El ministro que intentaba evitar un juicio renuncia a seguir haciéndolo
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Las numerosas críticas vertidas hacia la figura del ministro italiano para la Actuación del Federalismo, Aldo Brancher, han motivado su decisión de renunciar a evitar un juicio en el que se ve inmerso acusado de apropiación indebida. La oposición, por otra parte, ha señalado que la designación de Brancher responde a un intento del primer ministro, Silvio Berlusconi, de librar a su amigo. No obstante, el propio Brancher ha asegurado que no piensa abandonar su cargo, asegurando que no tengo nada que reprocharme.
El ministro italiano para la Actuación del Federalismo, Aldo Brancher, renunció este pasado lunes a recurrir a la ley del legítimo impedimento, un nuevo instrumento para suspender los procesos judiciales abiertos contra el jefe del Gobierno y sus ministros, después de ser criticado por la Presidencia y por varios partidos políticos.
Brancher está acusado de apropiación indebida, pero él mantenía que los jueces debían reconocer su derecho a beneficiarse del legítimo impedimento por la necesidad de organizar el nuevo ministerio que le acaba de ser confiado. Los abogados del nuevo ministro habían pedido que se suspendiese el proceso hasta el próximo 7 de octubre.
Así me siento más tranquilo, admitió el ministro, citado por el diario La Repubblica. En este momento creo haber eliminado todas las suspicacias de quienes han montado esta especulación despreciable, añadió. De esta manera, Brancher acepta afrontar el proceso y la audiencia del próximo 5 de julio en un tribunal de Milán, según dijeron sus abogados en un comunicado.
La Presidencia italiana aseguró el viernes pasado que no hay ningún nuevo Ministerio que organizar por parte de Brancher y que éste ha sido nombrado simplemente ministro sin cartera.
La ley del legítimo impedimento otorga al primer ministro italiano y sus ministros inmunidad para ser juzgados porque sus tareas oficiales constituyen un impedimento legítimo para asistir a las audiencias.
La oposición, por su parte, ha señalado que la designación de Brancher, la semana pasada, constituye un intento por parte del primer ministro, Silvio Berlusconi, de librar a su amigo de verse inmerso en cualquier procedimiento judicial.
Actualmente, en Italia ya existe un ministerio dedicado a las Reformas para el Federalismo, que está dirigido por el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, y cuyas competencias no se distinguen muy bien de las que tendrá la nueva cartera, denominada Actuación del Federalismo.
Pero Brancher descartó la posibilidad de abandonar el cargo. La dimisión no está en el programa para nada, subrayó. No tengo nada que reprocharme, tengo mucho trabajo que hacer y sigo adelante, agregó.
Aun así, se declaró atónito ante tanta maldad y odio en su contra. Cuando acepto un compromiso sé perfectamente qué es lo que voy a hacer. Quien no conozca mi trabajo, que se informe antes de hablar, concluyó Brancher.
Berlusconi, beneficiado
La ley del legítimo impedimento entró en vigor el pasado mes de abril en medio de una intensa polémica, y el propio Berlusconi ya se ha beneficiado de su aplicación en varias ocasiones.
La norma sólo permanecerá en vigor 18 meses, que es el tiempo que el Gobierno dice necesitar para aprobar una nueva ley constitucional que suspenda los procesos abiertos contra el primer ministro. Nada más llegar al poder, el Ejecutivo ya llevó a cabo la aprobación de una primera ley de inmunidad que estuvo poco más de un año en vigor, antes de ser abolida por el Tribunal Constitucional.
Brancher está acusado de apropiación indebida, pero él mantenía que los jueces debían reconocer su derecho a beneficiarse del legítimo impedimento por la necesidad de organizar el nuevo ministerio que le acaba de ser confiado. Los abogados del nuevo ministro habían pedido que se suspendiese el proceso hasta el próximo 7 de octubre.
Así me siento más tranquilo, admitió el ministro, citado por el diario La Repubblica. En este momento creo haber eliminado todas las suspicacias de quienes han montado esta especulación despreciable, añadió. De esta manera, Brancher acepta afrontar el proceso y la audiencia del próximo 5 de julio en un tribunal de Milán, según dijeron sus abogados en un comunicado.
La Presidencia italiana aseguró el viernes pasado que no hay ningún nuevo Ministerio que organizar por parte de Brancher y que éste ha sido nombrado simplemente ministro sin cartera.
La ley del legítimo impedimento otorga al primer ministro italiano y sus ministros inmunidad para ser juzgados porque sus tareas oficiales constituyen un impedimento legítimo para asistir a las audiencias.
La oposición, por su parte, ha señalado que la designación de Brancher, la semana pasada, constituye un intento por parte del primer ministro, Silvio Berlusconi, de librar a su amigo de verse inmerso en cualquier procedimiento judicial.
Actualmente, en Italia ya existe un ministerio dedicado a las Reformas para el Federalismo, que está dirigido por el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, y cuyas competencias no se distinguen muy bien de las que tendrá la nueva cartera, denominada Actuación del Federalismo.
Pero Brancher descartó la posibilidad de abandonar el cargo. La dimisión no está en el programa para nada, subrayó. No tengo nada que reprocharme, tengo mucho trabajo que hacer y sigo adelante, agregó.
Aun así, se declaró atónito ante tanta maldad y odio en su contra. Cuando acepto un compromiso sé perfectamente qué es lo que voy a hacer. Quien no conozca mi trabajo, que se informe antes de hablar, concluyó Brancher.
Berlusconi, beneficiado
La ley del legítimo impedimento entró en vigor el pasado mes de abril en medio de una intensa polémica, y el propio Berlusconi ya se ha beneficiado de su aplicación en varias ocasiones.
La norma sólo permanecerá en vigor 18 meses, que es el tiempo que el Gobierno dice necesitar para aprobar una nueva ley constitucional que suspenda los procesos abiertos contra el primer ministro. Nada más llegar al poder, el Ejecutivo ya llevó a cabo la aprobación de una primera ley de inmunidad que estuvo poco más de un año en vigor, antes de ser abolida por el Tribunal Constitucional.
