Diputación paga 28.000 euros para satisfacer los intereses de la devolución de una ayuda no justificada
26/04/2012 - 12:51
El diputado de Nuevas Tecnologías, Alberto Domínguez, y el vicepresidente de Diputación, Lorenzo Robisco, acusan al anterior equipo de Gobierno de Diputación provincial, encabezado por la socialista María Antonia Pérez León, de haberse dilapidado los fondos europeos fruto de una mala ejecución de las subvenciones. En esta línea, Domínguez denuncia que la Institución provincial ha tenido que pagar 28.000 euros derivados de los intereses de demora por el retraso en la devolución de parte de una subvención por importe de 210.000 euros procedente de los Fondos Europeos más 201.000 euros no justificados-, que se concedió en virtud de una orden del Ministerio de Industria de 2007 y que iba encaminada a la implantación de medidas sobre administración electrónica contempladas dentro del Plan Avanza. Del monto total, el anterior equipo de Gobierno sólo justificó en 2008 y 2009 11.943 euros, de los que se admitieron 8.300, indica Domínguez.
Sin embargo, relata Domínguez, no se pidió una prórroga, algo que se reconoce en un recurso que interpone Diputación en el año 2010, realizado en respuesta a la comunicación de Industria de 10 de junio por la cual se insta a devolver el dinero, y en el que se destaca la importancia de recuperar esa subvención para los pueblos y la Diputación de Guadalajara. Un informe realizado por los técnicos el 23 de junio, a petición de Rafael Esteban, ya advertía de la escasa posibilidad de que prosperara el recurso, indica. El 20 de julio de 2010 finalizaba el plazo para devolver la subvención y, al no cumplirse, Diputación ha tenido que abonar los 201.000 euros no justificados, más 28.000 de intereses generados por la demora, es decir, 20.000 euros más sobre la subvención concedida, asegura Domínguez. Esto fue debido a que no se tramitó la solicitud de prórroga y no se siguieron las instrucciones de la asesoría jurídica, prosigue.
Robisco considera que si se hubiera pedido la prórroga hubiera estado en funcionamiento un proyecto interesantísimo que hubiera redundado en una mayor agilidad en los trámites de los ayuntamientos y Diputación; se perdió la oportunidad de hacer una administración más ágil en una provincia con 300 ayuntamientos y unas distancias importantísimas.
En estos momentos se están estableciendo contactos con cinco empresas de las que han recibido informes para poner en marcha la administración electrónica. Ahora tendrán que valorar las propuestas al detalle con los técnicos, con el objeto de poder sacar a concurso los primeros pasos de un programa que el diputado de Nuevas Tecnologías califica de complejo y que, en primera instancia, recogerá la implantación de la firma electrónica.
Sin embargo, relata Domínguez, no se pidió una prórroga, algo que se reconoce en un recurso que interpone Diputación en el año 2010, realizado en respuesta a la comunicación de Industria de 10 de junio por la cual se insta a devolver el dinero, y en el que se destaca la importancia de recuperar esa subvención para los pueblos y la Diputación de Guadalajara. Un informe realizado por los técnicos el 23 de junio, a petición de Rafael Esteban, ya advertía de la escasa posibilidad de que prosperara el recurso, indica. El 20 de julio de 2010 finalizaba el plazo para devolver la subvención y, al no cumplirse, Diputación ha tenido que abonar los 201.000 euros no justificados, más 28.000 de intereses generados por la demora, es decir, 20.000 euros más sobre la subvención concedida, asegura Domínguez. Esto fue debido a que no se tramitó la solicitud de prórroga y no se siguieron las instrucciones de la asesoría jurídica, prosigue.
Robisco considera que si se hubiera pedido la prórroga hubiera estado en funcionamiento un proyecto interesantísimo que hubiera redundado en una mayor agilidad en los trámites de los ayuntamientos y Diputación; se perdió la oportunidad de hacer una administración más ágil en una provincia con 300 ayuntamientos y unas distancias importantísimas.
En estos momentos se están estableciendo contactos con cinco empresas de las que han recibido informes para poner en marcha la administración electrónica. Ahora tendrán que valorar las propuestas al detalle con los técnicos, con el objeto de poder sacar a concurso los primeros pasos de un programa que el diputado de Nuevas Tecnologías califica de complejo y que, en primera instancia, recogerá la implantación de la firma electrónica.