Bruselas dice que no tiene competencias para obligar a España a reforzar su lucha contra ataques neonazis en Valencia
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La Comisión Europea afirmó hoy que no tiene competencias para obligar a España a reforzar su lucha contra ataques neonazis contra partidos políticos y ONGs en la Comunidad Valenciana, aunque recordó que la legislación de la UE obliga a los Estados miembros a castigar con sanciones penales los delitos de carácter racista y xenófobo.
El Ejecutivo comunitario respondió así a una pregunta parlamentaria presentada por el eurodiputado de Convergència i Unió (CiU), Ramon Tremosa. En su interpelación, Tremosa denunciaba que los partidos políticos 'Bloque Nacionalista Valenciano' e 'Izquierda Republicana de Valencia', la ONG 'Comisión Española de Ayuda al Refugiado' (CEAR), organizaciones juveniles separatistas catalanas como 'Endavant' o el centro social 'La Quimera de Mislata' están siendo víctimas desde 2002 de "una ola de violencia, intimidación y atentados con explosivos o cócteles Molotov contra sus sedes, simpatizantes y representantes".
El eurodiputado de CiU asegura que "los autores de estos actos delictivos han quedado hasta ahora totalmente impunes y el Gobierno español no ha actuado con suficiente firmeza para detener esta violencia injustificable". "Las víctimas de estos actos se sienten indefensas y piden a los órganos institucionales y fuerzas de seguridad del Estado que pongan fin a esta prolongada ola de violencia", señala.
Por todo ello, Tremosa preguntaba al Ejecutivo comunitario qué medidas piensa adoptar contra el Gobierno español "con el fin de evitar que Valencia siga siendo un paraíso para los activistas neonazis".
En su respuesta, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, recuerda en primer lugar que, según el Tratado, "el respeto de los derechos fundamentales es uno de los valores en los que se asienta la UE".
No obstante, Barrot resalta que la Comisión "no tiene competencias para actuar específicamente contra el extremismo y los partidos políticos de extrema derecha o en incidentes como los que describe su señoría". "Las autoridades nacionales, incluida la policía y los tribunales, siguen siendo las responsables de que se respeten y protejan los derechos fundamentales de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones internacionales del país", añade.
En todo caso, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario señala que si estos incidentes contienen elementos racistas o xenófobos sería aplicable la norma europea que obliga a luchar contra estas manifestaciones mediante sanciones penales.
Según esta norma, "todo Estado miembro está obligado a castigar la incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico", recuerda Barrot.
Además, los Estados miembros tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar que la motivación racista y xenófoba se considere como una circunstancia agravante, o bien que los tribunales tengan en cuenta dicha motivación a la hora de determinar las sanciones.
"La Comisión prestará especial atención a la correcta incorporación y aplicación de esta decisión marco por parte de todos los Estados miembros, que debe haber culminado el 28 de noviembre de 2010", concluye Barrot.
El eurodiputado de CiU asegura que "los autores de estos actos delictivos han quedado hasta ahora totalmente impunes y el Gobierno español no ha actuado con suficiente firmeza para detener esta violencia injustificable". "Las víctimas de estos actos se sienten indefensas y piden a los órganos institucionales y fuerzas de seguridad del Estado que pongan fin a esta prolongada ola de violencia", señala.
Por todo ello, Tremosa preguntaba al Ejecutivo comunitario qué medidas piensa adoptar contra el Gobierno español "con el fin de evitar que Valencia siga siendo un paraíso para los activistas neonazis".
En su respuesta, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, recuerda en primer lugar que, según el Tratado, "el respeto de los derechos fundamentales es uno de los valores en los que se asienta la UE".
No obstante, Barrot resalta que la Comisión "no tiene competencias para actuar específicamente contra el extremismo y los partidos políticos de extrema derecha o en incidentes como los que describe su señoría". "Las autoridades nacionales, incluida la policía y los tribunales, siguen siendo las responsables de que se respeten y protejan los derechos fundamentales de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones internacionales del país", añade.
En todo caso, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario señala que si estos incidentes contienen elementos racistas o xenófobos sería aplicable la norma europea que obliga a luchar contra estas manifestaciones mediante sanciones penales.
Según esta norma, "todo Estado miembro está obligado a castigar la incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico", recuerda Barrot.
Además, los Estados miembros tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar que la motivación racista y xenófoba se considere como una circunstancia agravante, o bien que los tribunales tengan en cuenta dicha motivación a la hora de determinar las sanciones.
"La Comisión prestará especial atención a la correcta incorporación y aplicación de esta decisión marco por parte de todos los Estados miembros, que debe haber culminado el 28 de noviembre de 2010", concluye Barrot.