Detenidas dos colaboradoras de ETA en Getxo acusadas de ayudar a huir a Artetxe

Sus nombres han aparecido en las declaraciones de los tres detenidos en Irún, Javier Gutiérrez Jiménez, Ibai Egurrola San Andrés y Amets Ladislao González, que llevaron a territorio galo a Artetxe el pasado lunes. Tanto los arrestados en Irún como los detenidas en Vizcaya pertenecen al círculo de amistades del ‘liberado’ etarra.
Javier Gutiérrez Jiménez, Ibai Egurrola San Andrés y Amets Ladislao González, los tres supuestos colaboradores de ETA detenidos el lunes por la noche en Irún tras llevar al liberado Aitor Artetxe a una cita de seguridad en Francia con la cúpula del ‘aparato militar’, no constituían un comando operativo de la banda terrorista. Los tres arrestados volvieron a última hora de ayer a dependencias de la Guardia Civil en Madrid tras presenciar los registros de sus viviendas en Vizcaya durante la noche del martes. Según fuentes de la lucha antiterrorista, de los primeros interrogatorios se infiere que no componían un ‘talde’, si bien han reconocido saber que Artetxe era un miembro de ETA huido y que, con su traslado a Francia, le llevaban a una cita de seguridad con destacados miembros de la banda. No obstante, los tres coinciden en que hicieron el viaje por amistad con el ‘liberado’ huido.
Los detenidos insisten en que no pertenecen a ningún comando, pero según los investigadores utilizaron tácticas de ETA para evitar ser descubiertos. La Guardia Civil, gracias a las declaraciones, ha logrado reconstruir su viaje hasta Gerde. Gutiérrez y Egurola condujeron un primer coche que hizo de lanzadera para anticiparse a posibles controles. Ambos eran ‘legales’ y no hubieran tenido ningún problema en caso de ser interceptados. En un segundo vehículo viajaron Artetxe y Amets, en la creencia que una pareja en un día de fiesta en Francia no levantaría sospechas.
Los tres detenidos tuvieron la precaución, además, de no utilizar sus coches. Pidieron prestados sus vehículos a otros amigos cercanos, A. E. y O. L, cuya implicación en la operación para llevar a Artetxe a Francia todavía investiga la Guardia Civil. Los expertos del instituto armado también tratan de averiguar hasta qué punto los detenidos ayudaron a cobijarse a Aitor Artetxe durante los seis meses que estuvo escondido en España, tras la caída del ‘comando Vizcaya’ al que pertenecía. Según informaron fuentes judiciales, el juez Santiago Pedraz, instructor del caso, ha ordenado aplicar a los tres presuntos etarras el protocolo para evitar posibles malos tratos mientras dura la incomunicación, que incluye las grabaciones de los interrogatorios, la visita de un médico de confianza y la continua información a los familiares sobre el paradero de los arrestados.

Disolución imposible
El Gobierno confirmó ayer en el Congreso que en este momento es imposible disolver los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra gobernados por miembros del partido ilegalizado ANV, tal y como le reclaman con insistencia el PP y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, explicó a la diputada Rosa Díez, líder de UPyD, que para poder actuar de manera “generalizada” contra estos consistorios es preciso abordar antes una reforma de la ley de bases de Régimen Local que lo permita de manera explícita.
Salgado, que contestó a una interpelación parlamentaria de Díez en la que le urgió la expulsión inmediata de los alcaldes de ANV, señaló que, para tomar esta medida extrema, el actual marco legal obliga a obtener pruebas de que cada uno de los consistorios ha incurrido de forma “reiterada” y “grave” en acciones de apoyo o ensalzamiento del terrorismo o de los terroristas. Explicó que las fuerzas de seguridad tratan de reunir esas pruebas que no existen al día de hoy y que tampoco pueden extraerse de las evidencias con las que el Tribunal Supremo ilegalizó en septiembre a este partido.
La ministra, no obstante, trasladó a los grupos de la cámara el compromiso del Gobierno de utilizar todos los medios a su alcance para lograr que ANV “no gobierne ni una sola institución en Euskadi y Navarra”. Indicó que los servicios jurídicos estudian aún si la medida es posible en algún pueblo concreto y que el Ejecutivo se compromete a realizar una reforma legal que lo haga posible con el consenso de todos los partidos democráticos.
Salgado, en nombre del Gobierno y en un mensaje dirigido a PP y UPyD, reclamó a la oposición que “renuncie a sacar réditos políticos” de la política antiterrorista y pidió “lealtad” en la unidad anti-ETA para que “la demagogia no sustituya a la política”.