CCOO alerta de la desigual implantación autonómica de la ley de la dependencia
01/10/2010 - 09:45
Ha transcurrido un año desde que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) diera sus primeros pasos y a día de hoy su implantación marcha razonablemente en general, pero con grandes desigualdades entre unas autonomías y otras.
Ni el despliegue del paraguas asistencial para las personas dependientes es el mismo, ni tampoco los criterios de aplicación de las prestaciones. La llamada cuarta pata del estado del bienestar circula a distintas velocidades en cada comunidad, alerta un informe elaborado por el sindicato CCOO. Según el estudio, las previsiones diseñadas por el Gobierno se cumplen mal que bien en las grandes cifras. De las 374.000 solicitudes registradas en todo el país, la mitad se ha resuelto favorablemente. Unos 180.000 grandes dependientes los que necesitan ayuda diaria para valerse por sí mismos-, tienen reconocidos sus derechos, aunque no quiere decir que cuenten ya con la asistencia debida. Son los primeros a los que el SAAD tiene el mandato legal de atender, aunque a 5 de mayo sólo el 86,7% estaba atendido. Un retraso que, a juicio de CCOO, debe servir al menos para que las cosas se hagan bien.
Dos comunidades, Cataluña y Valencia rompen otro de los mandatos de la Ley de Dependencia. Canalizan las ayudas a través de cheques directos al usuario, en lugar de primar la prestación de servicios a sus dependientes con teleasistencia, plazas residenciales, centros de día, cuidadores a domicilio, etc,
La norma acepta la subvención directa como alternativa excepcional, para que el dependiente busque en el mercado los cuidados que las administraciones no puedan procurarle por falta de infraestructuras o de personal adecuado en estos primeros compases de implantación del sistema, que estará completo en 2015.En Cataluña, por cada euro que se destina a servicios, van a prestaciones económicas 1,7 euros. En Valencia sucede algo similar, y dedica casi lo mismo a servicios y prestaciones (24,7 millones de euros) que a ayudas económicas (20,8 millones de euros). Estamos muy vigilantes. Confiamos en que sea algo transitorio, pero no se puede consolidar ni extender a otras CCAA. Para Pura García, secretaria de Políticas Sociales del sindicato, es incompatible dar prestaciones económicas con generar empleo y crear infraestructuras de atención a la dependencia.
En el ejercicio 2007, las ayudas económicas vinculadas a un servicio, como sueldo por cuidados en el entorno familiar o para un asistente personal- se llevaron el 15,6% de los fondos aportados al SAAD por el gobierno central, algo más de 26 millones de euros. El 72% fue para financiar la prestación de servicios. El 3,9% sirvió para reforzar los equipos de valoración de la dependencia y gestión del SAAD.
Privatización
En este punto, CCOO denunció que Murcia y Valencia han privatizado de facto el trámite previo de valoración de los solicitantes de prestaciones por dependencia, la puerta del entrada en el sistema, lo que contraviene la Ley de Dependencia. Y Madrid, una de las comunidades que más trabas ha puesto a la entrada en funcionamiento del SAAD, hace también una lectura torticera de este punto, porque ha marginado a los servicios sociales municipales del diseño de los planes individuales de atención, a pesar de que son los más próximos al ciudadano.
El informe señala a Andalucía como la comunidad más ágil en activar todos los resortes del sistema y la que presta servicio a mayor número de sus grandes dependientes. Por encima de la media están también Aragón, La Rioja, Navarra y Cantabria. Las más rezagadas, en cambio, son Baleares, apenas un 19%, C. Valenciana (34,2%), Madrid (38%), Castilla y León (44%) y Canarias (47%).
En 2008 el SAAD contará con casi 1.500 millones de euros de presupuesto, financiados mitad y mitad por la administración general y las CCAA. El sistema tiene recursos suficientes para funcionar, opinó Pura García. Este año operarán ya las 16.300 nuevas plazas residenciales y de centros de día creadas a lo largo de 2007, de las que el 70% son de titularidad pública, sobre todo municipal, y concertadas el resto. También se incorporan al sistema 62.500 plazas residenciales que ya existían pero no se habían cerrado los conciertos pertinentes.
Dos comunidades, Cataluña y Valencia rompen otro de los mandatos de la Ley de Dependencia. Canalizan las ayudas a través de cheques directos al usuario, en lugar de primar la prestación de servicios a sus dependientes con teleasistencia, plazas residenciales, centros de día, cuidadores a domicilio, etc,
La norma acepta la subvención directa como alternativa excepcional, para que el dependiente busque en el mercado los cuidados que las administraciones no puedan procurarle por falta de infraestructuras o de personal adecuado en estos primeros compases de implantación del sistema, que estará completo en 2015.En Cataluña, por cada euro que se destina a servicios, van a prestaciones económicas 1,7 euros. En Valencia sucede algo similar, y dedica casi lo mismo a servicios y prestaciones (24,7 millones de euros) que a ayudas económicas (20,8 millones de euros). Estamos muy vigilantes. Confiamos en que sea algo transitorio, pero no se puede consolidar ni extender a otras CCAA. Para Pura García, secretaria de Políticas Sociales del sindicato, es incompatible dar prestaciones económicas con generar empleo y crear infraestructuras de atención a la dependencia.
En el ejercicio 2007, las ayudas económicas vinculadas a un servicio, como sueldo por cuidados en el entorno familiar o para un asistente personal- se llevaron el 15,6% de los fondos aportados al SAAD por el gobierno central, algo más de 26 millones de euros. El 72% fue para financiar la prestación de servicios. El 3,9% sirvió para reforzar los equipos de valoración de la dependencia y gestión del SAAD.
Privatización
En este punto, CCOO denunció que Murcia y Valencia han privatizado de facto el trámite previo de valoración de los solicitantes de prestaciones por dependencia, la puerta del entrada en el sistema, lo que contraviene la Ley de Dependencia. Y Madrid, una de las comunidades que más trabas ha puesto a la entrada en funcionamiento del SAAD, hace también una lectura torticera de este punto, porque ha marginado a los servicios sociales municipales del diseño de los planes individuales de atención, a pesar de que son los más próximos al ciudadano.
El informe señala a Andalucía como la comunidad más ágil en activar todos los resortes del sistema y la que presta servicio a mayor número de sus grandes dependientes. Por encima de la media están también Aragón, La Rioja, Navarra y Cantabria. Las más rezagadas, en cambio, son Baleares, apenas un 19%, C. Valenciana (34,2%), Madrid (38%), Castilla y León (44%) y Canarias (47%).
En 2008 el SAAD contará con casi 1.500 millones de euros de presupuesto, financiados mitad y mitad por la administración general y las CCAA. El sistema tiene recursos suficientes para funcionar, opinó Pura García. Este año operarán ya las 16.300 nuevas plazas residenciales y de centros de día creadas a lo largo de 2007, de las que el 70% son de titularidad pública, sobre todo municipal, y concertadas el resto. También se incorporan al sistema 62.500 plazas residenciales que ya existían pero no se habían cerrado los conciertos pertinentes.