AI denuncia que Estados y empresas abren la puerta a la impunidad
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Justicia
Muchos Estados del mundo, sobre la base del poder, la politización de la justicia, la falsa solidaridad de unos gobiernos con otros gobiernos que violan los Derechos Humanos (DDHH) y no con sus víctimas, así como las empresas que violan estos derechos en el exterior con impunidad, han abierto una brecha en la justicia global por donde se cuela la impunidad, según el Informe 2010 de Amnistía Internacional (AI) sobre los DDHH en el mundo.
Durante la presentación del informe, el director de AI en España, Esteban Beltrán, dijo que, con todo, 2009 fue un año histórico para la justicia internacional, entendida como que todo el mundo debe rendir cuentas si ha cometido violaciones de los DDHH.
Por ejemplo, al finalizar el año, 110 Estados habían ratificado el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI) y Bangladesh en 2010 y más de 40 Estados habían promulgado leyes que otorgaban a sus tribunales nacionales jurisdicción sobre crímenes de Derecho Internacional.
Por primera vez, un jefe de Estado en activo, el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, fue objeto de una orden de detención del TPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Otro avance fue la condena del ex presidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad.
La organización resalta igualmente la firma el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que permite que una persona presente un recurso internacional por violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en su país.
Según el secretario general interino de Amnistía, Claudio Cordone, en la brecha abierta por los gobiernos en la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza.
Casos concretos
Uno de los casos en los que los gobiernos dieron prioridad a la justicia frente a la política es, según AI, la negativa de la Unión Africana a colaborar con el TPI, pese a la pesadilla de violencia que han sufrido cientos de miles de personas en Darfur, para cumplir la orden de arresto contra Al Bashir.
Otro ejemplo es la parálisis del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto a Sri Lanka a pesar de los posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas gubernamentales y por los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil.
Otro problema es la politización de la justicia. A veces las autoridades de un país no ven a nadie que cometa abusos contra los Derechos Humanos y otras veces ven muchos, manifestó el director de AI en España, que añadió que en ocasiones unos gobiernos se alían con otros para intentar huir de la justicia universal.
Esta brecha que existe en la justicia internacional puede aumentar si las empresas no rinden cuentas por las violaciones de DDHH que cometen. Operan en una economía global sin que exista un Estado de Derecho global, criticó.
Un ejemplo que ilustra este fenómeno es la impunidad de la que goza, 25 años después, la empresa estadounidense responsable de la fuga que se produjo en 1984 en una fábrica de pesticidas en Bhopal (India) y que causó la muerte de miles de personas y problemas de salud a centenares de miles.
Para poder cerrar esa brecha, AI propone que se responsabilice a los Estados que no garantizan a sus ciudadanos el derecho a la educación, a una vivienda digna o a la sanidad, así como que todos los países ratifiquen el Estatuto de Roma del TPI, que se proteja a los defensores de los DDHH y se garantice el acceso de las víctimas a la justicia por abusos cometidos por empresas.
LOS ABUSOS EN CIFRAS
Las investigaciones de AI registran casos de tortura y otros malos tratos en al menos 111 países, juicios injustos en al menos 55, restricciones a la libertad de expresión en no menos de 96 y presos de conciencia encarcelados en un mínimo de 48. Además, organizaciones y defensores de los DDHH sufrieron ataques en muchos países, y los gobiernos les impidieron llevar a cabo su trabajo o no los protegieron.
El presidente de la Amnistía en España, Alfonso López Borgoñoz, hizo hincapié en los países del G-20 al precisar que en el mundo hay 81 países que no han ratificado el Estatuto Roma, y en el G-20, siete; que el 30 por ciento de los países tienen presos de conciencia, y en el G-20, el 42; que la libertad de expresión está restringida en el 60 por ciento de las naciones del mundo y en el 53 por ciento de las que forman el G-20; y que a nivel mundial hay juicios injustos en el 53 por ciento de los países, al igual que en el 47 por ciento de los 20 más poderosos.
El informe señala que en Arabia Saudí, Siria y Túnez hubo una constante intolerancia de los gobiernos hacia las críticas; y en Irán, una creciente represión. En Asia, el Gobierno chino aumentó la presión sobre quienes cuestionaron su autoridad, mientras que miles de personas huyeron de la represión y las penurias económicas en Corea del Norte y Birmania.
