El CGPJ propone agrupar el partido judicial de Sigüenza con el de Guadalajara
07/05/2012 - 12:12
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer en una reunión extraordinaria las bases para elaborar una nueva demarcación judicial que supondría reducir a menos de la mitad, entre 190 y 200, los 419 partidos judiciales existentes en España. En el caso de Guadalajara, la propuesta del nuevo mapa judicial aprobada supone pasar de los tres partidos judiciales actuales Guadalajara, Sigüenza y Molina de Aragón a dos. El diseño elaborado por el Consejo y que se perfila como el más factible, según fuentes del CGPJ, para salir adelante es el que plantea agrupar el partido de Sigüenza con el de Guadalajara, mientras que continuaría por separado el de Molina de Aragón. Aunque está es la más viable, dicho documento recoge además otra alternativa. Esta supondría agrupar los dos juzgados de Molina y Sigüenza y mantener por su parte el de Guadalajara.
En la actualidad, la provincia cuenta con tres partidos judiciales. El de Guadalajara, que abarca a 229.608 personas, y dispone de 11 juzgados; el de Molina, que comprende 9.584 habitantes; y el de Sigüenza, con 12.371 personas. Estos dos últimos disponen de un juzgado cada uno.
El CGPJ expone en este informe que la futura demarcación se ha diseñado sobre parámetros objetivos y orientados a asegurar el principio de eficacia de la Justicia. Este principio de eficacia, dicen, se basa en la búsqueda de un equilibrio entre la garantía de un fácil acceso y comunicación de los ciudadanos con el Juzgado y la necesidad de evitar una excesiva dispersión de recursos humanos y medios materiales que, a su juicio, impediría alcanzar los principios de racionalidad y economía propios de cualquier organización eficaz.
En su argumentación, el CGPJ asegura que este nuevo mapa no implicará necesariamente la desaparición de toda presencia judicial en los partidos. En algunos casos, explica, esta reordenación supondrá el mantenimiento de las infraestructuras en los partidos y en otros la sustitución por oficinas que permitan la práctica de determinadas diligencias y atender al desplazamiento eventual de la Autoridad judicial, o, en última instancia, por su simple desaparición.
El Consejo General del Poder Judicial someterá a información pública el documento durante tres meses para que los interesados puedan presentar alegaciones y una vez recogidas todas las aportaciones trasladarlas al Ministerio de Justicia para que comience la tramitación parlamentaria. Este documento será la base de la reforma de la Ley de Planta y Demarcación que pretende aprobar el Gobierno central.
Impacto laboral
De momento se desconoce el impacto que estos cambios tendrán en los trabajadores de los juzgados afectados, aunque el secretario porvincial de CCOO, José María Rey, está convencido de que se amortizarán puestos, habrá traslados e incluso despidos. Rey se ha manifestado totalmente contrario a esta medida. A su juicio, supone una nueva consecuencia para el empleo, una pérdida de calidad de los servicios públicos y un perjuicio a lo que hemos defendido siempre: la justicia de proximidad. Según Rey, no pueden escudarse en la implantación de las nuevas tecnologías, ya que hay algunos municipios que carecen de acceso a Internet, por lo que supondrá, asegura, un varapalo más.
Desde UGT, su responsable provincial, David Pinillos, ha insistido en estas mismas premisas. A su entender, todas las dificultades de acceso a la administración va en contra de las demandas de los ciudadanos y de lo que durante mucho tiempo estamos defendiendo.
En la actualidad, la provincia cuenta con tres partidos judiciales. El de Guadalajara, que abarca a 229.608 personas, y dispone de 11 juzgados; el de Molina, que comprende 9.584 habitantes; y el de Sigüenza, con 12.371 personas. Estos dos últimos disponen de un juzgado cada uno.
El CGPJ expone en este informe que la futura demarcación se ha diseñado sobre parámetros objetivos y orientados a asegurar el principio de eficacia de la Justicia. Este principio de eficacia, dicen, se basa en la búsqueda de un equilibrio entre la garantía de un fácil acceso y comunicación de los ciudadanos con el Juzgado y la necesidad de evitar una excesiva dispersión de recursos humanos y medios materiales que, a su juicio, impediría alcanzar los principios de racionalidad y economía propios de cualquier organización eficaz.
En su argumentación, el CGPJ asegura que este nuevo mapa no implicará necesariamente la desaparición de toda presencia judicial en los partidos. En algunos casos, explica, esta reordenación supondrá el mantenimiento de las infraestructuras en los partidos y en otros la sustitución por oficinas que permitan la práctica de determinadas diligencias y atender al desplazamiento eventual de la Autoridad judicial, o, en última instancia, por su simple desaparición.
El Consejo General del Poder Judicial someterá a información pública el documento durante tres meses para que los interesados puedan presentar alegaciones y una vez recogidas todas las aportaciones trasladarlas al Ministerio de Justicia para que comience la tramitación parlamentaria. Este documento será la base de la reforma de la Ley de Planta y Demarcación que pretende aprobar el Gobierno central.
Impacto laboral
De momento se desconoce el impacto que estos cambios tendrán en los trabajadores de los juzgados afectados, aunque el secretario porvincial de CCOO, José María Rey, está convencido de que se amortizarán puestos, habrá traslados e incluso despidos. Rey se ha manifestado totalmente contrario a esta medida. A su juicio, supone una nueva consecuencia para el empleo, una pérdida de calidad de los servicios públicos y un perjuicio a lo que hemos defendido siempre: la justicia de proximidad. Según Rey, no pueden escudarse en la implantación de las nuevas tecnologías, ya que hay algunos municipios que carecen de acceso a Internet, por lo que supondrá, asegura, un varapalo más.
Desde UGT, su responsable provincial, David Pinillos, ha insistido en estas mismas premisas. A su entender, todas las dificultades de acceso a la administración va en contra de las demandas de los ciudadanos y de lo que durante mucho tiempo estamos defendiendo.