Cataluña deberá impartir la tercera hora de castellano
01/10/2010 - 09:45
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó a la Consejería de Educación que a partir de septiembre las escuelas apliquen la tercera hora de castellano en la Educación Primaria.
Así, numerosas escuelas de la Generalitat deberán comenzar a cumplir el decreto estatal que obliga a esta tercera hora en castellano, puesto que el 95 por ciento de los centros escolares lo incumple al no alcanzar el mínimo de horas de enseñanza de castellano o en lengua castellana.
Que Educación adopte las medidas necesarias para garantizar en lo sucesivo, y a partir del inicio del curso escolar 2008-2009 el estricto cumplimiento de la impartición del número de horas total destinadas al área de lengua castellana, hasta alcanzar un número global de 665 horas, identificando las materias que se ofrezcan en lengua castellana. Esto es lo que requiere el texto de la Sección Quinta de la Sala Contencioso-administrativa del TSJC.
De esta forma, el auto estima en parte el recurso que presentó Conciencia Cívica Catalana (CCC), que solicitó la suspensión del decreto de la Generalitat de junio de 2007 que desplegaba el Real Decreto sobre las enseñanzas mínimas en Primaria de diciembre de 2006, sobre las horas de lengua y literatura castellana. Sin embargo, el alto tribunal afirmó que dicha petición no puede ser aceptada.
Según el decreto estatal, las escuelas de Primaria de la Generalitat deben impartir un total de 665 horas en castellano, lo que supone tres horas a la semana. Sin embargo, el decreto catalán señala que esta tercera hora no es obligatoria por lo que muchos centros imparten 420 horas de lengua y 245 más de estructuras lingüísticas comunes, que suelen impartirse en catalán, sumando así 665.
Sin embargo, el texto estatal alega que si las estructuras lingüísticas comunes se imparten en catalán, la asignatura de castellano u otra impartida en castellano deberá igualmente llegar a las 665 horas en toda la Primaria. Por ello, la Consejería de Educación emitió una orden el 20 de marzo de 2008 en la que ofrecía como plazo hasta el 30 de junio para dar a conocer su proyecto lingüístico, que debía incluir la tercera hora en castellano. No obstante, un escrito del presidente de la Generalitat, José Montilla, y el vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, consiguió retrasar un año este plazo.
Que Educación adopte las medidas necesarias para garantizar en lo sucesivo, y a partir del inicio del curso escolar 2008-2009 el estricto cumplimiento de la impartición del número de horas total destinadas al área de lengua castellana, hasta alcanzar un número global de 665 horas, identificando las materias que se ofrezcan en lengua castellana. Esto es lo que requiere el texto de la Sección Quinta de la Sala Contencioso-administrativa del TSJC.
De esta forma, el auto estima en parte el recurso que presentó Conciencia Cívica Catalana (CCC), que solicitó la suspensión del decreto de la Generalitat de junio de 2007 que desplegaba el Real Decreto sobre las enseñanzas mínimas en Primaria de diciembre de 2006, sobre las horas de lengua y literatura castellana. Sin embargo, el alto tribunal afirmó que dicha petición no puede ser aceptada.
Según el decreto estatal, las escuelas de Primaria de la Generalitat deben impartir un total de 665 horas en castellano, lo que supone tres horas a la semana. Sin embargo, el decreto catalán señala que esta tercera hora no es obligatoria por lo que muchos centros imparten 420 horas de lengua y 245 más de estructuras lingüísticas comunes, que suelen impartirse en catalán, sumando así 665.
Sin embargo, el texto estatal alega que si las estructuras lingüísticas comunes se imparten en catalán, la asignatura de castellano u otra impartida en castellano deberá igualmente llegar a las 665 horas en toda la Primaria. Por ello, la Consejería de Educación emitió una orden el 20 de marzo de 2008 en la que ofrecía como plazo hasta el 30 de junio para dar a conocer su proyecto lingüístico, que debía incluir la tercera hora en castellano. No obstante, un escrito del presidente de la Generalitat, José Montilla, y el vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, consiguió retrasar un año este plazo.