El informe jurídico dice que la actuación del Ayuntamiento se ajusta a la ley

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
POLÉMICA VIC
Asegura que la iniciativa “no puede ser tildada como incorrecta o contraria a la ley”
En esta instancia, el alcalde del municipio, Josep Maria Vila D’ Abadal, explicó que “en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios”, el Ayuntamiento pide, entre otros documentos, un pasaporte en vigor a los ciudadanos extranjeros. Añade que, en estricto cumplimiento de la legalidad y en aplicación del artículo 25 de la Ley 4/2000 que regula los Derechos y las Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, distingue entre extranjeros procedentes de un estado miembro de la Unión Europea (UE) y de los que no lo son.
“Para estos últimos, en estricta aplicación y respeto de lo que establece” el citado artículo, “es preciso que el pasaporte se acompañe del preceptivo visado”, señala Vila D’Abadal. Añade que en la misma norma se asegura que el visado habilita a los extranjeros a permanecer en España y atribuye a los visados de residencia la habilitación para residir en España. Según el Consistorio, estas disposiciones están relacionadas con el artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece la inscripción en el padrón municipal “como una obligación de todos los que residen habitualmente en un municipio de España”.

Fiel interpretación de la ley
La instancia señala que en los últimos días -”presumiblemente autorizadas” - han mostrado su discrepancia con la propuesta de Vic, “ajustada en todo caso a la más estricta y fiel interpretación de las normales legales aplicables”, incluso las comunitarias sobre exigencia, efectos y características de los visados emitidos por los estados miembros de la UE. El alcalde defiende que no corresponde al Ayuntamiento de Vic interpretar qué pasaportes pueden considerarse válidos, por lo que reclama al Ministerio del Interior que le informe sobre si tienen que considerar como válido y suficiente un pasaporte sin visado en el caso de extranjeros que no pertenecen a la UE y que quieran inscribirse en la padrón.
Pide al Ministerio que le informe sobre la respuesta a la consulta para poder validar la actuación de la corporación municipal “o señalar en todo caso cuál tiene que ser la que se corresponda al más estricto cumplimiento de las normas legales, internas y comunitarias, que resultan de su aplicación”. Mientras, el viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, anunció que el partido “ha instruido” a sus cuatro concejales en el Ayuntamiento de Vic que voten en contra de esta normativa. Otro de los partidos del gobierno, CiU, ha criticado a través de su líder y candidato a la Generalitat catalana, Artur Mas, la “hipocresía” del presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Así empezaron la semana los diferentes miembros del gobierno de Vic. Uno de los primeros en pronunciarse sobre la normativa del fenómeno migratorio fue el presidente de la Generalitat, José Montilla. Según éste, abordando desde una perspectiva “buenista” el fenómeno migratorio, la clase política se equivocará y facilitará argumentos “a los xenófobos y a quienes quieren romper la convivencia”. Este discurso ‘buenista’ lo hacen “los que tienen poca relación con la inmigración y no viven en poblaciones y barrios” con muchos extracomunitarios, apreció Montilla en sus declaraciones.

La política está para solucionar problemas y no para crearlos, indicó Montilla, quien aseguró que la realidad de Vic es “muy compleja”, ya que la ciudad tiene un porcentaje de extracomunitarios que supera la media catalana, aunque aseguró que hasta la fecha la gestión que ha hecho del fenómeno migratorio ha sido “modélica”. Expresó su convencimiento de que lo que se impondrá finalmente en el Ayuntamiento será el cumplimiento de la legislación vigente, y prosiguió: “No me apunto de ninguna de las maneras” a la propuesta del equipo de gobierno municipal, liderado por el alcalde Josep Maria Vila D’ Abadal (UDC). Miquel Iceta, viceprimer secretario del PSC, anunció que el partido “ha instruido” a sus cuatro concejales en el Ayuntamiento de Vic que voten en contra de la normativa de impedir el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular.