El Gobierno solicitará el 27 de junio el informe del Consejo de Estado para reformar la Ley Electoral
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy que el Ejecutivo pedirá el próximo 27 de junio un informe al Consejo de Estado para "abordar el debate y la reflexión" sobre la modificación de la ley electoral.
El Gobierno no ha dado detalles sobre esta reforma, ni sobre qué aspectos concretos consultará al Consejo de Estado, y la vicepresidenta sólo dijo que se evaluará la posibilidad de aplicar cambios "que hagan posible, atendiendo siempre al mayor acuerdo posible, seguir avanzando en calidad democrática".
De la Vega expuso las prioridades legislativas de su departamento ante la Comisión constitucional del Senado --al igual que hizo en mayo en la del Congreso-- y expresó el compromiso del Gobierno con que el Parlamento tenga un papel central en la democracia y con la reforma de la Cámara Alta para potenciar su naturaleza de Cámara de representación territorial.
El Ejecutivo, dijo, no renunciará a este objetivo que fue imposible en la anterior legislatura y animó a la Cámara a presentar una propuesta de reforma "que cuente con el consenso necesario" tomando como base el informe que hizo el Consejo de Estado sobre la reforma Constitucional en la anterior legislatura.
Así, aseguró que para ello el Ejecutivo está dispuesto a facilitar en lo posible el consenso y recordó que ya dio pasos para potenciar el carácter territorial del Senado al reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para que las Comunidades Autónomas, a través de la Cámara Alta, participen en la elección de los miembros del TC.
RENOVAR YA EL CONSTITUCIONAL
De la Vega recordó que el propio TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad que habían planteado los 'populares' y aprovechó para subrayar que la renovación del TC es una "exigencia inaplazable". Por ello, pidió al Senado que haga su parte del trabajo para "superar una anomalía que se ha prolongado demasiado tiempo".
Se refirió además a las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica y recalcó que las comunidades "no pueden seguir siendo básicamente haciendas de transferencias, entes de gasto con escasa responsabilidad desde la perspectiva del ingreso".
En este sentido, advirtió de que profundizar en el autogobierno "exige inexorablemente profundizar también en la responsabilidad fiscal y en la determinación de espacios fiscales diferenciados" para que las comunidades puedan adoptar "responsablemente sus propias decisiones de ingresos y gastos".
Pero además, garantizó que el futuro sistema tendrá en cuenta "que el Estado es el garante de la solidaridad interterritorial" y por lo tanto a él le corresponde asegurar "que todos los españoles disfruten por igual de unos niveles mínimos en la prestación de los servicios públicos esenciales". Del mismo modo, subrayó que el debate sobre la financiación autonómica debe tener en cuenta también el de la financiación local, y que los ayuntamientos deben disponer de fondos suficientes para desempeñar sus funciones, procedentes no sólo de tributos propios sino también de su participación en los del Estado y los de las Comunidades Autónomas.
El Estado autonómico, dijo la vicepresidenta, "exige combinar los intereses de las Comunidades Autónomas con el interés general de todos los españoles, tratando igual aquello que es igual y de modo desigual aquello que es distinto". Así, precisó que algunos temas requieren ser tratados en foros multilaterales, y otros en comisiones mixtas y órganos bilaterales.
ESTATUTOS QUE RESPETEN LA CONSTITUCION
De la Vega se comprometió a impulsar el desarrollo de los nuevos Estatutos de autonomía con "lealtad institucional" y por medio del diálogo, para garantizar una mejor gestión de los servicios públicos, y también a apoyar todas las iniciativas de reforma estatutaria que están pendientes y "que sean conformes con la Constitución".
Además, aseguró que el Gobierno potenciará los mecanismos de colaboración entre instituciones autonómicas y gobierno central y a respetar el reparto de competencias para reducir los litigios y los conflictos. "El Gobierno será muy riguroso a la hora de velar por sus competencias y con el mismo rigor se compromete a respetar las competencias que constitucional y estatutariamente corresponden a las Comunidades Autónomas", remachó.
Al igual que hizo el mes pasado en el Congreso, la vicepresidenta explicó que el Gobierno tiene previsto acompañar todos los proyectos normativos de un "informe de impacto autonómico" en el que se analice la distribución de competencias sobre el asunto y su incidencia en el ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas, además de reactiva la Comisión Delegada para Política Autonómica.
La también portavoz del Gobierno recordó que la primera conferencia de presidentes autonómicos de la legislatura será en septiembre y su tema será la violencia de género, con el fin de combinar la acción de todas las administraciones y así "combatir eficazmente esta dramática violencia". Subrayó además que el Ejecutivo presentará una propuesta para regular e institucionalizar este órgano, y así garantizar su permanencia.
Por otro lado, se comprometió a intensificar la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos de la UE y a adoptar las regulaciones necesarias para aplicar el llamado Protocolo de Subsidiariedad y el mecanismo de alerta temprana, incluidos en el Tratado de Lisboa y destinados a garantizar que las normas europeas no interfieren en las competencias nacionales y autonómicas.
ACUERDO EN TORNO AL TRATADO DE LISBOA
La vicepresidenta confió en que en el año y medio que resta hasta que comience la presidencia española de la UE, en el primer semestre de 2010, los responsables políticos europeos "serán capaces de conducir a la Unión por el camino del acuerdo en torno al Tratado de Lisboa". "España, no lo duden, trabajará duro para ello", remachó.
