El Congreso da luz verde a la ley de Protección del Medio Marino
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley de Protección del Medio Marino, y a la de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, tras la aprobación de las enmiendas del Senado. Ambas normativas, a las que ahora sólo les resta su publicación en el B.O.E, han permanecido cerca de nueve meses en tramitación parlamentaria y suponen la trasposición de dos directivas europeas al ordenamiento jurídico español.
Concretamente, la Ley de Protección de Medio Marino ha sido aprobada por unanimidad por todos los grupos e incorpora finalmente dos enmiendas de la Cámara Alta, una del PNV relativa al respeto de las competencias autonómicas en la materia, y otra del PP sobre la declaración de áreas marítimas y su posterior comunicación tanto al Consejo Asesor de Medio Ambiente, como al de Pesca; que finalmente han obtenido el apoyo unánime de todas las formaciones políticas.
La normativa supone la trasposición de la Directiva marco europea de 2008 para la política del Medio Marino, que introduce la obligación de lograr un buen estado ambiental de las aguas marinas europeas, mediante la elaboración de estrategias marinas con el objetivo final de mantener la biodiversidad y preservar la diversidad y el dinamismo de unos océanos y mares que sean limpios, sanos y productivos.
El defensor de la posición del PP, Joaquin María García Díez, ha subrayado que la tramitación parlamentaria de la ley se inició en marzo de 2010, aunque "no con muy buen pie", y que ésta tendría que haber estado aprobada antes del 15 de julio de 2010, para dar así cumplimiento al plazo límite establecido por la UE para su cumplimiento.
A juicio de la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, esta normativa supone "un paso adelante en la protección del medio marino". Para el portavoz del PNV de Medio Ambiente, Joseba Agirretxea, con la incorporación de la enmienda presentada por su partido en el Senado, la Ley de Protección del Medio Marino cumple requisitos "medioambientales, competenciales y políticos".
En cambio, Pere Macias, de CiU, ha mostrado su disconformidad con la puesta en marcha de la misma, al considerar que en la tramitación parlamentaria se ha desaprovechado la oportunidad de resolver cuestiones que todavía no se han solucionado. No obstante, los nacionalistas catalanes han apoyado el trámite de las enmiendas del Senado porque consideran que "indudablemente son mejoras, aunque de poco calado".
El diputado socialista, Antón Ferré, ha destacado por su parte que, aunque sí han respaldado las dos enmiendas presentadas al Senado, éstas "no son necesarias". En su opinión, ambos aspectos ya se recogen en la Ley de Protección de Medio Marino, tras la aprobación de las más de 100 enmiendas al texto en la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente. "Esta ley es importante porque el medio marino está sujeto no sólo a efectos del cambio climático sino también a la acción del hombre", ha puntualizado.
Por otro lado, la Cámara baja ha sacado adelante la Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, con el apoyo a las enmiendas que incluye nueve enmiendas presentadas en el Senado: cinco transaccionadas entre todos los grupos, y otras cuatro presentadas por el PSOE que, en concreto, no han recibido el respaldo del PP y sí la abstención de CiU.
Esta normativa ha salido adelante con el apoyo a las enmiendas transaccionadas del Senado de todos los grupos salvo por la abstención de ICV que, en palabras de la diputada, Nuria Buenaventura, la lucha contra el cambio climático "no puede pasar por esconder el CO2", aunque considera que con la tramitación de esta normativa sí se ha producido un avance por parte de la administración en la materia.
La Ley, cuya tramitación parlamentaria comenzó en abril de 2010, tiene por objetivo dar cumplimiento a la directiva europea de 2009 relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono, inscrita en el denominado paquete de 'Energía y Cambio Climático', con el que los países de la UE darán cumplimiento al compromiso asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno en marzo de 2007, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento respecto al año base (1991), en el año 2020.
Entre las opciones para alcanzar este objetivo, la UE se ha decantado entre otras por esta captura y almacenamiento geológico de carbono (CAC), una tecnología de transición que comienza por capturar el CO2 de las instalaciones industriales, para después transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento y finalmente inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea adecuada, con vista a su almacenamiento permanente.
María Teresa de Lara, del PP, ha defendido que esta tecnología ayudará a que en 2100 se reduzcan hasta en un 50 por ciento las emisiones de CO2, tal y como dicta el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en sus informes. Además, considera que es "especialmente oportuna" su aprobación, tras la reciente Convención de Cambio Climático de Cancún, México (COP 16). Es más, ha resaltado que España mantiene compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, a pesar de que estos han descendido, y que es uno de los países que más derechos de emisión tiene que comprar.
El diputado del PSOE, Fernando Moraleda, ha apreciado la actitud de consenso de todos los grupos para que esta tecnología pueda incorporarse al ordenamiento jurídico español, al tiempo que ha indicado que España es un "país pionero" por estar apoyando el liderazgo de la UE para que este fenómeno pueda tener "una respuesta desde la política y no desde los mercados".
