Detiene a dos personas en Ibiza por presunta corrupción urbanística y anuncia más arrestos
01/10/2010 - 09:45
La Guardia Civil detuvo ayer a dos personas en el marco de la operación Pitiusa en relación a una presunta trama de corrupción que se desarrolló durante los años 1998 a 2007 en el Ayuntamiento de Sant Josep (Ibiza) y reveló que habrá nuevos arrestos. Según informaron fuentes del cuerpo armado a Europa Press, los detenidos son Antonio Julián H.C., hijo del ex arquitecto municipal, y su pareja, también arquitecto, María del Pilar F.P. En Gran Canarias, la Fiscalía pide que se investigue al vicepresidente de Canarias por presunto cohecho.
Actualmente, la Guardia Civil se encuentra registrando una inmobiliaria propiedad de los detenidos, así como el propio Ayuntamiento de Sant Josep, con el fin de encontrar expedientes en los que se puedan recabar indicios sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias de los que se imputa al ex arquitecto municipal.Según fuentes municipales, el registro se inició a las 11.00 horas y podría extenderse hasta las 22.00 horas. En el mismo participan activamente los técnicos de la Concejalía de Urbanismo y demás trabajadores del departamento para facilitarles la información que estos precisan. El contingente de efectivos del cuerpo que examina el Consistorio podría superar los diez.
Según expusieron desde la Guardia Civil el caso está bajo sumario por lo que no se hará efectiva información alguna sobre la documentación requisada.En declaraciones a Europa Press, el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, informó que el ejecutivo apoyará todas las acciones emprendidas para dilucidar un asunto que, recordó, denuncia desde que estaba en la oposición. Además se mostró contento de que se investigue algo que se estaba haciendo mal y que se castigue a los culpables.
Los hechos, que fueron denunciados en agosto de 2005 por el Grupo de Estudios de la Naturaleza, GEN-GOB de Eivissa, se hicieron públicos en noviembre del mismo año cuando la Fiscalía de Medio Ambiente notificó a la agrupación ecologista la apertura de diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí, ya que el proyecto al que se otorgó la licencia era obra de la nuera del arquitecto municipal, Pilar Fernández.
En Canarias también
La Fiscalía Anticorrupción solicitó hoy al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que investigue al vicepresidente del Gobierno regional y presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, por un presunto caso de cohecho y prevaricación en lo que se conoce popularmente como el viaje del salmón. Si el TSJC admite la denuncia del Ministerio Fiscal, el presidente de los populares canarios, que preguntado por la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se declaró impresionado, deberá declarar en calidad de imputado. La Fiscalía Anticorrupción, con Luis del Río como responsable en Las Palmas de Gran Canaria, presentó hoy un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que pide que se investigue a Soria por el conocido como viaje del salmón, a raíz de una denuncia interpuesta por el periodista Carlos Sosa. Dicha denuncia tiene que ver con un viaje en el que supuestamente el líder del PP de las islas aceptó una invitación del empresario Bjorn Lyng (ya fallecido) para visitar Noruega, en la época en la que Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Según fuentes jurídicas, la denuncia recoge que el empresario noruego, por aquel entonces propietario del complejo turístico Anfi del Mar, pudo recibir un presunto trato de favor por parte del Cabildo de Gran Canaria, que, en fechas posteriores a su viaje a Noruega, emitió un informe favorable a la construcción de 3.600 camas turísticas en el complejo denominado Anfi Tauro, también propiedad por entonces de Lyng.
Según expusieron desde la Guardia Civil el caso está bajo sumario por lo que no se hará efectiva información alguna sobre la documentación requisada.En declaraciones a Europa Press, el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, informó que el ejecutivo apoyará todas las acciones emprendidas para dilucidar un asunto que, recordó, denuncia desde que estaba en la oposición. Además se mostró contento de que se investigue algo que se estaba haciendo mal y que se castigue a los culpables.
Los hechos, que fueron denunciados en agosto de 2005 por el Grupo de Estudios de la Naturaleza, GEN-GOB de Eivissa, se hicieron públicos en noviembre del mismo año cuando la Fiscalía de Medio Ambiente notificó a la agrupación ecologista la apertura de diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí, ya que el proyecto al que se otorgó la licencia era obra de la nuera del arquitecto municipal, Pilar Fernández.
En Canarias también
La Fiscalía Anticorrupción solicitó hoy al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que investigue al vicepresidente del Gobierno regional y presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, por un presunto caso de cohecho y prevaricación en lo que se conoce popularmente como el viaje del salmón. Si el TSJC admite la denuncia del Ministerio Fiscal, el presidente de los populares canarios, que preguntado por la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se declaró impresionado, deberá declarar en calidad de imputado. La Fiscalía Anticorrupción, con Luis del Río como responsable en Las Palmas de Gran Canaria, presentó hoy un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que pide que se investigue a Soria por el conocido como viaje del salmón, a raíz de una denuncia interpuesta por el periodista Carlos Sosa. Dicha denuncia tiene que ver con un viaje en el que supuestamente el líder del PP de las islas aceptó una invitación del empresario Bjorn Lyng (ya fallecido) para visitar Noruega, en la época en la que Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Según fuentes jurídicas, la denuncia recoge que el empresario noruego, por aquel entonces propietario del complejo turístico Anfi del Mar, pudo recibir un presunto trato de favor por parte del Cabildo de Gran Canaria, que, en fechas posteriores a su viaje a Noruega, emitió un informe favorable a la construcción de 3.600 camas turísticas en el complejo denominado Anfi Tauro, también propiedad por entonces de Lyng.