Dos años de cárcel para a De Santos por malversar fondos públicos

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
CORRUPCIÓN PALMA
El que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos pasará dos años en prisión y estará cuatro años en situación de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación de fondos públicos en clubes de alterne y casas de masaje.
Así lo ha decidió este jueves el magistrado Carlos Izquierdo, presidente del tribunal del jurado que la semana pasada a De Santos y en cuya sentencia se tienen en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de drogadicción solicitadas por la defensa. Y es que la sentencia considera probado que De Santos reintegró a las arcas municipales un total de 50.804 euros como cantidad total que había desviado y que en el momento de los hechos, el ex edil era adicto a la cocaína. Contra esta sentencia todavía cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un plazo de cinco días.

Indicios previos
Este proceso judicial contra De Santos se inició el 13 de marzo de 2008 con la interposición de una querella por parte de la Fiscalía, que llevaba investigando los hechos con anterioridad a esa fecha. Además, la resolución judicial puntualiza que dichas pesquisas ya eran conocidas por De Santos, ya que había sido citado a declarar ante el fiscal un día antes. Asimismo, el juez también destaca que ese mismo día 13, concretamente a las 17.05 horas, De Santos remitió una carta a la alcaldesa en la que reconocía el desfase por 50.804 euros e indicaba que procedía a su devolución. Además, el ex edil manifestaba quedar a disposición de la primera edil para practicar liquidación. Ante estos hechos, la sentencia asegura que la misiva fue enviada por el acusado a fin de reconocer el hecho delictivo y que había pedido perdón públicamente así como ante los medios de comunicación. La resolución judicial también remarca que De Santos devolvió esta cantidad antes de que fuese iniciado el proceso judicial contra él. Pero la sentencia también recoge que, el condenado, aprovechando su cargo como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP), utilizó la tarjeta municipal de esta compañía “en su propio beneficio y sin intención de devolver las cantidades” defraudadas.