Aguirre (PP) quiere saber cómo afecta a la provincia la política de recortes de Zapatero

29/09/2011 - 11:53 FCV

El diputado nacional del PP por Guadalajara, Ramón Aguirre, recalca que “la gestión de Zapatero y Rubalcaba en España, y del gobierno saliente de Barreda en la región, ha estado protagonizada por un conjunto de recortes en la política del Estado de Bienestar”.

El diputado nacional del PP por Guadalajara, Ramón Aguirre, asegura que “la gestión de estos últimos años ha estado protagonizada por un conjunto de recortes en la política del Estado de Bienestar llevados a cabo por el Gobierno en España de Zapatero y Rubalcaba y por el ejecutivo saliente de Barreda”. Asimismo, advierte que “esa gestión en el caso de Guadalajara ha influido con un gran impacto sobre todo lo relacionado con las inversiones en infraestructuras”. En este sentido, espera que el Gobierno conteste a 50 preguntas que ha realizado días atrás “con el objeto de conocer con certeza el estado de las obras del tercer carril de la A-2, la unión de la A-1 con la A-2, la variante de la A-2, la Autovía de la Alcarria y el desdoblamiento de la N-211, para saber en qué ha afectado la política de recortes a las inversiones pendientes en Guadalajara”. El plazo de respuesta –recalca- “no debe superar los 30 días, antes del comienzo de la campaña electoral”.
Aguirre hace un repaso por los errores que ha cometido el Gobierno de Zapatero a lo largo de esta legislatura y que han conducido a la situación actual de estancamiento de la economía y riesgo de recesión. El primero de ellos –ilustra- es “la insistente negación de Zapatero de reconocer la existencia de una crisis que se ha convertido en una clarísima recesión”. El segundo, anunciar los “brotes verdes que aún no han aparecido”, lo que, a su juicio, “escenifica la nula credibilidad de Zapatero y Rubalcaba”. La combinación de ambos errores –entiende- “ha hecho un daño irreparable a la economía española”. En medio de lo que define como “baile de la yenka”, “se han aplicado soluciones políticas claramente incorrectas, aumentando el gasto público y el endeudamiento”.
Todas estas actuaciones –recuerda- han derivado en que en mayo de 2010 el Gobierno se haya visto obligado a cambiar el rumbo de sus políticas por imposición de la UE, prosigue, y haya tenido que recortar las pensiones y el salario de todos los funcionarios, la caída de los recursos para las políticas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales en un 8% en los presupuestos de 2011; de los recursos para discapacitados, en un 80%; y de los recursos de la Ley de Dependencia en un 10%.
En Castilla-La Mancha –critica- “las políticas socialistas de Barreda han dejado facturas pendientes de pago escondidas por valor de 2.800 millones de euros y la deuda que ha dejado a los bancos asciende a 7.000 millones de euros”. A ello se suma “que durante 2011 el Gobierno saliente ha dejado sin pagar la ayuda a la dependencia, residencias de mayores y transporte escolar, por un importe que asciende a 75 millones de euros”. Aguirre asegura que “la gestión ha estado protagonizada por un conjunto de recortes en políticas del Estado del Bienestar tanto por parte de Zapatero, como de Barreda, que en Guadalajara han tenido un gran impacto en inversiones en infraestructuras”.
Aguirre dibuja un panorama desolador para el futuro inmediato del país: “España se encamina de forma decidida al 22% de paro al cierre del año y a un número desbordado de desempleados que ascenderá a cinco millones”. Todo ello implicará –asegura- “la desaparición de autónomos y Pymes, que suponen el 80% del empleo que se genera”. Esta situación viene derivada “del crecimiento cero, a lo que se suma una inflación descontrolada, que ha vuelto a dispararse con un incremento del 3,1%, lo que dibuja un círculo pernicioso de estancamiento”.
El parlamentario nacional estima que “el tejido empresarial está acorralado e inmovilizado” debido a varias razones. La primera de ellas –indica- es “la inexistencia de actividad económica”, a lo que se suma el hecho de que “sigue sin fluir el crédito bancario, hay una altísima morosidad en las administraciones públicas, principalmente procedente de ayuntamientos y comunidades autónomas, y a la fiscalidad que promueve el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba, hostil y desfavorable al tejido empresarial”.