De la Vega recordó otros compromisos y funciones de su departamento y del Gobierno, como la próxima reforma de la Ley de Asociaciones, la Ley para la Igualdad de Trato y contra la Discriminación, el Plan de Derechos Humanos, que incluirá un plan integral de lucha contra la trata internacional de seres humanos, o la creación de una Comisión internacional que vele por la abolición de la pena de muerte, tal como anunció anoche el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
De la Vega expuso las prioridades legislativas de su departamento ante la Comisión constitucional del Senado --al igual que hizo en mayo en la del Congreso-- y expresó el compromiso del Gobierno con que el Parlamento tenga un papel central en la democracia y con la reforma de la Cámara Alta para potenciar su naturaleza de Cámara de representación territorial.
El Ejecutivo, dijo, no renunciará a este objetivo que fue imposible en la anterior legislatura y animó a la Cámara a presentar una propuesta de reforma "que cuente con el consenso necesario" tomando como base el informe que hizo el Consejo de Estado sobre la reforma Constitucional en la anterior legislatura.
Así, aseguró que para ello el Ejecutivo está dispuesto a facilitar en lo posible el consenso y recordó que ya dio pasos para potenciar el carácter territorial del Senado al reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para que las Comunidades Autónomas, a través de la Cámara Alta, participen en la elección de los miembros del TC.
RENOVAR YA EL CONSTITUCIONAL
De la Vega recordó que el propio TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad que habían planteado los 'populares' y aprovechó para subrayar que la renovación del TC es una "exigencia inaplazable". Por ello, pidió al Senado que haga su parte del trabajo para "superar una anomalía que se ha prolongado demasiado tiempo".
Se refirió además a las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica y recalcó que las comunidades "no pueden seguir siendo básicamente haciendas de transferencias, entes de gasto con escasa responsabilidad desde la perspectiva del ingreso".
En este sentido, advirtió de que profundizar en el autogobierno "exige inexorablemente profundizar también en la responsabilidad fiscal y en la determinación de espacios fiscales diferenciados" para que las comunidades puedan adoptar "responsablemente sus propias decisiones de ingresos y gastos".
Pero además, garantizó que el futuro sistema tendrá en cuenta "que el Estado es el garante de la solidaridad interterritorial" y por lo tanto a él le corresponde asegurar "que todos los españoles disfruten por igual de unos niveles mínimos en la prestación de los servicios públicos esenciales". Del mismo modo, subrayó que el debate sobre la financiación autonómica debe tener en cuenta también el de la financiación local, y que los ayuntamientos deben disponer de fondos suficientes para desempeñar sus funciones, procedentes no sólo de tributos propios sino también de su participación en los del Estado y los de las Comunidades Autónomas.
El Estado autonómico, dijo la vicepresidenta, "exige combinar los intereses de las Comunidades Autónomas con el interés general de todos los españoles, tratando igual aquello que es igual y de modo desigual aquello que es distinto". Así, precisó que algunos temas requieren ser tratados en foros multilaterales, y otros en comisiones mixtas y órganos bilaterales.
ESTATUTOS QUE RESPETEN LA CONSTITUCION
De la Vega se comprometió a impulsar el desarrollo de los nuevos Estatutos de autonomía con "lealtad institucional" y por medio del diálogo, para garantizar una mejor gestión de los servicios públicos, y también a apoyar todas las iniciativas de reforma estatutaria que están pendientes y "que sean conformes con la Constitución".
Además, aseguró que el Gobierno potenciará los mecanismos de colaboración entre instituciones autonómicas y gobierno central y a respetar el reparto de competencias para reducir los litigios y los conflictos. "El Gobierno será muy riguroso a la hora de velar por sus competencias y con el mismo rigor se compromete a respetar las competencias que constitucional y estatutariamente corresponden a las Comunidades Autónomas", remachó.
Al igual que hizo el mes pasado en el Congreso, la vicepresidenta explicó que el Gobierno tiene previsto acompañar todos los proyectos normativos de un "informe de impacto autonómico" en el que se analice la distribución de competencias sobre el asunto y su incidencia en el ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas, además de reactiva la Comisión Delegada para Política Autonómica.
La también portavoz del Gobierno recordó que la primera conferencia de presidentes autonómicos de la legislatura será en septiembre y su tema será la violencia de género, con el fin de combinar la acción de todas las administraciones y así "combatir eficazmente esta dramática violencia". Subrayó además que el Ejecutivo presentará una propuesta para regular e institucionalizar este órgano, y así garantizar su permanencia.
Por otro lado, se comprometió a intensificar la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos de la UE y a adoptar las regulaciones necesarias para aplicar el llamado Protocolo de Subsidiariedad y el mecanismo de alerta temprana, incluidos en el Tratado de Lisboa y destinados a garantizar que las normas europeas no interfieren en las competencias nacionales y autonómicas.
ACUERDO EN TORNO AL TRATADO DE LISBOA
La vicepresidenta confió en que en el año y medio que resta hasta que comience la presidencia española de la UE, en el primer semestre de 2010, los responsables políticos europeos "serán capaces de conducir a la Unión por el camino del acuerdo en torno al Tratado de Lisboa". "España, no lo duden, trabajará duro para ello", remachó.
De la Vega recordó otros compromisos y funciones de su departamento y del Gobierno, como la próxima reforma de la Ley de Asociaciones, la Ley para la Igualdad de Trato y contra la Discriminación, el Plan de Derechos Humanos, que incluirá un plan integral de lucha contra la trata internacional de seres humanos, o la creación de una Comisión internacional que vele por la abolición de la pena de muerte, tal como anunció anoche el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.