En parte de Europa y Asia Central se redujo el espacio para la sociedad civil y las voces independientes, y la libertad de expresión se reprimió injustamente en Rusia, Turquía, Turkmenistán, Azerbaiyán, Bielorrusia y Uzbekistán, según el estudio.
Por ejemplo, al finalizar el año, 110 Estados habían ratificado el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI) y Bangladesh en 2010 y más de 40 Estados habían promulgado leyes que otorgaban a sus tribunales nacionales jurisdicción sobre crímenes de Derecho Internacional.
Por primera vez, un jefe de Estado en activo, el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, fue objeto de una orden de detención del TPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Otro avance fue la condena del ex presidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad.
La organización resalta igualmente la firma el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que permite que una persona presente un recurso internacional por violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en su país.
Según el secretario general interino de Amnistía, Claudio Cordone, en la brecha abierta por los gobiernos en la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza.
Casos concretos
Uno de los casos en los que los gobiernos dieron prioridad a la justicia frente a la política es, según AI, la negativa de la Unión Africana a colaborar con el TPI, pese a la pesadilla de violencia que han sufrido cientos de miles de personas en Darfur, para cumplir la orden de arresto contra Al Bashir.
Otro ejemplo es la parálisis del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto a Sri Lanka a pesar de los posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas gubernamentales y por los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil.
Otro problema es la politización de la justicia. A veces las autoridades de un país no ven a nadie que cometa abusos contra los Derechos Humanos y otras veces ven muchos, manifestó el director de AI en España, que añadió que en ocasiones unos gobiernos se alían con otros para intentar huir de la justicia universal.
Esta brecha que existe en la justicia internacional puede aumentar si las empresas no rinden cuentas por las violaciones de DDHH que cometen. Operan en una economía global sin que exista un Estado de Derecho global, criticó.
Un ejemplo que ilustra este fenómeno es la impunidad de la que goza, 25 años después, la empresa estadounidense responsable de la fuga que se produjo en 1984 en una fábrica de pesticidas en Bhopal (India) y que causó la muerte de miles de personas y problemas de salud a centenares de miles.
Para poder cerrar esa brecha, AI propone que se responsabilice a los Estados que no garantizan a sus ciudadanos el derecho a la educación, a una vivienda digna o a la sanidad, así como que todos los países ratifiquen el Estatuto de Roma del TPI, que se proteja a los defensores de los DDHH y se garantice el acceso de las víctimas a la justicia por abusos cometidos por empresas.
LOS ABUSOS EN CIFRAS
Las investigaciones de AI registran casos de tortura y otros malos tratos en al menos 111 países, juicios injustos en al menos 55, restricciones a la libertad de expresión en no menos de 96 y presos de conciencia encarcelados en un mínimo de 48. Además, organizaciones y defensores de los DDHH sufrieron ataques en muchos países, y los gobiernos les impidieron llevar a cabo su trabajo o no los protegieron.
El presidente de la Amnistía en España, Alfonso López Borgoñoz, hizo hincapié en los países del G-20 al precisar que en el mundo hay 81 países que no han ratificado el Estatuto Roma, y en el G-20, siete; que el 30 por ciento de los países tienen presos de conciencia, y en el G-20, el 42; que la libertad de expresión está restringida en el 60 por ciento de las naciones del mundo y en el 53 por ciento de las que forman el G-20; y que a nivel mundial hay juicios injustos en el 53 por ciento de los países, al igual que en el 47 por ciento de los 20 más poderosos.
El informe señala que en Arabia Saudí, Siria y Túnez hubo una constante intolerancia de los gobiernos hacia las críticas; y en Irán, una creciente represión. En Asia, el Gobierno chino aumentó la presión sobre quienes cuestionaron su autoridad, mientras que miles de personas huyeron de la represión y las penurias económicas en Corea del Norte y Birmania.
En parte de Europa y Asia Central se redujo el espacio para la sociedad civil y las voces independientes, y la libertad de expresión se reprimió injustamente en Rusia, Turquía, Turkmenistán, Azerbaiyán, Bielorrusia y Uzbekistán, según el estudio.
