El Supremo acepta investigar a los aforados del PP Bárcenas y Merino

Respecto a Bárcenas, el Supremo afirma que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso perteneciente a la red de Correa y las que resultan de la contabilidad intervenida “son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico de Bárcenas y destaca que “se identifica su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis ‘el cabrón’ empleada en la causa”. Asimismo, el Alto Tribunal añade que “la correspondencia de esas expresiones y de sus iniciales con la persona del aforado ponen de manifiesto, indiciariamente, en las declaraciones personales que le identifican como receptor de las cantidades económicas procedentes del denominado grupo Correa”. En cuanto a Merino, el auto explica que “los indicios de la realidad de las percepciones resultan de una doble fuente”, por un lado la documentación intervenida en el registro domiciliario de la trama y, por otro, un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas que se identifica como grupo Correa. “Como quiera que esas cantidades entregadas presuntamente al aforado no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción”, los indicios sobre la comisión de un delito de cohecho resultan, en principio, suficientes. Del mismo modo, la investigación irá dirigida a depurar “los delitos fiscales en los que pudiera haber incurrido en caso de incumplimientos de las obligaciones fiscales correspondientes a los ingresos indiciariamente detectados”.
En lo referente a los delitos apuntados de pertenencia al entramado corrupto o su participación en blanqueo de dinero, el Supremo considera que no hay datos concretos que permitan la imputación tanto de Bárcenas como de Merino. Sin embargo, el texto pone de manifiesto que si tanto el magistrado instructor de la causa en el TSJM, Antonio Pedreira, como el juez instructor en el Supremo, Francisco Monterde, encuentran nuevos indicios en este sentido “lo deberán participar a esta Sala para acordar lo procedente”.
Por otra parte, el Tribunal Supremo rechaza su competencia a la hora de investigar al eurodiputado saliente Gerardo Galeote, ya que perderá su condición de aforado tan pronto como se constituya el nuevo Parlamento Europeo. Asimismo, el tribunal considera que la actuación sobre Bárcenas y Merino es “ciertamente escindible del resto de la instrucción judicial”, por lo que el TSJM seguirá encargándose del resto de la causa. Una vez notificado el auto, el caso pasa al instructor Valverde que deberá exponerlo a la Sala para que ésta tramite los correspondientes suplicatorios al Congreso y al Senado, aunque en el caso de Bárcenas este trámite no es necesario debido a su disposición de comparecer voluntariamente.

Tranquilidad en el PP
En Génova la noticia ha sido acogida con “tranquilidad” porque, a la espera de conocer los detalles del auto, el Supremo deja claro que “no hay una causa general” contra el PP, tesis defendida por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y por la Fiscalía. En este sentido, destacan en un argumentario interno que el tribunal “no aprecia conexiones entre las empresas de los aforados y la trama”. Los populares mantienen la cautela en cuanto a los detalles del auto, antes de decidir si toman alguna decisión sobre los afectados. Cabe recordar, que a comienzos de esta semana, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que para actuar necesita “alguna prueba” y que hasta entonces tiene que ser “obligatoriamente justo”.
En cuanto a la posibilidad de que se levante el secreto de sumario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, señaló que “ya no hay excusa” para su mantenimiento ya que “nadie se va a escapar”. “Aprovecho para decir una vez que ahora que se sabe que no todo va al Supremo y por tanto el tribunal competente es el TSJM, se levante por favor el secreto de sumario porque la Ley dice que como máximo el secreto de sumario tiene que durar un mes y si no se tiene el acceso a toda la información, a los escritos, existe indefensión porque no se sabe de que se acusa a cada uno”, concluyó.