El Pleno de Torrejón del Rey aprueba por unanimidad pedir la modificación de la regulación sobre hipotecas

El pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey en sesión del 3 de Agosto, aprobó por unanimidad la moción que presentaba Izquierda Unida Sobre la “Dación en Pago”,por la que se pide al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales y políticas, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
Así mismo insta al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
“Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.” Ha declarado Francisco Riaño, concejal de IU en la localidad.
“Cuando se producen este tipo de ejecuciones hipotecarias, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida, y esto es inadmisible en un estado de derecho cuya constitución proclama el derecho a una vivienda digna y que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social, extremos ambos que se incumplen sistemáticamente.” Ha finalizado Riaño.