CSI-F califica de “ensañamiento” las medidas de ahorro sanitario de Castilla-La Mancha

El sindicato critica que la reducción media de los salarios del personal del Sescam ronda el 7% alcanzado hasta el 10 o el 15% en el caso de algunos facultativos, mientras que “el resto de funcionarios y altos cargos se reducen sus salarios un 3%”, indicó el presidente de CSI-F en Guadalajara, José Luis Gismera, en rueda de prensa. “¿Eso es ejemplaridad?”, se pregunta.

A la discriminación salarial se une, según CSI-F, una modificación arbitraria de la jornada. “Mienten al decir que se amplía la jornada de 35 a 37,5 horas semanales, porque mantienen la jornada de 35 horas pero dicen que debemos 2,5 horas” para recuperarlas “cuándo y cómo la dirección crea oportuno”. “Es como volver a los tiempos de los campos de algodón”, concluyó el representante sindical.

Además de estas medidas de ahorro que inciden directamente sobre los profesionales, Gismera señaló otras tomadas por el Ejecutivo “que dañan gravemente el servicio que debe prestar el Sescam y que afectan sobre todo a los más débiles”, como la no sustitución de profesionales durante vacaciones, licencias, permisos o bajas laborales, dejando a algunos pueblos sin consulta médica y de enfermería durante este tiempo. “La mayoría de los municipios de Guadalajara no tendrán otro servicio que la atención a la urgencia durante más de dos meses al año”, afirmó.

El traslado de pacientes desde el Hospital de Guadalajara a otros centros se realiza ahora en una de las tres UVI móviles que cubren la provincia, cuando antes se realizaba con acompañamiento de un facultativo del centro, “con lo cual queda desatendida gran parte de la población provincial en caso de necesitar cualquier proceso grave el uso de una UVI”.

La espera para ser atendidos en el servicio de Urgencia ha subido de las 2,5 horas de media a las 5 debido, entre otras cosas, al cierre de camas, que se ha incrementado, según el sindicato, durante las vacaciones de Semana Santa.

El sindicato ve en todas esta medidas –“zafiedades disfrazadas de medidas de ahorro y austeridad”– la intención de degradar el servicio como excusa para, después, entregarlo a la gestión público-privada. Incluso, apunta CSI-F, que el Ejecutivo regional también podría externalizar la atención a enfermedades y accidentes laborales de los profesionales sanitarios que ahora se presta desde la propia Administración. Y se pregunta “¿Cómo es posible que sea rentable la explotación de hospitales por empresas privadas y sea a su vez un derroche si la explotación es pública?”.

Por todo ello, pide al Gobierno de María Dolores de Cospedal que priorice la gestión pública de la sanidad como un derecho universal. Por otro lado, desde el sindicato CSI-F afirman que están dispuestos a tomar las medidas de presión que consideren necesarias para que la negociación se abra, “no la mesa de negociación”, y en este sentido no descarta sumarse a la huelga del sector que desde los sindicatos médicos se vienen anunciando para mayo.

Preguntado por el copago, Gismera no lo considera necesario. “Hay que pensar dónde ahorrar y no siempre hay que hacerlo sobre lo que más se gasta, sino sobre lo más superfluo”, indicó.

En cuanto a las declaraciones del ministro sobre un posible pago progresivo de la asistencia en función de las rentas, se ha mostrado claro al apuntar que el Gobierno debería tener claro su planteamiento y haberlo dicho antes de las elecciones.