Bárcenas, “muy contento” tras declarar ante el Tribunal Supremo durante tres horas

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
‘CASO GÜRTEL’
Luis Bárcenas acudió a la sede del Tribunal Supremo para declarar por su presunta relación con el entramado de corrupción conocido como caso Gürtel. Tras tres horas ante el juez instructor, Francisco Monterde, y el fiscal, Juan Ignacio Campos, el senador popular abandonó el tribunal y declaró a los medios de comunicación congregados que estaba “muy contento por haber podido declarar y por aportar las pruebas que demuestran mi inocencia”.
Bárcenas, el primero de los aforados que llama a declarar el juez instructor del caso, llegó a la sede del Alto Tribunal a las diez menos diez de la mañana pese haber sido citado a las once. Allí, dijo encontrarse “absolutamente tranquilo” al enfrentarse al interrogatorio. Cuando se disponía a entrar en el edificio, el tesorero del PP “pitó” cuando cruzaba el arco de seguridad, por lo que tuvo que poner las manos en cruz mientras los policías comprobaban a qué se debía el aviso, momento que aprovecharon los fotógrafos para dejar constancia gráfica de esta anécdota.
El político popular abandonó el edificio en torno a las 2 de la tarde, acompañado de sus abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero, con quienes se montó en un vehículo oscuro que abandonó de inmediato la Plaza de la Villa de París. La declaración de Bárcenas creó una gran expectación entre los profesionales de la información, que bloqueó la salida del tesorero, en la que hubo empujones y caídas. En total se acumularon hasta 70 personas entre redactores, cámaras de televisión y fotógrafos.
Este jueves será el turno del diputado del PP, Jesús Merino, pese a que su abogado defensor, Luis Rodríguez Ramos, solicitó un aplazamiento por tener otra cita judicial comprometida en la misma fecha. La citación de Bárcenas se concretó el pasado viernes, después de que el instructor recibiera y analizara los testimonios de diversas actuaciones referidas a los dos aforados, Bárcenas y Merino, que obraban en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que investiga parte de la trama que lidera Francisco Correa.

Pruebas documentales
Según fuentes populares, Bárcenas tiene claro que él no es el “L.B.” que aparece en el sumario y así se lo ha transmitido al magistrado Monterde. Hace una semana ya avanzó en una entrevista a ABC que se defenderá de la acusación con pruebas documentales para justificar sus inversiones patrimoniales. Del mismo modo, anunció que si pasa a estar imputado formalmente o se pidiera el suplicatorio a la Cámara correspondiente, abandonaría transitoriamente su puesto en el partido.
Los letrados que representan a Bárcenas solicitaron en dos ocasiones al Tribunal Supremo que llamasen a declarar a su cliente debido a la “situación de indefensión” y la “repercusión mediática” de las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en relación con el caso Gürtel. Además, desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo en 2002, los parlamentarios pueden participar en las diligencias previas sin necesidad de solicitar suplicatorio ante la Cámara.
El Supremo admitió la investigación a los dos aforados el pasado 25 de junio y dejó el resto del caso al TSJM. Respecto de Bárcenas, el magistrado señala en su auto que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso perteneciente a la red de Correa y las que resultan de la contabilidad intervenida “son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico” del aforado. Además, destaca que Bárcenas “se identifica” en los documentos “con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellidos, con su apellido o con la expresión Luis ‘el cabrón’ empleada en la causa”.

“Obsesión errónea”
Por su parte, Ricardo Costa expresó su “respeto absoluto” a la decisión del TSJCV de rechazar el recurso de apelación presentado por el PSOE valenciano en el que solicitaban que se incorporara a la causa la declaración de varios consellers, ex consellers y altos cargos de la Generalitat que contrataron con Orange Market y Easy Concept, dos de las empresas investigadas en la causa. A juicio del dirigente popular, “el partido socialista, y van cinco veces, demuestra su obsesión errónea en este proceso”.
Del mismo modo, Costa instó al PSOE de la Comunidad Valenciana a que “deje de judicializar la vida política y emplee esas energías tan importantes que demuestra en este tema en, por ejemplo, ayudar al Gobierno valenciano a solicitar la financiación que necesitan los servicios básicos de esta comunidad”. Además, hizo hincapié en que, tras conocer el auto de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal, “el partido socialista debería sentarse a hacer un brainstorm --tormenta de ideas-- y ver si esto le sirve de reflexión”.
Igualmente, se refirió a las declaraciones realizadas por la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, en las que señaló que “el problema no son si se reciben o no se reciben regalos”, sino “la cuantía de esos regalos y las cuantiosas contraprestaciones públicas que dan esos regalos”. Así, contestó que no sabe si Pajín “no se ha enterado de que aquí los jueces dicen que no hay relación ninguna entre presuntas actuaciones y contrataciones en la Administración” o “simplemente está haciendo una batida de montería”.
Por su parte, el portavoz del PSOE de la Comunidad valenciana en las Corts, Ángel Luna, anunció que su partido se verá “obligado a ir al Tribunal Constitucional” si la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV vuelve a rechazar el tercero de los recursos de apelación que han presentado. Luna entiende que se produce “una vulneración de nuestro derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución”.
La Sala ya ha rechazado dos recursos presentados por la acusación popular, representada por el PSOE valenciano, y aún falta el pronunciamiento en torno a la ampliación de diligencias ya rechazado por el instructor, José Flors, con la que se anularía la transformación en un procedimiento en base a Ley del Jurado y se practicarían nuevas pruebas documentales y testificales.