El CGPJ archiva la queja del Partido Popular contra el juez Garzón por filtraciones

El CGPJ entiende que los hechos que recoge la queja carecen de relevancia disciplinaria, pues se trata de consideraciones subjetivas. La queja del PP contra el juez Garzón, por las presuntas filtraciones a algunos miembros de su formación en el marco del caso Gürtel, ha sido archivada. Así lo ha decidido la Comisión Disciplinaria del CGPJ después de que todos su miembros lo acordaran por unanimidad. Este criterio coincide con el manifestado por los Servicios de Inspección, que considera que los hechos que se le achacan en la queja al magistrado carecen de relevancia disciplinaria, pues se trata de consideraciones subjetivas que los denunciantes deducen de cada actuación judicial de Garzón. El PP denunció como “irregular” la notificación del auto de inhibición relativo a la Comunidad Valenciana, ya que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, “recibió una llamada telefónica en su móvil, en torno a las 22.35 horas de esa misma noche, en la que un no identificado inspector de policía, que sólo quiso acreditarse como ‘miembro de la UDEF central’ le requería para que se diera por notificado el auto y para que le proporcionara un número de fax al que hacérselo llegar”. Según el escrito, Camps le pidió al inspector que se identificara, a lo que éste se negó de nuevo.
Del mismo modo, el informe critica la forma en que se notificó el auto al ex consejero valenciano Víctor Campos, que se realizó a través de una llamada de un Inspector de Madrid a la Sede del PP de Castellón, y al secretario provincial del PP Rafael Betoret, que fue convocado a una comisaría de policía de Valencia en la tarde del viernes. “Por qué se elidió el procedimiento legal de notificación? ¿Por qué no se hizo la notificación por los correspondientes Secretarios Judiciales y Oficiales de la Administración de Justicia?”.Además, los populares denunciaban que el juez Garzón hubiera obtenido un permiso para dar una conferencia en el extranjero sin haber resuelto aún los autos de inhibición, considerado por el PP como una maniobra para retener el caso en su poder.