El PSOE critica que sólo estén en el Servicio de Residuos el 14% de los municipios

El Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara votará en contra de la aprobación definitiva del contrato con la empresa Seralia. Lo anunció este jueves el portavoz Julio García quien insistió, una vez más, en que la valoración de este servicio “no puede ser más negativa”. Ello le llevó a  asegurar que se trata “de la crónica de un fracaso anunciado”. 
    Para García, el servicio se ha ido reduciendo “a pasos agigantados” por la “falta de rigor” y la “inoperancia” del equipo de Gobierno. “En vez de que se sumasen más municipios, con el paso del tiempo se ha perdido un 40 por ciento de los que se anunciaron inicialmente (65)”. Estas localidades suman “poco más” de 10.000 habitantes, “lo que da una idea de en lo que ha quedado ese gran servicio de ámbito provincial”. Son, en total, el 14 por ciento de los municipios de la provincia y el 4 por ciento de la población. “Evidentemente es un fracaso, y lo peor es que, tal y como pretenden ponerlo en marcha, puede acarrear graves consecuencias para la Diputación y para los municipios”. 
    El portavoz socialista se refirió al importe del contrato, “que se ha mantenido en 3,2 millones como si no pasara nada”. Explicó García que esa cantidad se determinó cuando eran 65 las localidades interesadas. “Entonces se establecían anualidades de 590.000 euros”. Eso puede generar “falsas expectativas” en la empresa adjudicataria, según Julio García. Por ello, insta a la Diputación a hablar de “realidades”.

De esta forma, desgranó que esta primera anualidad tendrá un importe de 258.000 euros, mientras que las siguientes se acercarán a 600.000. “Esto es poner en bandeja una reclamación de la empresa si esas expectativas no se cumplen”.  Como ejemplo puso García la compensación que ha de pagar el Estado a una radial, y que se acerca a los 2.200 euros, “por haberle creado ciertas expectativas”.
    Por otro lado, García calificó el proyecto de “verdadero desastre administrativo”. Y dijo que es “increíble” que se haya fijado como fecha de inicio el 1 de octubre “cuando no se ha establecido el importe concreto que se va a cobrar a cada ayuntamiento, ni la forma de pago, ni las obligaciones que asumen las partes ni los mecanismos de supervisión”. 
    Con todo, García solicitó la dimisión del diputado responsable, Francisco Javier Pérez, “por haber mentido en pleno y a los técnicos”. El portavoz socialista explicó que en la sesión plenaria del 22 de julio dijo que eran 42 los municipios adheridos, “cuando en el expediente sólo se recogían 18”. 
    Así, dudan en el PSOE de que el servicio entre en marcha el próximo 1 de octubre, pues “la mayoría” de los ayuntamientos tienen contratos en vigor o pertenecen a una mancomunidad que han de abandonar previamente.