El Senado retrasa otra vez la elección de candidatos para renovar el TC

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

La renovación del Tribunal Constitucional va camino de convertirse en otro culebrón de la Justicia española, tal y como lo fue en su día la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuya renovación se retrasó más de dos años. Los cuatro magistrados del Constitucional que debe elegir el Senado, y que tendrían que haber sido designados en diciembre del año pasado, tardarán al menos una semana más, ya que los servicios jurídicos de la Cámara Alta aún no ha concluido el informe sobre la idoneidad de los 23 candidatos remitidos por los parlamentos autonómicos.
Candidatos entre los que destaca la polémica que acompaña a el ex presidente y el ex portavoz del CGPJ, Francisco José Hernando y Enrique López, los dos propuestos por el PP en los parlamentos autonómicos y cuyo pasado en el órgano de gobierno de los jueces, avisó el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, podría motivar su recusación. Advertencia a la que rápidamente contestó el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, recordando que Zapatero y Rajoy acordaron no vetar a ningún candidato. El portavoz socialista en el Senado, José Miguel Camacho, el que anunció que los servicios jurídicos de la Cámara todavía no tenían listo el informe sobre los candidatos y por esa razón el presidente del Senado, Javier Rojo, informó a la Junta de Portavoces que aún no se convocará la Comisión de Nombramientos. Este informe determinarán la idoneidad formal de los aspirantes y, según Rojo, podría estar preparado para la próxima semana, aunque no lo aseguró ya que cabe la posibilidad de que sea necesario ampliar la documentación de alguno de ellos, que debe ser solicitada al Parlamento autonómico que lo propuso.
“Lo queremos hacer bien y los tiempos los marcamos nosotros”, afirmó Rojo que no precisó si ese informe jurídico contendrá sólo cuatro nombres para su estudio en comisión, o si incluirá a los 23 candidatos y será en la Comisión de Nombramientos donde se buscará el consenso.
Aseguró que no conoce cómo marchan las negociaciones y que tampoco lo pregunta, pero que deben desembocar en un acuerdo de los dos grandes partidos. “Estoy trabajando para que la propuesta que el Senado traslade a sus señorías tenga un apoyo de tres quintos”, señaló.

El gran escollo para el consenso entre PP y PSOE siguen siendo Hernando y López, los candidatos que tras la estrategia de los populares han propuesto nueve de los quince parlamentos autonómicos y que los socialistas no aceptan argumentando que su designación va contra el espíritu de la ley. Hoy fue el propio ministro de Justicia el que advirtió que el pasado de Hernando y López en el CGPJ “dará lugar a recusaciones” en caso de acceder al Constitucional.

“El hecho es que luego podrán ser recusados en su caso, porque es evidente que han intervenido con informes, algunos de ellos que nadie pidió, espontáneos”, aseguró Bermejo en referencia a un informe elaborado por Hernando en el que cuestionaba por posible inconstitucionalidad 19 puntos del Estatuto de Cataluña. “Todo eso dará lugar a recusaciones y todo eso tendrá que valorarlo el Senado”, señaló el ministro que volvió a insistir en que “no cuadra mucho con el espíritu de la ley” el que el PP “imponga a dos candidatos”.

NO SE ADMITEN VETOS

Por contra, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, se limitó a señalar que “el PP coincide con el presidente del Senado que el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional se retrase hasta que no haya un acuerdo entre el PP y el PSOE”

El dirigente popular también aprovechó la ocasión para recordar que el veto a determinados magistrados --en referencia a Hernando y López--- no responde a lo acordado entre Zapatero y Rajoy en su pacto de Justicia. “Que al PSOE no le gusten los propuestos por el PP es esperable, pero hay que recordar que no se admiten vetos recíprocos. Zapatero debe recordarle esto a su partido y así demostrará hasta dónde es respetuosa y creíble su palabra en asuntos de Estado”, sentenció.