De la Vega subraya que el Gobierno siempre cumplió la ley en la gestión del Alakrana
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El Ejecutivo ha cumplido la ley de manera escrupulosa en la gestión del buque Alakrana. Ésta es una de las ideas en las que más hincapié hizo la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia en el Congreso. Además, elogio al oficial que apresó a los piratas y recalcó que no fue sancionado, sino que fue felicitado. Hemos cumplido la ley de principio a fin. Las 24 horas de los 47 días que ha durado el secuestro y hasta que hemos logrado su liberación, manifestó ante el pleno del Congreso.
De la Vega aseguró, además, que el Gobierno está razonablemente satisfecho porque ha cumplido sus objetivos principales: rescatar sanos y salvos a los marineros y hacerlo cumpliendo la ley. Sin embargo, agregó que ha tomado nota de las críticas constructivas y razonadas y comunicó su esperanza de que todo el mundo haya extraído enseñanzas de este incidente.
En su comparecencia, De la Vega no dio detalles de la operación de liberación -alegando que ya lo había hecho Defensa-, pero sí se refirió a los dos puntos más polémicos del secuestro: la detención de los dos piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes. No quiso detallar mucho sobre este punto por motivos de seguridad, pero recalcó que el Gobierno supo en todo momento donde estaba la tripulación y que sus actuaciones pretendieron garantizar la seguridad de los tripulantes. Además, anunció que fue ese día cuando el Gobierno fue consciente de que el secuestro podía estar llegando a su fin y de que se iniciaba la cuenta atrás para la liberación.
Detención
La ministra de la Presidencia subrayó que la detención y el traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue una opción, sino una obligación legal. Recordó que la operación Atalanta obliga a detener a los sospechosos de piratería y añadió que al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles, la competencia de juzgarlo corresponde a los tribunales españoles.
Quiso aclarar al portavoz del PNV, Josu Erjoreka, que, aunque en otra ocasión se envió a detenidos a Kenia, con quien la UE tiene un canje de notas para que sean juzgados allí los sospechosos de piratería, en ese caso no era posible porque los detenidos habían atacado a un barco español con tripulantes españoles. En eso coinciden, aseguró, el Gobierno, el servicio jurídico del Estado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los dos jueces centrales de instrucción que intervinieron y los magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Eso no ofrece dudas jurídicas de ninguna clase, señaló.
De la Vega detalló que la orden de apresar el esquife en el que viajaban dos de los piratas la dio el centro de mando operativo a las 16.10 horas del 3 de octubre. La detención la practicaron infantes de marina a las 21.35 horas de ese día.Según dijo, el Gobierno fue informado de la detención y ella misma pidió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que iniciara los trámites necesarios para ponerlo en conocimiento de la Justicia española, tanto para determinar la competencia como el proceso a seguir. Caamaño consultó con la Abogacía del Estado y le contestó que procedía ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades judiciales españolas y, siempre según De la Vega, de ello se encargó la Abogacía del Estado presentando una denuncia a las 2.20 horas del 4 de octubre.
La número dos del Gobierno hizo un relato pormenorizado del día en que se produjo el apresamiento y de cómo dos días después éste fondeó a una milla y media del puerto somalí de Haradheere. Allí permaneció son apenas moverse hasta su liberación, a excepción del 13 y 14 de noviembre, cuando el mercante Ariana, secuestrado hace seis meses, le abasteció de combustible. De la Vega quiso poner fin a la polémica por el traslado a España de uno de los oficiales que participó en el apresamiento de los dos piratas que participaron en el secuestro y recalcó que no sólo no fue sancionado, sino que fue felicitado por su labor y que si volvió a nuestro país fue sólo por motivos personales. Cabe recordar que la vuelta a España de este oficial de la fragata Canarias saltó a la polémica después de que uno de los marinero secuestrados, el jefe de máquinas, José Víctor Bilbao, asegurase que había sido sancionado por participar en la detención de los dos piratas del esquife, algo que negó el Estado Mayor de la defensa.
Contacto con las familias
La ministra de Presidencia defendió que, desde el primer día, el secretario General del Mar contactó con todas las familias de los 16 tripulantes españoles y que ella misma habló con los presidentes autonómicos vasco y gallego. Por otro lado, quiso insistir en que el Gobierno está empeñado en combatir la piratería en el Índico: Compromiso con la protección de nuestros pescadores, implicación en la lucha contra la piratería, voluntad de seguir trabajando para seguir mejorando la seguridad, toda y a todos los niveles, garantizó.
Preguntó al PP, que había acusado al Ejecutivo de tener prejuicios con el uso de la fuerza, si pretendía que se desplegaran soldados invadiendo un país, actuando al margen de la ONU y disparando indiscriminadamente. no llego a comprender a qué se refieren, le espetó.
De la Vega no respondió a las exigencias del PP y otros grupos de que aclare si se ha pagado un rescate y ni siquiera mencionó este asunto, pero insistió en que en todo momento se ha cumplido la Ley. El Gobierno ha actuado en todo momento con responsabilidad y cumpliendo a rajatabla la ley, de cuyo margen no nos hemos salido, se lo aseguro, ni un milímetro, manifestó.
INTENTO DE LIBERACIÓN DEL ARIANA
La vicepresidenta primera afirmó también que España intentó ayudar desde el primer momento al Gobierno de Ucrania para liberar al pesquero Ariana, secuestrado desde hace seis meses en agua del Índico por el mismo grupo que retuvo al buque español. Además, reveló que se intentó, al liberar al atunero español, liberar también a alguno de sus tripulantes, pero no se consiguió.
