabilidades de los gestores cinegéticos y los supuestos en los que se podrá intervenir también en terrenos no cinegéticos.

Padilla ha defendido que el objetivo es que la caza se practique de manera "ordenada y sostenible" y contribuya al futuro del territorio.

PLAN PARA RECUPERAR LA ALONDRA RICOTÍ

En materia medioambiental, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el plan de recuperación de la alondra ricotí, un ave esteparia amenazada cuya conservación está estrechamente vinculada al mantenimiento de su hábitat.

El nuevo decreto declara zonas sensibles las áreas consideradas críticas para su supervivencia e incorpora la especie como "en peligro de extinción" en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

Según ha indicado Padilla, la especie mantiene presencia en zonas de Guadalajara, Cuenca y Albacete, por lo que el plan establecerá las medidas dirigidas tanto a su recuperación como a la protección de los hábitats necesarios para su supervivencia.

6,7 MILLONES PARA LAS CARRETERAS

Por último, el Ejecutivo castellanomanchego ha autorizado una inversión de 6,7 millones de euros para mejorar el drenaje y los márgenes de las carreteras autonómicas.

El acuerdo tendrá una duración de tres años y permitirá actuar en el conjunto de la red regional con trabajos relacionados con las cunetas, la vegetación y otros elementos que pueden afectar a la seguridad vial.

Padilla ha incidido en que la seguridad de una carretera no depende únicamente del estado del firme, sino también de que las señales sean visibles, la vegetación no provoque problemas y las cunetas tengan capacidad para evacuar correctamente el agua cuando se producen lluvias intensas, especialmente ante episodios meteorológicos cada vez más extremos.