El CGPJ ventila el caso Mari Luz con una multa de 1.500 euros al juez que no ejecutó la sentencia
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió ayer con una multa de 1.500 euros el expediente disciplinario abierto a Rafael Tirado Márquez, el juez sevillano que no ejecutó la sentencia que hubiera llevado a la cárcel a Santiago del Valle y le habría impedido asesinar a la niña onubense Mari Luz Cortés el pasado 13 de enero. Las dos magistradas progresistas -la presidenta de la comisión, Montserrat Comas, y María Ángeles García- abogaron por calificar de muy grave el error y pidieron al CGPJ «devolver las actuaciones» al instructor Olea para que éste formulara un nuevo pliego de cargos en el que calificara los hechos de desatención.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió ayer con una multa de 1.500 euros el expediente disciplinario abierto a Rafael Tirado Márquez, el juez sevillano que no ejecutó la sentencia que hubiera llevado a la cárcel a Santiago del Valle y le habría impedido asesinar a la niña onubense Mari Luz Cortés el pasado 13 de enero. Sólo una multa porque el órgano de gobierno de los jueces considera que ese error supuso una falta grave, no muy grave como pretendía la Fiscalía, de desatención de sus deberes profesionales.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ llegó a esa conclusión tras una tensa y divida reunión. El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla incurrió en una falta sólo grave a pesar de que tardó dos años y dos meses en ordenar el encarcelamiento del pederasta, quien había sido condenado en 2002 a dos años y nueve meses por abusar de sus propia hija. El juez Tirado sólo decretó la prisión de Del Valle el pasado 27 de marzo, más de dos meses después del infanticidio.
El órgano disciplinario asegura que el magistrado no merece una sanción profesional más allá de la multa. En su opinión, sólo incurrió en una irregularidad contemplada en el artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pena el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función.
El CGPJ hizo suya, punto por punto, la propuesta formulada por el instructor del expediente, el magistrado Wenceslao Olea, que en su informe minimizó la negligencia del juez, al que sólo reprochó que no prestara mayor atención al trabajo de sus subordinados, que acumulaban en los archivos varias sentencias pendientes de ejecutar. Olea insistió en que el motivo de los retrasos fue la falta de experiencia de los funcionarios que estaban al servicio del juez Tirado.
La Comisión Disciplinaria desoyó la petición del Ministerio Público, que acusó al magistrado sevillano de haber cometido una falta muy grave por la desatención de su juzgado y pidió una sanción que podría haberle acarreado la suspensión hasta tres años, el traslado forzoso a otro destino e, incluso, la expulsión definitiva de la carrera judicial.
El fallo del CGPJ no fue unánime. El debate sobre la sanción al juez Tirado provocó una sesión bronca en la que, según fuentes del consejo, hubo un enfrentamiento abierto entre los cinco vocales de la Comisión Disciplinaria. Las dos magistradas progresistas -la presidenta de la comisión, Montserrat Comas, y María Ángeles García- abogaron por calificar de muy grave el error y pidieron al CGPJ devolver las actuaciones al instructor Olea para que éste formulara un nuevo pliego de cargos en el que calificara los hechos de «desatención en el ejercicio de las competencias judiciales», lo cual llevaría emparejado una sanción más allá de la económica.
Las dos vocales se encontraron con la oposición «numantina» de los conservadores Pablo Ríos y Juan Pablo González, quienes respaldaron el informe del instructor. Al final del encrespado debate, el voto del independiente Agustín Azparrren, decisivo para deshacer el empate, inclinó la balanza a favor de fijar una simple multa. Comas y García anunciaron su intención de presentar sendos votos particulares.
Comas adelantó parte del contenido de su queja, en la que asegura que la competencia de ejecutar la sentencia del pederasta era exclusivamente de Tirado y que ninguno de sus subordinados podía haberle sustituido en esa cuestión. Además recuerda que la propia Constitución fija que la «exigencia de responsabilidad a los jueces va íntimamente unida a la garantía del ciudadano frente a las disfunciones del poder judicial».
Recursos
La decisión de la Comisión Disciplinaria tampoco convenció ni a la Fiscalía ni al propio juez expedientado. Fuentes del Ministerio Público explicaron que muy probablemente la Fiscalía recurrirá el fallo del CGPJ, aunque los técnicos aún están a la espera de conocer el contenido exacto de la resolución para estudiarlo.
Este recurso ya no sería examinado por la Comisión Disciplinaria, sino por el Pleno del órgano de los jueces, pero ya renovado. El departamento que dirige Cándido Conde Pumpido quiere apartar, al menos por un tiempo, al juez de la carrera profesional o, cuanto menos, forzarle a un cambio de destino.
El titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, también se mostró en desacuerdo con la levedad de la sanción. Según el ministro, en principio es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa, por lo que consideró que sería bueno que la Fiscalía recurriera la sanción. Fernández Bermejo aseguró que le consta que en el Ministerio Público están ya pensando en un posible recurso.
El juez Rafael Tirado, a través de su abogado, informó ayer de que también pedirá una revisión de la sanción. El letrado Alfonso Martínez Escribano insistió en que su defendido piensa que «no cometió ninguna conducta que deba ser reprochable».
El juez no es responsable ni directa e indirectamente de la muerte de una persona, explicó el defensor, Martínez Escribano, que adelantó que su cliente hará público en breve un comunicado para dar a conocer a la opinión pública sus argumentos.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ llegó a esa conclusión tras una tensa y divida reunión. El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla incurrió en una falta sólo grave a pesar de que tardó dos años y dos meses en ordenar el encarcelamiento del pederasta, quien había sido condenado en 2002 a dos años y nueve meses por abusar de sus propia hija. El juez Tirado sólo decretó la prisión de Del Valle el pasado 27 de marzo, más de dos meses después del infanticidio.
El órgano disciplinario asegura que el magistrado no merece una sanción profesional más allá de la multa. En su opinión, sólo incurrió en una irregularidad contemplada en el artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pena el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función.
El CGPJ hizo suya, punto por punto, la propuesta formulada por el instructor del expediente, el magistrado Wenceslao Olea, que en su informe minimizó la negligencia del juez, al que sólo reprochó que no prestara mayor atención al trabajo de sus subordinados, que acumulaban en los archivos varias sentencias pendientes de ejecutar. Olea insistió en que el motivo de los retrasos fue la falta de experiencia de los funcionarios que estaban al servicio del juez Tirado.
La Comisión Disciplinaria desoyó la petición del Ministerio Público, que acusó al magistrado sevillano de haber cometido una falta muy grave por la desatención de su juzgado y pidió una sanción que podría haberle acarreado la suspensión hasta tres años, el traslado forzoso a otro destino e, incluso, la expulsión definitiva de la carrera judicial.
El fallo del CGPJ no fue unánime. El debate sobre la sanción al juez Tirado provocó una sesión bronca en la que, según fuentes del consejo, hubo un enfrentamiento abierto entre los cinco vocales de la Comisión Disciplinaria. Las dos magistradas progresistas -la presidenta de la comisión, Montserrat Comas, y María Ángeles García- abogaron por calificar de muy grave el error y pidieron al CGPJ devolver las actuaciones al instructor Olea para que éste formulara un nuevo pliego de cargos en el que calificara los hechos de «desatención en el ejercicio de las competencias judiciales», lo cual llevaría emparejado una sanción más allá de la económica.
Las dos vocales se encontraron con la oposición «numantina» de los conservadores Pablo Ríos y Juan Pablo González, quienes respaldaron el informe del instructor. Al final del encrespado debate, el voto del independiente Agustín Azparrren, decisivo para deshacer el empate, inclinó la balanza a favor de fijar una simple multa. Comas y García anunciaron su intención de presentar sendos votos particulares.
Comas adelantó parte del contenido de su queja, en la que asegura que la competencia de ejecutar la sentencia del pederasta era exclusivamente de Tirado y que ninguno de sus subordinados podía haberle sustituido en esa cuestión. Además recuerda que la propia Constitución fija que la «exigencia de responsabilidad a los jueces va íntimamente unida a la garantía del ciudadano frente a las disfunciones del poder judicial».
Recursos
La decisión de la Comisión Disciplinaria tampoco convenció ni a la Fiscalía ni al propio juez expedientado. Fuentes del Ministerio Público explicaron que muy probablemente la Fiscalía recurrirá el fallo del CGPJ, aunque los técnicos aún están a la espera de conocer el contenido exacto de la resolución para estudiarlo.
Este recurso ya no sería examinado por la Comisión Disciplinaria, sino por el Pleno del órgano de los jueces, pero ya renovado. El departamento que dirige Cándido Conde Pumpido quiere apartar, al menos por un tiempo, al juez de la carrera profesional o, cuanto menos, forzarle a un cambio de destino.
El titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, también se mostró en desacuerdo con la levedad de la sanción. Según el ministro, en principio es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa, por lo que consideró que sería bueno que la Fiscalía recurriera la sanción. Fernández Bermejo aseguró que le consta que en el Ministerio Público están ya pensando en un posible recurso.
El juez Rafael Tirado, a través de su abogado, informó ayer de que también pedirá una revisión de la sanción. El letrado Alfonso Martínez Escribano insistió en que su defendido piensa que «no cometió ninguna conducta que deba ser reprochable».
El juez no es responsable ni directa e indirectamente de la muerte de una persona, explicó el defensor, Martínez Escribano, que adelantó que su cliente hará público en breve un comunicado para dar a conocer a la opinión pública sus argumentos.