El Gobierno español se ha puesto en contacto con el gobierno ucraniano, porque es un barco griego pero con tripulación ucraniana, para prestarle todo el apoyo y hoy mismo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha trasladado al presidente griego nuestro apoyo y todos nuestros medios para ayudar a liberarlo, subrayó.
Puntualizó que, en concreto, de los cuatro buques que ya estaban retenidos el día del secuestro del buque español, tres aún no han sido liberados y están en esas circunstancias desde hace cinco, seis y siete meses.
En su comparecencia, De la Vega no dio detalles de la operación de liberación -alegando que ya lo había hecho Defensa-, pero sí se refirió a los dos puntos más polémicos del secuestro: la detención de los dos piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes. No quiso detallar mucho sobre este punto por motivos de seguridad, pero recalcó que el Gobierno supo en todo momento donde estaba la tripulación y que sus actuaciones pretendieron garantizar la seguridad de los tripulantes. Además, anunció que fue ese día cuando el Gobierno fue consciente de que el secuestro podía estar llegando a su fin y de que se iniciaba la cuenta atrás para la liberación.
Detención
La ministra de la Presidencia subrayó que la detención y el traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue una opción, sino una obligación legal. Recordó que la operación Atalanta obliga a detener a los sospechosos de piratería y añadió que al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles, la competencia de juzgarlo corresponde a los tribunales españoles.
Quiso aclarar al portavoz del PNV, Josu Erjoreka, que, aunque en otra ocasión se envió a detenidos a Kenia, con quien la UE tiene un canje de notas para que sean juzgados allí los sospechosos de piratería, en ese caso no era posible porque los detenidos habían atacado a un barco español con tripulantes españoles. En eso coinciden, aseguró, el Gobierno, el servicio jurídico del Estado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los dos jueces centrales de instrucción que intervinieron y los magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Eso no ofrece dudas jurídicas de ninguna clase, señaló.
De la Vega detalló que la orden de apresar el esquife en el que viajaban dos de los piratas la dio el centro de mando operativo a las 16.10 horas del 3 de octubre. La detención la practicaron infantes de marina a las 21.35 horas de ese día.Según dijo, el Gobierno fue informado de la detención y ella misma pidió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que iniciara los trámites necesarios para ponerlo en conocimiento de la Justicia española, tanto para determinar la competencia como el proceso a seguir. Caamaño consultó con la Abogacía del Estado y le contestó que procedía ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades judiciales españolas y, siempre según De la Vega, de ello se encargó la Abogacía del Estado presentando una denuncia a las 2.20 horas del 4 de octubre.
La número dos del Gobierno hizo un relato pormenorizado del día en que se produjo el apresamiento y de cómo dos días después éste fondeó a una milla y media del puerto somalí de Haradheere. Allí permaneció son apenas moverse hasta su liberación, a excepción del 13 y 14 de noviembre, cuando el mercante Ariana, secuestrado hace seis meses, le abasteció de combustible. De la Vega quiso poner fin a la polémica por el traslado a España de uno de los oficiales que participó en el apresamiento de los dos piratas que participaron en el secuestro y recalcó que no sólo no fue sancionado, sino que fue felicitado por su labor y que si volvió a nuestro país fue sólo por motivos personales. Cabe recordar que la vuelta a España de este oficial de la fragata Canarias saltó a la polémica después de que uno de los marinero secuestrados, el jefe de máquinas, José Víctor Bilbao, asegurase que había sido sancionado por participar en la detención de los dos piratas del esquife, algo que negó el Estado Mayor de la defensa.
Contacto con las familias
La ministra de Presidencia defendió que, desde el primer día, el secretario General del Mar contactó con todas las familias de los 16 tripulantes españoles y que ella misma habló con los presidentes autonómicos vasco y gallego. Por otro lado, quiso insistir en que el Gobierno está empeñado en combatir la piratería en el Índico: Compromiso con la protección de nuestros pescadores, implicación en la lucha contra la piratería, voluntad de seguir trabajando para seguir mejorando la seguridad, toda y a todos los niveles, garantizó.
Preguntó al PP, que había acusado al Ejecutivo de tener prejuicios con el uso de la fuerza, si pretendía que se desplegaran soldados invadiendo un país, actuando al margen de la ONU y disparando indiscriminadamente. no llego a comprender a qué se refieren, le espetó.
De la Vega no respondió a las exigencias del PP y otros grupos de que aclare si se ha pagado un rescate y ni siquiera mencionó este asunto, pero insistió en que en todo momento se ha cumplido la Ley. El Gobierno ha actuado en todo momento con responsabilidad y cumpliendo a rajatabla la ley, de cuyo margen no nos hemos salido, se lo aseguro, ni un milímetro, manifestó.
INTENTO DE LIBERACIÓN DEL ARIANA
La vicepresidenta primera afirmó también que España intentó ayudar desde el primer momento al Gobierno de Ucrania para liberar al pesquero Ariana, secuestrado desde hace seis meses en agua del Índico por el mismo grupo que retuvo al buque español. Además, reveló que se intentó, al liberar al atunero español, liberar también a alguno de sus tripulantes, pero no se consiguió.
El Gobierno español se ha puesto en contacto con el gobierno ucraniano, porque es un barco griego pero con tripulación ucraniana, para prestarle todo el apoyo y hoy mismo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha trasladado al presidente griego nuestro apoyo y todos nuestros medios para ayudar a liberarlo, subrayó.
Puntualizó que, en concreto, de los cuatro buques que ya estaban retenidos el día del secuestro del buque español, tres aún no han sido liberados y están en esas circunstancias desde hace cinco, seis y siete meses.