El Gobierno desalojará esta primavera a los 42 alcaldes de ANV
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
El Gobierno desalojará a partir de la próxima primavera a los 42 alcaldes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) del País Vasco y Navarra. Éste es el compromiso que adquirió hoy el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quien aseguró que la reforma legal que lo hará posible podría estar en vigor entre abril y mayo.
El Ejecutivo tiene previsto llevar al Congreso, una vez se reanude en febrero el período de sesiones, una reforma de la ley de Bases de Régimen Local que establecerá que las personas provenientes de cualquier formación política ilegalizada no pueden gobernar institución democrática alguna. ANV fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en septiembre por su colaboración con ETA.
Los servicios jurídicos del Gobierno defienden que esta modificación, que los socialistas quieren pactar con el PP y con el máximo de partidos posible, será de aplicación inmediata a todos los concejales de ANV, ya que no existe problema para su uso retroactivo, según el portavoz socialista. Los ediles del partido proscrito deberían abandonar los 42 equipos de gobierno municipal y se disolverían consistorios si es necesario para el cumplimiento de la ley. La reforma legal podría estar preparada poco después de las elecciones autonómicas vascas si, como pretende el PSOE, se tramita por el procedimiento de urgencia y en lectura única tanto en el Congreso como en el Senado.
Alonso aseguró que este cambio en la redacción de la ley es la única opción real para desalojar a los ediles de ANV de todas las alcaldías, que es el compromiso del Ejecutivo. Explicó que con la norma actual la disolución generalizada e inmediata que se reclamó sin éxito es imposible, porque se requieren pruebas graves y reiteradas de apoyo a ETA en cada uno de los municipios, cosa que en este momento no hay.
Situación insostenible
La moción que exigía al Gobierno la disolución inmediata de todos los consistorios gobernados por el partido ilegalizado fue presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y solo recibió el apoyo del PP. El partido que lidera Rosa Díez se negó a sustituir su moción por una alternativa del PSOE, que establecía el compromiso de ejecutar la citada reforma legal para desalojar a ANV. La diputada de UPyD sí aceptó los pequeños cambios que le propuso el PP, entre ellos que el Ejecutivo impida que los ayuntamientos bajo sospecha reciban de forma directa las inversiones del plan anticrisis, unos 31 millones, y que sean las diputaciones quienes las gestionen.
Los socialistas aseguraron que hasta que se pueda aplicar a todos los consistorios bajo sospecha la reforma legal, tanto su partido como el Gobierno, se comprometen a utilizar siempre que sea posible otras fórmulas para sacar del gobierno municipal a los miembros del partido vinculado a ETA: las fuerzas de seguridad, la Abogacía del Estado y la Fiscalía van a extremar la vigilancia para determinar si alguno de los ayuntamientos sospechosos incurre en actuaciones graves y reiteradas de apoyo o ensalzamiento del terrorismo, ante lo que ordenarían la inmediata disolución. Además, los concejales del PSE apoyarán cualquier moción de censura que intente desbancar a ANV en los 18 ayuntamientos que gobiernan sin mayoría absoluta.
Los servicios jurídicos del Gobierno defienden que esta modificación, que los socialistas quieren pactar con el PP y con el máximo de partidos posible, será de aplicación inmediata a todos los concejales de ANV, ya que no existe problema para su uso retroactivo, según el portavoz socialista. Los ediles del partido proscrito deberían abandonar los 42 equipos de gobierno municipal y se disolverían consistorios si es necesario para el cumplimiento de la ley. La reforma legal podría estar preparada poco después de las elecciones autonómicas vascas si, como pretende el PSOE, se tramita por el procedimiento de urgencia y en lectura única tanto en el Congreso como en el Senado.
Alonso aseguró que este cambio en la redacción de la ley es la única opción real para desalojar a los ediles de ANV de todas las alcaldías, que es el compromiso del Ejecutivo. Explicó que con la norma actual la disolución generalizada e inmediata que se reclamó sin éxito es imposible, porque se requieren pruebas graves y reiteradas de apoyo a ETA en cada uno de los municipios, cosa que en este momento no hay.
Situación insostenible
La moción que exigía al Gobierno la disolución inmediata de todos los consistorios gobernados por el partido ilegalizado fue presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y solo recibió el apoyo del PP. El partido que lidera Rosa Díez se negó a sustituir su moción por una alternativa del PSOE, que establecía el compromiso de ejecutar la citada reforma legal para desalojar a ANV. La diputada de UPyD sí aceptó los pequeños cambios que le propuso el PP, entre ellos que el Ejecutivo impida que los ayuntamientos bajo sospecha reciban de forma directa las inversiones del plan anticrisis, unos 31 millones, y que sean las diputaciones quienes las gestionen.
Los socialistas aseguraron que hasta que se pueda aplicar a todos los consistorios bajo sospecha la reforma legal, tanto su partido como el Gobierno, se comprometen a utilizar siempre que sea posible otras fórmulas para sacar del gobierno municipal a los miembros del partido vinculado a ETA: las fuerzas de seguridad, la Abogacía del Estado y la Fiscalía van a extremar la vigilancia para determinar si alguno de los ayuntamientos sospechosos incurre en actuaciones graves y reiteradas de apoyo o ensalzamiento del terrorismo, ante lo que ordenarían la inmediata disolución. Además, los concejales del PSE apoyarán cualquier moción de censura que intente desbancar a ANV en los 18 ayuntamientos que gobiernan sin mayoría absoluta.