Braulio Carlés demanda, "con urgencia", una reunión con representantes del nuevo Gobierno regional

20/06/2011 - 14:47

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Braulio Carlés, una de las almas máter de la colaboración social de las Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, ha sido nombrado presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha. Desde su nuevo cargo, Carlés ha realizado hoy mismo un llamamiento, “con urgencia”, al Gobierno regional para propiciar un encuentro con sus nuevos responsables, ya que existe una deuda millonaria –de al menos 20 millones de euros, sostiene– con muchas de las organizaciones sociales que trabajan con los más desafavorecicos.
 
La deuda con las organizaciones sociales asciende a más de 20 millones de euros, según Carlés
Desde hace sólo unos días, Braulio Carlés, responsable de Accem en Guadalajara –entre otros muchos cargos– ostenta la presidencia de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha, una organización encuadrada en una red estatal que nació como una nueva forma de entender la intervención social para desarrollar un método de trabajo más eficaz y operativo para las ONG. Actualmente la conforman 38 entidades no lucrativas de toda la región y de todos los ámbitos: fundaciones, federaciones, asociaciones locales, sindicatos, ONG de implantación nacional, etc. Todas tienen un componente común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

La nueva responsabilidad de Carlés ha sido presentada hoy en Guadalajara por el responsable estatal de EAPN, Carlos Susías, que presentaron alalimón un seminario sobre personas en riesgo de exclusión celebrado ayer en la capital alcarreña

Durante ese momento, el nuevo presidente de EAPN de Castilla-La Mancha ha solicitado, “con urgencia”, una reunión con los nuevos responsables del Gobierno regional “para reorientar una situación que es complicada”, ya que, sostiene, la deuda que mantiene la Junta con estas organizaciones sociales que trabajan con los más desfavorecidos asciende, al menos a 20 millones de euros. Ello, asegura, pone en peligro la continuidad de muchas de ellas, sobre todo las que cuentan con menos recursos.